Han pasado dos años desde que Ramón Barrios murió en el centro de menores Teresa de Calcuta. Ramón Barrios era un chaval de Villaverde que estaba cumpliendo una condena de 12 fines de semana por cometer un hurto siendo menor de edad. El segundo fin de semana, una psicóloga del centro acudió a casa de sus familiares a darles la noticia de su muerte. Parada cardio-respiratoria. ¿El motivo de la parada? No se sabe, estaba nervioso, le aplicaron una contención y murió. Fue en el tanatorio, cuando el maquillaje desaparecía, cuando aparecieron los signos de una paliza.
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Según www.diagonalperiodico.net: «Ramón Barrios, de 18 años, perdió la vida tras ser inmovilizado por dos vigilantes de seguridad del centro de menores Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid). La familia solicita que se les cite como imputados, no como testigos.
Después de varios meses, el juicio por la muerte de Ramón Barrios, aunque sin fecha, está más cerca. Este joven, que residía junto a su familia en Villaverde Alto, un barrio de Madrid, falleció el 8 de julio en el centro de ejecución de medidas judiciales –penal para menores– Teresa de Calcuta, en Brea de Tajo (Madrid), a unos 40 kilómetros de la capital. El centro está gestionado por la Fundación Ginso mediante convenio con la Comunidad de Madrid.
La tarde del viernes 8 de julio de 2011 la familia de Ramón Barrios Serrano de 18 años vecino de Villaverde Alto llevaron a su hijo al Centro de Internamiento de Menores Santa Teresa de Calcuta en la localidad de Brea del Tajo, pues Ramón tenía que ir a cumplir allí 12 fines de semana de internamiento. Al día siguiente, sábado 9 de julio la familia del joven recibió la tristísima noticia de que su hijo había fallecido en las dependencias del Centro. La noticia les fue dada a las 12:00 de la mañana por tres miembros de las citadas dependencias: una psicóloga acompañada por dos hombres. Según la psicóloga Ramón sufrió “un desmayo a las 3:00 de la mañana” y los médicos del centro le intentaron reanimar y al ver que no podían llamaron a una ambulancia pero según la psicóloga Ramón ya había fallecido. Además también les dijo que a Ramón se le estaba practicando la autopsia en el momento que ellos estaban dando la noticia.
El lunes día 1 de julio han matado a un chaval de 18 años, y no podemos decirlo de otra manera al conocer dónde y cómo se ha producido su muerte, en un centro de menores, eufemismo de cárcel para niños, de Almería. Dicen que optaron por reducir y aplicar contención física ante una situación de agresividad y violencia, después entró en parada cardio-respiratoria y murió. Nosotros no es que no dudemos de la versión oficial directamente no nos la creemos. Esta muerte tiene muchas similitudes, demasiadas, con la muerte de Ramón Barrios en 2011. Ramón también falleció después de que le aplicaran estos protocolos de reducción y contención. Su familia tuvo que detener la incineracion del cuerpo al darse cuenta de las marcas que tenia y que no correspondían con la versión oficial y solicitaron una segunda autopsia. Ramón falleció en el centro de menores Teresa de Calcuta gestionado por GINSO al igual que la cárcel para chavales de Tierras de Oria en Almeria. GINSO es una empresa sinónimo de lucro pues su presidente se ha dedicado a la construcción de estos centros de reforma y que luego gestionaba, por cada chaval allí encerrado recibe de la administracion autonómica entre 3000 y 4000 euros.
El centro de menores de Torres de Oria goza de tanta mala fama como de la impunidad que lo sostiene y que le otorga la Junta de Andalucía. Esta muerte se suma a las numerosas denuncias por malos tratos que han ido saliendo a la luz durante varios años y a los testimonios de chavales y trabajadores del centro. Hace apenas dos año salió a la luz el vídeo de menores atados boca abajo de pies y manos. La empresa que gestiona el centro interpuso una querella alos trabajadores que sacaron a la luz lo que estaba sucediendo allí. Junta de Andalucía, Defensor del menor y Fiscalía han avalado y amparado la gestión en este centro al que dotan así de impunidad.
