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Traducimos el artículo del compañero Vicent Almela que salió publicado el 31 de agosto en la página web de La Directa anunciando el inicio de la huelga de hambre roatativa para denunciar todo lo que atenta contra la vida de las personas presas. El cartel, referido a los disez días de participación en la huelga del comapñero Toni Chavero, lo han elaborado lxs compis del grupo anticarcelario HENAS, de Cantabria.

Una quincena de personas presas inician una nueva huelga de hambre rotativa para denunciar medidas que «atentan contra su vida»

La acción de protesta, que de momento cuenta con la participación de una quincena de internos, pretende visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento, y cómo afectan a las personas presas medidas penales como la dispersión o el incumplimiento en la excarcelación de personas con enfermedades graves o padecimientos psíquicos, a pesar de estar recogidas y reguladas por el mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal.

El martes, 1 de septiembre, comienza una nueva acción de protesta en las cárceles del Estado español. Hace ya más de cuatro años que un grupo de personas presas se está organizando y coordinando con el exterior para intentar recuperar la comunidad de lucha anticarcerària que afloró a finales de los años setenta mediante la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), en la que se implicaron diferentes agentes sociales: personas presas, familias, abogados, grupos de apoyo y entidades de la sociedad civil.

Salvando las distancias y con el contexto actual, las acciones de protesta que se están llevando a cabo, tanto desde dentro como desde fuera de los muros desde julio de 2016, pretenden denunciar y visibilizar las «constantes vulneraciones de derechos fundamentales» que , según expresan las mismas personas presas, continúan sufriendo los centros penitenciarios del Estado. Por este motivo, decidieron elaborar una tabla reivindicativa con catorce puntos concretos, que intentan visibilizar en cada acción de protesta. La mayoría de las reivindicaciones se centran en exigir que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) que respete y aplique artículos recogidos dentro del mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal, como la excarcelación de personas con enfermedades graves o incurables y el acceso a un sistema sanitario igual al de cualquier otra persona. También reclaman medidas recogidas por parte de instancias europeas, entre ellas el Consejo de Europa, como la limitación del tiempo que una persona puede pasar en régimen de aislamiento, que nunca debería superar los quince días debido a los posibles daños psicológicos. Las condiciones que sufren, denuncian, «atentan contra su vida».

Tras el escaso seguimiento y la falta de coordinación y comunicación en la última huelga de hambre, que se puso en marcha en pleno confinamiento el 1 de mayo y duró quince días, en los últimos meses se ha generado un diálogo y un debate intenso entre las personas presas y los grupos de apoyo a la calle para intentar tejer una estrategia conjunta, lograr una mayor repercusión y hacer crecer la comunidad de lucha anticarcelaria. A pesar de las dificultades para establecer comunicación fluida dentro-fuera –ya que la mayoría de personas presas que participan en la propuesta se encuentran recluidas en primer grado y tienen la correspondencia intervenida por parte de la SGIP–, finalmente, se ha decidido repetir el modelo de acción del septiembre del año pasado: ayunos rotativos de diez días a las diferentes cárceles. Es decir, cada diez días, una de las personas presas comenzará una huelga de hambre en una cárcel diferente de España. Cuando esta persona termine la acción, otra comenzará en otro penal. De este modo, la acción de protesta perdura en el tiempo y más personas presas se pueden ir sumando los próximos meses. Por ahora, con la quincena de personas presas que han confirmado su participación, la acción duraría al menos hasta finales del mes de enero.

Aunque el objetivo principal de la acción sigue siendo visibilizar la tabla de catorce puntos, en esta ocasión pretenden poner especial énfasis en las medidas penales que afectan directamente el deterioro de salud de las personas presas: los primeros grados y las celdas de aislamiento, donde pasan hasta 22 horas al día encerradas y donde se producen la mayoría de los suicidios; la dispersión; los malos tratos y las torturas; la no habilitación de espacios adecuados a personas con problemas de salud mental o el incumplimiento en la excarcelación de las personas mayores de setenta años o con enfermedades graves o incurables.

La acción comienza mañana martes en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera (Madrid VII), donde se encuentra recluido Toni Chavero, quien asegura que está dispuesto a sacarla adelante hasta el final para evitar que se pisan continuamente sus derechos y libertades: «Os animo desde esta asquerosa jaula a no caer en el silencio, porque eso es precisamente lo que los hierofantes de la sagrada orden del cepo quieren, que nos apaguemos, que nos disolvamos» y exhorta tambén a sus compañeros a que fluya el dia´logo dentro del espacio de lucha. Hermenegildo Alexis, desde la prisión de Daroca (Zaragoza), reflexiona en su última misiva sobre la utilidad de las huelgas de hambre como acción de protesta: » Creo que son una herramienta de presión que puede ser efectiva. Lo que pasa es que cuesta que se difunda por los medios y por las calles y que llegue a la población cuando se realizan acciones de este tipo. Siguiendo con esto, creo que seria importante conseguir que los medios de comunicación entren en las cárceles para poder difundir la realidad de lxs presxs que tachan de ‘irrecuperables'». Alexis lamenta que «en los patios de las cárceles existe mucho conformismo», pero tiene claro que hay que sobreponerse a esta realidad: «A veces son las minorías las que cambian las cosas o las que empujan lo suficiente para que cambien. Muchas veces es mejor caminar lentos e ir construyendo durante el camino.»

