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Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han realizado un especial seguimiento a las quejas que han hecho llegar las personas presas y sus familiares sobre sanidad especializada, que han sido muy numerosas y a veces la vulneración de derechos nos parece grave.

El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está muy deteriorado: los niveles de incidencia de enfermedades graves como el VIH-SIDA, la hepatitis C o la tuberculosis multiplica varias veces los niveles normales que se dan en la población libre. Además, en torno al 40% padecen algún trastorno mental y de la personalidad y sobre un 8% enfermedades mentales graves. Entre el 70 y el 80% tienen problemas de drogodependencias que les han llevado a delinquir. Una inmensa mayoría de las/os presas/os son personas que previamente han padecido situaciones de exclusión social: escasos o nulos recursos económicos, infraviviendas, procedentes de barrios o zonas marginales, analfabetismo (un 1% de analfabetos totales y un 10% de analfabetos funcionales) o escasa formación básica, ausencia de formación o experiencia laboral, u otros miembros de su familia en prisión.

En estos momentos de crisis las personas presas, como tantos otros colectivos, están siendo objeto de recortes no publicitados y de gran calado que afectan, entre otras cosas, directamente a su salud y su integridad física y moral.

Queremos hacer llegar en estos momentos una denuncia específica sobre la situación de los enfermos de hepatitis C que están viendo restringido su derecho a los tratamientos médicos más avanzados -que en algunos casos son la única alternativa terapéutica-, por razones de ahorro presupuestario poniendo en riesgo su integridad física, su salud y sus vidas.

El sumario del informe es el siguiente:

1. – LA ORGANIZACIÓN DE LA SANIDAD EN LAS PRISIONES. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2. – LOS RECORTES ECONÓMICOS Y LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS: EL CASO DE LOS ENFERMOS DE HEPATITIS C

3. – EL TRASLADO AL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN: OTRO RECURSO EMPLEADO POR INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA ATRASAR EL TRATAMIENTO

4. – EL CASO DE LOS PACIENTES CO-INFECTADOS CON HEPATITIS C Y EL VIRUS DEL SIDA (VIH)

ANEXOS:

1. – Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los subdirectores Médicos de los cent ros Penitenciarios de 20/1/2012 .

2. – Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los Subdirectores Médicos de los centros Penitenciarios de 15/2/2012.

3. – Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los Subdirectores Médicos de los centros Penitenciarios de 1/08/2012.

4. – Instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los Subdirectores Médicos de los centros Penitenciarios de 12/9/2012.

5. – Auto 5256/2013 de 21 de octubre de 2013 del Juzgado de Vigilancia Penitencia Nº 2 de Andalucía (Sevilla).

6. – Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nª 2 de la Comunidad Valenciana (Alicante) de fecha 11/1/2013

7. – Auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Nª 2 de la Comunidad Valenciana (Alicante) de fecha 10/5/2013

8. – Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz en Expediente de Queja 13/5205 ante denuncia de la APDHA por la vulneración del derecho a la salud de una persona presa por denegación tratamiento de H epatitis C .

Informe sobre la vulneración del derecho a la salud de las personas presas, específicamente sobre la situación de los enfermos de hepatitis C

A través de Esculca (Observatorio Para A Defensa Dos Direitos E Liberdades) nos enteramos de que hace unos días, probablemente el 8 de enero, murió en la prisión de Teixeiro J.V.P., natural de A Coruña, por problemas hepáticos. El interno no había recibido el tratamiento para la hepatitis C que padecía. Hace unos días la Fiscalía presentó denuncia contra el SERGAS por responsabilidades penitenciarias derivadas de no faciliar medicamentos a enfermos que acaban falleciendo.

Cuando menos tres, según el texto de la demanda, habrían muerto por la negativa a administrarles las medicinas. «Pero esta sólo es la pequeñísima punta del iceberg», advierte Quique Costas, portavoz de la Plataforma Gallega de Personas Afectadas por la Hepatitis C, colectivo que organizó y lideró las movilizaciones que durante meses pedían una solución a una problemática que causó muertes, «sufrimiento y angustia».

Fue uno de los que levantó la voz en el Parlamento después de la negativa del PP a garantizar los tratamientos e insiste en «que decisiones políticas» del Gobierno de Núñez Feijóo provocaron varias muertes en Galicia. «No lo digo yo ni la Plataforma, es lo que dice la fiscalía después de nueve meses de investigación y 200 folios en las diligencias», aclara.