En cuanto a las contenciones y reducciones en centros de menores las Reglas de la ONU para la Protección de Menores Privados de Libertad prohíben el uso de la coerción y la fuerza, salvo en los casos en que se hayan agotado o fracasado todos los demás medios de control, y sólo de la forma expresamente autorizada o descrita en una ley o reglamento. Un ejemplo de lo que dicen los reglamentos es este estracto del rocedimiento para el uso de contención mecánica de la Fundación O ́ Belén para el centro terapéutico de la Comunidad de Madrid, La Jarosa
“La contención la realizarán cinco personas. Cada persona sujetará un miembro inferior o superior y la quinta persona la cabeza. Se le sujetará a la cama manteniendo cuatro personas la sujeción física de los miembros, mientras la quinta persona pondrá sujeciones mecánicas a los cuatro miembros. Ofrecer pauta de agitación vía oral”
A continuación ponemos unos testimonios recogidos por Amnistia Internacional en su informe Si Vuelvo Me Mato
Me han hecho 2 ó 3 “contenciones”. Por contención se entiende tirarme al suelo y retorcerme los brazos. Las 2 veces no estaba agrediendo a nadie ni haciéndome daño a mí mismo, aunque sí había hecho cosas equivocadas minutos antes. (Es decir, la “contención” se hace cuando ya ha terminado el incidente, a lo mejor 10 minutos después).
Una de las veces un vigilante me agarro del cuello y me tiró al suelo, me sujetaron entre dos vigilantes aplastándome contra el suelo y retorciéndome el brazo, en el suelo había restos de cristales y me corte en la frente. Después de cada una de estas agresiones me estuvo doliendo el cuerpo durante varios días
Que en repetidas ocasiones (por lo menos 3 ó 4 veces) tanto vigilantes como educadores me han tirado al suelo y han retorcido mis extremidades, contusionándome y haciéndome sentir mucho dolor. Dichas agresiones se han producido cuando yo estaba nerviosa, no estaba ni pegando a nadie ni haciéndome nada a mi misma. Una de ellas fue en el tejado, cuando me intentaba evadir. Me golpeé con la barbilla contra el suelo, y un educador llamado X me retorció el brazo haciéndome sentir mucho dolor para llevarme a la celda de aislamiento. Hace tiempo que esto no me ha ocurrido, pero igualmente tengo miedo de que me lo hagan. Hace poco a un compañero le fracturaron el cráneo de esta forma. A X se lo hicieron delante de mí, y le dieron con la cabeza en el radiador, dejándole lleno de chichones. No le llevaron al médico, aunque el se quejaba mucho del golpe en la cabeza.
Me salí del cuarto y cuando vi que estaban agrediendo con contenciones a Jessica solamente por estarse quieta quise entrar para ayudarla y me agarraron X y un seguridad y me llevaron al final del pasillo, desde que estoy en este centro sufro ataques de ansiedad y aclaro y pueden corroborarlo otras personas menores y educadores y psicóloga, que dichos ataques no son violentos ni para mí ni para otras personas, lo único es que me tiembla el cuerpo, poniéndome rígida, no puedo ver ni respirar ni pensar. Me dio uno al lado de mi cuarto y X me intentaba levantar y tranquilizarme, en seguida vino Y un seguridad agresivo que tiene denuncia por haber abierto la cabeza a un menor. Jorge, este seguridad me agarra violentamente retorciéndome el brazo y llevándome a rastras hasta la habitación, en la cual varios educadores estuvieron, porque me dieron otros ataques de ansiedad, ayudándome a respirar, a la menor Jessica le hicieron más de 4 contenciones violentas en el momento, tiene la mano fracturada y no se le llevó al médico, la dieron 4 pastillas que la dejaron totalmente drogada, el menor Luis se puso tan nervioso al escuchar todo esto, que quería salir a ayudarnos y destrozó su habitación de la impotencia y malestar que tenía, enseguida entraron varias personas de seguridad haciéndole contención, una contención tan agresiva que le dislocaron el hombro, el tampoco recibió asistencia médica, no puedo contarles del todo bien lo que les pasó a mis compañeros pues tenemos 24 horas de aislamiento y sólo podemos hablar a veces y gritando, ayer cuando me dio el ataque de ansiedad y fui agredida, que para mi lo es, yo pedí llamar a la policía, y todavía lo sigo pidiendo, ahora son las ocho y media del Lunes 17-11-08 y no he visto ni ha un medico, ni a un policía ni he hablado con mi familia.