Sin vis a vis y con las comunicaciones limitadas

Desde el 25 de agosto, las personas presas y sus familiares tienen suprimidos los vis a vis presenciales a raíz de una decisión de la SGIP para supuestamente evitar los contagios por Covidien-19 dentro de los centros –en las cárceles catalanas ya se prohibieron el 21 de julio–. Grupos de apoyo, familias y entidades en defensa de los derechos humanos consideran que esta decisión «es absurda», ya que aseguran que los funcionarios entran y salen cada día y siguen dándose permisos de trabajo y terceros grados a los internos y entran profesionales de fuera a hacer talleres. La asociación Familias de Presos en Cataluña denuncia que «el hecho de no ver los familiares, parejas y amigos y recibir un poco de afecto tiene unas consecuencias muy duras para las personas presas, que están muy nerviosas porque ya estuvieron cuatro meses sin vis a vis y ahora de nuevo y no saben cuando los volverán a recuperar.»

Por otra parte, aunque las comunicaciones por locutorio (con cristal de por medio) sí están autorizadas por parte de la SGIP, desde el Grupo de Apoyo a Personas Presas de Lleida denuncian decisiones arbitrarias por parte de la dirección de algunos centros: «la semana pasada llamamos a la cárcel de Daroca para comunicarnos con un preso y nos dijeron que, si éramos de Cataluña, no hacía falta que fuéramos porque no podríamos entrar a comunicar, ni siquiera a través de cristal». Según el abogado Lisandro Giordani, esta decisión «no la puede tomar la dirección de un centro penitenciario sin una orden de la SGIP, por tanto, se trataría de otra vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad».

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Huelga De Hambre Rotativa 2020

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 2-IX-2020)

 

 

Huelga de Hambre Rotativa 2020-2021

La Directa, «medio de comunicación en catalán para la transformación social», ha venido siguiendo y apoyando desde la huelga de hambre colectiva del 1 de mayo de 2018 el intento del que formaba parte aquella de lograr al menos un mínimo de movilización social en defensa de la vida y la dignidad de las personas presas, intento que se articula a través de 14 reivindicaciones que analizan una serie de situaciones en que el ordinario funcionamiento de la máquina punitiva española atenta contra los derechos de la gente presa sometiéndola a menudo a situaciones de trato cruel, inhumano o degradante. Desde entonces, La Directa se ha hecho eco, desde su publicación quincenal en papel y desde su página web, de todas las experiencias y propuestas que han ido dando vida al mencionado proyecto de lucha colectiva, participando en él de esa manera e incluso con publicaciones específicas. En esta ocasión han publicado en su página web otro artículo de Vicent Almela explicando la propuesta de huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. A continuación, una traducción al castellano. El cartel de arriba lo han elaborado lxs compis del Grup de Suport a Presxs de Lleida para pegarlo por las calles durante el primer mes de huelga. Podéis pedirlo por mail en gran formato, a Lleida o a nosotrxs, si queréis imprimirlo. Ya está cerca el 1 de septiembre y el primer ayuno que se iniciará el día 1. Hasta ahora, se han comprometido a ayunar sus diez días diez compañeros presos de forma que la huelga de hambre durará al menos hasta el 10 de diciembre.

Una decena de presos inicia una huelga de hambre rotativa

Como continuación de las protestas que comenzaron hace tres años, el próximo 1 de septiembre, una decena de presos inicia una huelga de hambre rotatoria de diez días cada uno, a diferentes penales del Estado español. Desde dentro de los centros penitenciarios proponen un cambio de planteamiento en la lucha activa para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.

«Hago esta propuesta de que, a partir de la primera quincena de septiembre, en cada cárcel donde nos tienen recluidxs, empecemos cada unx una huelga de hambre de 10 días, donde la gente de la calle nos coordinase para que no coincidiéramos dos en el ayuno y así que durase unos meses, organizándonos para que, cada vez que acabase unx, empezase otrx.» Esta era la propuesta que lanzaba, a finales de mayo, José Ángel Martins Mendoza (Peque) –en una misiva desde el módulo de aislamiento de la prisión de Picassent–, dirigiéndose a todas las personas presas en lucha activa en diferentes penales del Estado español. La nueva acción de protesta se enmarca dentro de la propuesta de lucha que comenzó hace tres años, cuando un grupo de personas encerradas en diferentes centros penitenciarios del Estado pusieron en marcha una propuesta de lucha activa –inspirada en la experiencia de otras luchas anticarceràries del pasado como la COPEL o el APRE– para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que aseguran sufrir por parte de organismos penitenciarios e instituciones públicas mientras se encuentran privadas de libertad.

