Categoría: Cárceles racistas

Comunicado de PRODEIN contra la represión en Melilla

Alrededor de 60 niños habitan las calles de Melilla esperando alcanzar el barco que los lleve a Europa, donde creen que les espera un futuro mejor. Los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son sometidos cada día a distintos tipos de violencia que vulneran sus derechos, atentan contra su dignidad y dañan con terribles consecuencias su “infancia”.
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1. VIOLENCIA INSTITUCIONAL: referente a la tutela de la Ciudad Autónoma de Melilla y a su Consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín que se ocupan del encierro de los niños en el centro de menores “Fuerte Purísima” donde existe maltrato, amenazas y torturas por parte de los que dicen ser educadores, carencias materiales y alimentarias, falta de información, falta de asistencia sanitaria y falta de escolarización.
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2. VIOLENCIA DOCUMENTAL: los niños son engañados entre trámites burocráticos y vacíos legales donde la misma Consejería de Bienestar Social bloquea cualquier trámite e imposibilita que los niños se documenten pasados los 9 meses correspondientes.
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3. VIOLENCIA POLICIAL: esta violencia es más asumida que denunciada, llegando a normalizar esta situación por parte de quienes deberían ser responsables de su seguridad: palizas, humillaciones, amenazas y devoluciones a Marruecos son alguno de los obstáculos a los que se enfrentan los niños de la calle cada día.
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4. VIOLENCIA ENTRE IGUALES: auténticas batallas campales con los niños de los barrios de Melilla (Cañada, Rastro y Monte María Cristina) que luchan por obtener un nivel superior en la escala jerárquica y conservar su estatus social reafirmando día a día su identidad.
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5. VIOLENCIA SOCIAL: donde aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación. Este tipo de violencia acompaña las interacciones diarias de una forma invisible, ocasionando un gran impacto social y mediático y teniendo graves consecuencias para la vida en comunidad.
De toda la información expuesta se puede afirmar dos cosas:
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* El abandono institucional y la incapacidad de las políticas sociales actuales en dar respuesta a las necesidades de los niños de la calle.
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* La impunidad con la que actúa las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Instituciones de la Ciudad Autónoma de Melilla al vulnerar los derechos de los niños sin que tengan que rendir cuentas a nadie.
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La punta del Iceberg de esta violencia y de este abandono institucional la pudimos vivenciar en su faceta más salvaje el pasado 27 de Mayo tras enterarnos de la muerte de Oussama al precipitarse por el acantilado del faro donde, días antes a las elecciones, las políticas de la Ciudad Autónoma de Melilla decidieran instalar vallas que dificultan (no impiden) el acceso al acantilado, lugar por el que descienden para conseguir saltar al barco, ya que los otros accesos, que son algo menos peligrosos los cerraron al poner presencia policial 24h al día.
Por este motivo, la ONG Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN) decidió sumarse al dolor y acompañamiento de los niños de la calle con la realización de dos pancartas que servirían de homenaje y de despedida a Oussama. En el transcurso de la tarde, la actividad fue interrumpida varias veces por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que finalmente terminaron abandonando el lugar.
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Para nuestra sorpresa, el 26 de Junio recibimos una carta de la Delegación del Gobierno en la que se nos exige pagar una multa de 1500€ por alteración del orden público.
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Por si esto fuese poco, el 1 de Julio a las 00.45 de la mañana, cuando nos encontrábamos con alguno de los niños en la plaza, aparecieron varias patrullas de Guardias Civiles con intenciones de llevarlos al centro de menores y bajo las continuas amenazas de “dar palizas” si permanecían en la calle.
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Otro agente de la Guardia Civil, se dirige a nosotras y nos informa de que con la entrada en vigor de la “Ley Mordaza” se nos puede acusar de reunión subversiva y alteración del orden público puesto que es el propio Guardia Civil quien considera bajo su juicio de valor la perturbación grave de la seguridad ciudadana.
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No vamos a obedecer las leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta.
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¡Contra la gran represión impuesta por parte de todas las instituciones del Estado!
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Cárceles para niños Cárceles racistas

Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE han podido confirmar que el próximo 2 de Julio habrá un nuevo vuelo de deportación con escalas en Senegal y Camerún.

Se lanza esta alerta sabedoras de que en los próximos días se producirán redadas policiales para capturar personas de estas nacionalidades, que se suelen identificar los días previos en función del número de plazas que queden por llenar en esos vergonzosos aviones de Air Europa. La compañía cobra más de 12 millones de euros al año por este sucio negocio  (+ información).

Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña de Boicot a Air Europa, desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales…

stopdeportacion.wordpress.com

Cárceles racistas

NOTA DE PRENSA

Abdul vino a España hace 20 años, –cuando tenía 19–. Entró en nuestro país con toda la documentación en regla. Vino ilusionado y lleno de esperanza, en búsqueda de una vida digna, un futuro para él y su familia. Con mucho esfuerzo, aprendió nuestro idioma, nuestras costumbres, trabajó en el campo, se insertó en nuestra sociedad y, de esta manera, consiguió la tarjeta de residencia permanente.

Cometió un error y entró en prisión. Pagó hasta el último día de su condena, incluida la correspondiente por responsabilidad civil. Rehace su vida, forma una familia y encuentra trabajo a jornada completa en una empresa de inserción laboral en donde están muy satisfechos con él y desempeña ocupaciones de responsabilidad. La reinserción es uno de los pilares de nuestro sistema penal y hay numerosas instituciones en nuestro país dedicadas a esta tarea.

El caso es que, por tener antecedentes, al salir de prisión se le cancela la residencia permanente y se decreta la expulsión del territorio español. Todo esto es instado por la policía de Zaragoza y acordado por la Subdelegación de Gobierno en Zaragoza. Dicha expulsión se ejecuta sin previo aviso y de forma súbita un año después, deteniéndole en su lugar de trabajo y trasladándole a comisaría. En 48 horas, sin asistencia letrada al detenido y sin poder despedirse de su familia, Abdul es expulsado a Marruecos.

Cárceles racistas

La dureza del internamiento llevó en la semana pasada a una de las personas recluidas en el CIE de Aluche a emprender una huelga de medicación que se ha prolongado durante 10 días. Esta persona, que sufre leucemia y diabetes, ha sido privada de libertad y del cuidado de sus seres queridos en un centro en el que la atención médica es deficiente y las condiciones son de hacinamiento e insalubridad.

El encierro en el CIE somete a las personas a un estado de angustia y estrés que afecta a su bienestar físico, psicológico y social. En los CIEs se encierra a personas que sufren graves enfermedades, que llevan más de quince años en España, que tienen hijas/os menores a su cargo, que son víctimas de trata o que huyen de amenazas en sus países de origen.

Junto con otras personas internas han unido fuerzas para hacer llegar sus testimonios al exterior del CIE y denunciar en una carta dirigida al Juzgado nº 6 de Madrid:

Cárceles racistas

https://www.youtube.com/watch?v=DpRpRi-cU9g

Cárceles racistas

El pasado 18 de marzo había programado un vuelo con salida Madrid (Barajas) a las 18 horas con destino Dakar, operado por Iberia. En este vuelo comercial se iba a llevar a cabo la expulsión –contra su voluntad– de un ciudadano de origen senegalés Elhadji N. F., conocido como Bocart. Como en otros vuelos de deportación, esta persona estaba custodiada por la Policía Nacional que, amparada por el Protocolo de deportación, está encargada de ejecutar la deportación, empleando la fuerza que estime necesaria.

No sólo el sistema de deportaciones es ilegítimo sino que, además, en esta ocasión nos encontramos con una persona con fuertes lazos sociales. Llegó a España en 2010 y actualmente mantiene una relación sentimental con una persona de origen español. Bocart, se encuentra a la espera de una resolución para regularizar su situación administra, a través de la figura del arraigo. Por otro lado, al encontrarse en situación irregular (falta administrativa) la autoridad gubernamental le había impuesto la medida de ir a firmar cada 15 días. El pasado 16 de marzo, cuando estaba cumpliendo escrupulosamente con este control administrativo, sin mediar palabra, fue retenido por la policía para proceder a su expulsión, sin acceso a una asistencia jurídica adecuada.

La escena de violencia policial contra Bocart derivó en una respuesta de solidaridad inusitada entre los pasajeros del avión ante la ilegitima deportación. La actuación policial supuso una presunta mala praxis que pudo poner en riesgo la seguridad del pasaje. Siendo lamentable cualquier tipo de daño personal, nos encontramos con una respuesta de desobediencia civil ante un uso efectivo de la violencia por parte de la policía, que se ha saldado con la detención de 10 pasajeros, todos ellos de origen senegalés. Lamentablemente, la historia de las deportaciones está plagada de malos tratos policiales que pasan desapercibidos y sin ninguna respuesta de solidaridad. Uno de los casos más lamentables fue la muerte de Osamuyi, precisamente en un vuelo comercial de Iberia, en el año 2007, cuando estaba siendo deportado contra su voluntad por la policía. Su muerte, lejos de derivar en una condena dio lugar a la aprobación del protocolo que ampara las prácticas policiales.