Guía Para Luchar Por Los Nuevos Tratamientos Contra La Hepatitis C Dentro De Las Cárceles [Actualizada]

Propuesta De Movilización Colectiva Para Luchar Por Los Nuevos Tratamientos Contra La Hepatitis C En Las Cárceles

Más información sobre el abandono de los presos enfermos de hepatitis C

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado hoy en rueda de prensa un nuevo informe en el que pone de relieve la vulneración del Derecho Humano a la salud de las personas presas. En la rueda de prensa han intervenido Maribel Mora, Coordinadora General de APDHA, y Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recibido este informe, presentado como Queja a la institución.

Se han presentado los datos más relevantes del informe Restricciones en el acceso a los tratamientos de la Hepatitis C. Vulneración del derecho a la salud de las personas presas. En este documento se saca a la luz la vulneración tan flagrante de los derechos de las personas presas en relación a la salud. En multitud de ocasiones, una persona por el mero hecho de estar en la cárcel no puede acceder a un tratamiento del que sí podría disponer y se le dispensaría sin ningún problema si estuviera libre, aunque este medicamento sea imprescindible para que pueda tener alguna esperanza de vida.

El Defensor del Pueblo está investigando los cupos impuestos por el Ministerio del Interior para acceder a la triple terapia contra la hepatitis C, un tratamiento que duplica las opciones de curación para la forma más habitual del virus que afecta a casi el 25% de la población reclusa. Fuentes de la oficina que dirige Soledad Becerril han confirmado que se ha abierto la investigación de oficio por las restricciones implantadas por Interior.

En las últimas semanas, Prisiones ha aceptado inscribir a varios reclusos en lista de espera de este fármaco pero con la condición de que se trasladen a una prisión de Madrid para ser tratados en el hospital Gregorio Marañón, donde ha centralizado el tratamiento. “Es una traba más que solo persigue demorar los tratamientos”, denuncia el presidente de la Sociedad Española de Medicina Penitenciaria. “Saben que los presos no quieren trasladarse y no hay razón que lo justifique porque es un fármaco que el paciente toma en su casa o, en el caso de presos, en la cárcel”, explica le médico.

Una juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante ha instado dos veces a Interior a que administre la triple terapia a un recluso que, además de hepatitis C, es portador del VIH y la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía (APDHA) va a pedir la excarcelación de un enfermo al que Interior le niega el fármaco prescrito por su médico. “Su salud se está deteriorando por días y Prisiones ha dejado claro que no le va a tratar. Nos quedan dos opciones: o le excarcelan por enfermedad grave para que se le trate fuera o nos arriesgamos todos a que entre en un problema de salud mucho mayor”, advierte la coordinadora de la asociación, Maribel Mora.

La Agencia Española del Medicamento aprobó a finales de 2011 un nuevo tratamiento que aumenta las expectativas de curación de los enfermos de hepatitis C, especialmente los infectados por el genotipo 1. Según diversos estudios manejados por la agencia del medicamento, con la medicación clásica se curaban entre el 40% y el 50% de los infectados por el genotipo 1; con la triple terapia, se cura más del 75%.

La hepatitis C es una enfermedad que afecta a casi el 25% de la población reclusa, luego en una primera aproximación la aprobación parecería una noticia esperanzadora. Sin embargo, no lo es tanto, en la medida en que el tratamiento está restringido en el medio penitenciario por una cuestión únicamente presupuestaria. La discriminación de los enfermos ingresados en prisión es evidente y la diferencia de prestación sanitaria en casos en que el tratamiento lo es para una enfermedad grave no se comprende.

El Ministerio del Interior ha restringido por falta de presupuesto un tratamiento que duplica las opciones de curación para los presos que sufren la forma más habitual de hepatitis C, una enfermedad que afecta a casi el 25% de la población reclusa, según los datos que maneja la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. En diversos escritos remitidos a los responsables médicos de las prisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asume que no hay dinero para tratar a todos los reos que pueden beneficiarse de los nuevos fármacos, por lo que ha establecido un “cupo” de pacientes y ha creado una lista de espera para irles tratando en función del presupuesto.