Para entender en qué consisten, cómo se practican y qué daño causan las contenciones recomendamos la escucha de este audio del Colectivo Locomún sobre contenciones:
El pasado fin de semana se llevaron a cabo en la ciudad de Pontevedra unas jornadas anticarcelarias organizadas por el colectivo Terra, una organización independentista de tipo comunista, pero que montó unas interesantes jornadas que vinieron a complementar las actividades organizadas por la Asamblea para la Marcha al Centro Penitenciario de A Lama.
El viernes comenzó con una charla del compañero Fran del Buey, donde se informó sobre el contexto en el que surgió el colectivo de Nais contra a impunidade, y la trágica suerte que muchxs habitantes de barrios precarios en ciudades como Coruña o Vigo corrieron al morir en prisión, prosiguiendo con un relato rápido del nacimiento de este colectivo y de otras experiencias anticarcelarias anteriores, para luego concluir reflexionando sobre el sangriento negocio en el que el Poder ha convertido las instituciones penitenciarias y la propia exclusión social, creando unas macroempresas invisibles, legitimadas por el pánico social a los “hombres del saco” creados por una cada vez mayor criminalización de la pobreza en los medios de comunicación, y donde un potente aparato legislativo asegura la mano de obra barata para multitud de empresas que se enriquecen explotando el trabajo de lxs presxs, que cobran una auténtica miseria, además de estar sometidxs a una maquinaria más amplia, compleja y desde luego brutal de explotación, control y maltrato que vigila y fiscaliza cada pequeño reducto de sus vidas enjauladas. Todo este entramado no está, por cierto, exento de cierta ironía, y buena prueba de ello es que en una prisión del Estado español, por ejemplo, hay presxs cuyo trabajo consiste en confeccionar las togas que luego vestirán a los jueces que seguirán enviando a personas al talego.
Desde el colectivo centrosdemenores.es se difundieron hace unos días unas imágenes donde se mostraba el maltrato y abuso que sufrían menores de edad internos en el centro de menores “Tierras de Oria” de Almería. En un primer momento provocó una lluvia de declaraciones contradictorias por parte de la administración, primero negando los hechos y después reconociéndolos por el propio director.
La organización Centrosdemenores.es solicita a la Junta de Andalucía su pronunciamiento acerca de la investigación que se abrió el pasado 9 de febrero de 2015, al centro de menores «Tierras de Oria» de Almería, puesto que a día de hoy no existe una versión oficial de dicha investigación.
Hasta el momento la Junta de Andalucía máxima responsable en la atención a la infancia y el funcionamiento de estos centros, no se ha pronunciado al respecto ni ha tomado ninguna medida sobre dicha investigación, contribuyendo a silenciar este tipo de abuso a menores.
Las imágenes, en un primer momento las negaron, posteriormente las reconocieron, y no solo eso, reconocieron que un episodio era de 2011 y otro de 2014, es decir, que a lo largo del tiempo han seguido realizando estas malas prácticas y no se tratan de «hechos aislados», como en un principio nos querían dar a entender.
El «protocolo de sujeción mecánica» que es como ellos lo llaman, no se llevó a cabo según procedimiento marcado. Según médicos especializados en la materia, las correas de sujeción del tórax pueden producir compresión sobre él mismo, llegando a producir un fallo respiratorio. De ahí la necesidad de una supervisión continua, algo que no ocurrió, tal y como muestran las imágenes de los jóvenes llorando y suplicando agua. Aun cumpliéndose el protocolo, consideramos estas prácticas intolerables y más cuando se aplican a menores de edad.
Creemos que en la atención a la infancia con dificultades o problemas de socialización, deben primar los derechos fundamentales de cualquier persona y no permitir la utilización de métodos de tortura como la sujeción y el aislamiento que carecen de toda base pedagógica y educativa para estos menores.
No se pueden justificar este tipo de acciones por quienes deben velar por los derechos del menor. Su deber es acabar con estas prácticas y proteger a la infancia en riesgo social.
Este centro de menores y la empresa privada que lo gestiona, GINSO, acumula varias quejas y denuncias por el trato que reciben las personas allí internadas, pero tanto la empresa como su director siguen en este centro, y la Junta de Andalucía, al no tomar cartas en el asunto, permite que se sigan cometiendo estos abusos. Además, intentar desviar la atención, buscando sólo a los responsables del video y no las gravísimas imágenes que contienen, nos demuestran la indiferencia y falta de responsabilidad que mantiene la administración en estos casos.