Los vuelos de deportación (ya sean comerciales o vuelos fletados ad hoc) son un sucio negocio por el que las compañías áreas se embolsan cantidades millonarias. Ahora mismo se está negociando un contrato con Air Europa valorado en más de 11 millones de euros. Pero, además, los vuelos necesariamente han de ser conectados con todo un macabro mecanismo de deportación que pasa por: redadas, ingresos en CIE o deportaciones exprés (en menos de 72hs), en las cuales se hace desaparecer a las personas de un día para otro, como se pretendía hacer con Bocart.

En el libro de reciente publicación, “Paremos los Vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” se recoge un análisis del perverso y millonario negocio de los vuelos de deportación y se hace una llamada a acciones de resistencia pacífica como el boicot a Air Europa y al conjunto de aerolíneas que se están lucrando con el negocio de las fronteras. Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIEs insistimos en el fin inmediato de los vuelos de deportación.

Campaña por el cierre de los CIE

La falsifición del suceso por la cadena Ser

Cárceles racistas

Actividad en la calle Cárceles racistas Mujeres presas Salud mental

En su declaración de denuncia, Mohamed Rezine Zohuir relata que el 19 de enero, tras verter “accidentalmente” agua de un vaso en el comedor, un agente le llevó a las duchas del centro, cerró con llave, y le propinó “patadas, puñetazos y golpes con la porra”. En el momento en el que el interno estaba en el suelo y el policía tenía una bota sobre su cabeza –siempre según explica éste en la denuncia–, entró una agente y la enfermera del centro, a la que escuchó decir, “deja al chico, lo vas a matar”. Asegura que tuvo que ser trasladado al hospital, donde fue intervenido con 17 puntos de sutura. Además, presenta moratones en varias partes de su cuerpo.

Las denuncias contra los policías del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) se acumulan en los juzgados de instrucción. El Defensor del Pueblo ya ha expresado su preocupación por los hechos que los internos aseguran que pasan entre sus paredes. Entre tanto, la Delegación de Gobierno se limita a negarlos y recuerda que el centro cuenta con cámaras que graban todo lo que acontece en él. La dirección, por su parte, se niega a declarar nada sobre las acusaciones.

El año pasado se presentaron más de 40 denuncias por parte de los inmigrantes internos contra los policías. De hecho, esta misma semana un juzgado ha admitido a trámite una querella por torturas y se está a la espera de que otro juzgado se pronuncie sobre otra similar. Estos dos últimos casos se refieren a las torturas que aseguran haber recibido dos internos por parte de varios agentes que carecían de identificación. Mohamed es uno de ellos.

Cárceles racistas

Cárceles racistas

Todas las personas que son juzgadas y luego condenadas en un proceso penal son chivos expiatorios. Chivos expiatorios de un sistema incapaz de mirarse a sí mismo para realmente solucionar los problemas sociales y económicos que dan lugar a la delincuencia. A toda: desde los delitos contra la propiedad, delitos contra las mujeres, el tráfico de drogas, el medio-ambiente y también los llamados delitos económicos o de cuello blanco a los que nos queremos referir ahora.

De este modo el sistema de justicia penal utiliza el castigo a las personas como forma de hacer público aquello que está bien y aquello que no lo está −presentándose como una ciencia y con normas las cuales pretende que sean tenidas como naturales o dogmas de fé− queriendo ser a la vez ejemplarizante, elemento de cohesión social entre los no-delincuentes y un método de reinserción. Es así como las personas al ser condenadas se convierten en chivos expiatorios de un sistema de vida de toda la humanidad.

Debe ir por delante, aunque tal vez sobre decirlo –porque es del todo conocido–, que históricamente los delitos recogidos en el Código penal han sido delitos que en buena medida tenían en el ojo de mira personas con un claro perfil de pobreza: delitos contra la propiedad y tráfico de drogas fundamentalmente, y todavía a día de hoy son los delitos por los que más personas están en prisión.

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