En los últimos años, ha habido decenas de denuncias por malos tratos y abuso de quienes son responsables de la gestión de estos centros. Hay más de 15 casos de niños y niñas muertos bajo la tutela de la administración en centros de gestión privada. Ya en 2011, el menor Ramón Barrios, murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta, gestionado por la empresa Ginso.
La privatización en la atención a la infancia, convirtiéndola en un negocio muy rentable, tiene como consecuencia que primen los intereses económicos a los intereses pedagógicos y educativos sobre estos menores.
Y por último en referencia al comunicado publicado por UGT y CCOO, no nos merece ninguna credibilidad, ya que ha sido escrito por quienes trabajan en ese centro y son empleados de la empresa Ginso.
Consideramos injusta e indignante la situación de maltrato y vulneración de derechos que sufren las personas que viven internas en el centro Tierras de Oria, en Almería, y queremos mostrar, mediante la adhesión a este comunicado, nuestro apoyo y solidaridad con estas personas y con todas aquellas que sufren de forma sistemática abusos de poder. Nos adherimos a la petición de:
1. Exigir a la Junta de Andalucía su pronunciamiento ante la investigación abierta al centro Tierras de Oria.
2. El cese de la gestión de centros de menores por la empresa Ginso, y en particular del director del centro Manuel Madrid Savedra, ya que dicha empresa acumula infinitas quejas de malos tratos.
3. El cese inmediato de las vejaciones y malos tratos que reciben las personas que se encuentran allí internadas.
4. El cierre de todos estos centros que no son sino cárceles para menores
5. La dimisión de los representantes de CCOO y UGT por no mostrar objetividad ante los hechos acontecidos e intentar favorecer al centro.
BASTA DE AGRESIONES A MENORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO
ENCERRANDO NO SE EDUCA
Petición de firmas para que cese la dirección del Torres de Oria
Todos somos conscientes de los recortes sin tregua, y la realidad acuciante de lo que vivimos y vemos en la calle diariamente: el adelgazamiento de lo que hasta ahora creíamos público y de todas, la prácticamente desaparición de derechos formalmente conseguidos para la población en el último siglo, léase derechos laborales, derechos de ciudadanía, educación, sanidad, servicios comunitarios, el recorte de libertades y un largo etcétera que sirve sin duda alguna para justificar la sacrosanta “estabilidad presupuestaria”.
Todo este escenario de ruina y desolación del maltrecho “Estado del Bienestar” tuvo la puntilla demoledora el pasado mes de Julio del año 2012, cuando casi de puntillas y a hurtadillas los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE lograron con su acuerdo la MODIFICACION DEL ART 135 CE.
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Con esto se viene a decir que el Estado tiene PRIORIDAD PARA PAGAR LAS DEUDAS ANTES QUE ASIGNAR EL PRESUPUESTO A CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTO.
O lo que viene a ser los mismo: el Estado social y democrático que dice la constitución española que conformamos se ha puesto en manos del capital y del sistema financiero con las lógicas del capital: el lucro y el beneficio, dando lugar a un lema que impera.- PRIMERO EL CAPITAL Y LUEGO LAS PERSONAS.
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El 2 de diciembre de 2008 Hamid A. de 13 años apareció muerto en el interior de «Picón de Jarama», de Paracuellos, un centro gestionado por la fundación O´Belén. Bajo la custodia de esta fundación antes había fallecido David de 12 años, y meses después Saray, de 14 años. Según el tesimonio de sus compañeros/as, Hamid se ahorcó cuando estaba en aislamiento. Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros y de toda cárcel solemos encontrar: tortura psicológica (insultos, humillaciones, etc.), inasistencia médica, aislamiento, medicación forzosa, cacheos integrales, agresiones físicas (contenciones, golpes, etc.)
Hasta hace unos años,la pobreza y la delincuencia (siempre de la mano) eran realidades nada rentables para el Estado. Las pocas organizaciones formales, que socialmente estaba aceptado que tratasen con estas personas, eran las católicas, que trabajaban con un modelo asistencialista caritativo (el cual tampoco aportaba nada para una solución real del problema). Pero desde hace un tiempo, se ha descubierto que a través de esta problemática se puede conseguir mucho dinero. Constructoras, subcontratas, concursos públicos, Servicios Sociales, megacentros penitenciarios, fábricas carcelarias, etc.)
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