Después de las diferentes experiencias vividas por parte de las personas presas en los últimos tres años de lucha desde dentro de los muros –en 2018 se hicieron tres huelgas de hambre colectivas y el pasado 1 de mayo, otra–, y los debates recientes con los diferentes grupos de apoyo de todo el Estado, se ha decidido cambiar el planteamiento de la acción de protesta. En este caso, y a diferencia de las anteriores huelgas de hambre colectivas –donde todas las presas comenzaban la acción el mismo día–, se plantean ayunos rotativos de 10 días. Es decir, cada diez días, una de las personas presas que participa en la propuesta pondrá en marcha una huelga de hambre en una prisión determinada. Y cuando esa persona termine la acción, otra comenzará en un penal diferente.

El objetivo de los ayunos sigue siendo visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles y especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los puntos de la tabla. Se trata de un derecho básico de la población penitenciaria reconocido en los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y en el artículo 91 del Código Penal, que actualmente afecta a decenas de internas en España y en las prisiones catalanas. Según explica Peque en su carta, «Sabemos que existen numerosxs compañerxs con enfermedades graves e incurables y sé que por solidaridad, amor propio e indignación frente a la injusticia, han realizado huelgas de hambre por iniciativa propia sin ser consensuadas de forma colectiva, lo que me parecen luchas vacías. Muchas ganas y solidaridad, pero, si lo que deseamos es dar luz a lo que está pasando con muchxs de nuestrxs compañerxs, debe ser, según mi forma de ver, de una manera conjunta.» En estas líneas se refiere a las huelgas de hambre que llevó a cabo Carmen Badía desde la prisión de Zuera –de 54 días y un mes respectivamente los últimos meses–, con la intención de dar visibilidad a su caso y llamar la atención de los organismos internacionales de prevención de la tortura para conseguir su excarcelación por enfermedad grave e incurable. Hay que recordar que Badía continúa actualmente toma el módulo de enfermería de la prisión aragonesa diagnosticada con cáncer de mama y con fuertes dolores corporales.

En las últimas semanas, diferentes grupos de apoyo de todo el Estado se han encargado de hacer llegar el mensaje con la propuesta a las personas presas que participan en la lucha colectiva, y de momento, ya son ocho las internas que se han pronunciado y sumado a la acción. El último en hacerlo ha sido Francisco Aroca Lison (Piyayo) desde el centro penitenciario de Albolote (Granada): «Vamos a organizarnos como sabemos hacer. Gente desde fuera lleva el control y nos va informando en cada prisión donde estamos dispersadxs, para ver como va todo este proceso colectivo. La información es fundamental, así como el diálogo entre nosotrxs. Pienso que esta propuesta está bien pensada, llevémosla a cabo todxs a una.»

Mientras esperan más adhesiones desde dentro de los muros –con las huelguistas actuales la propuesta de lucha se extendería del domingo hasta finales de noviembre–, de momento ya se ha convocado una concentración para el sábado 21 de septiembre fuera de la prisión de Albocàsser (Castellón) «para exigir la excarcelación de las personas gravemente enfermas con padecimientos incurables y en solidaridad con las presas en lucha». Desde el colectivo de apoyo a presas Tokat aconsideran que «se trata de seguir aprendiendo a dialogar, decidir y actuar colectivamente para que sea posible una verdadera lucha social anticarcelaria».

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-VIII-2019]

Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020

La Directa ha publicado en su página web un artículo sobre la convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles a iniciar el próximo 1 de octubre. Lo firma Vicent Almela y también se hace eco, como ha venido haciendo a partir de la convocatoria de huelga de hambre colectiva del último mayo, del contexto y antecedentes de esta propuesta de lucha y de los comunicados y opiniones de varios de sus participantes.

Cinco meses después de la huelga convocada en las cárceles por el primero de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa vuelven a convocar una huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de doce puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen –según las respuestas dadas por el Ministerio del Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de EH Bildu Jon Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales por suicidio–, esta tabla incluye «demandas básicas» para las personas presas, como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento –donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno–, el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de los centros, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) –con las excepciones de Cataluña y el País Vasco– y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Parlamento español en 2003.

«Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo disfrutará la nueva generación que entre «. Con esta reflexión acababa José Ángel Martins Mendoza –alias Peque–, su carta de valoración sobre la huelga de hambre el pasado mes de mayo. En esta misma carta, proponía ya una nueva convocatoria de huelga de hambre por el primero de octubre y abría esta propuesta a debate, crítica y reflexión por parte del resto de presos y de la comunidad anticarcelaria.

La propuesta ha sido comentada y debatida durante los meses de verano por diferentes tomados a través de correspondencia, a pesar de las dificultades comunicativas que sufren mucho de ellos. Por el simple hecho de reivindicar sus derechos y denunciar las vulneraciones que sufren, muchos de estos presos tienen todas las comunicaciones controladas –cartas, llamadas y locutorios– están afectados por la dispersión y el continuo cambio de prisiones, y la mayoría de ellos están pagando sus penas en régimen especial de castigo y módulos de aislamiento. A pesar de las dificultades que les pone la SGIP para coordinarse, varias voces se han podido sumar al debate y la convocatoria gracias a los grupos de apoyo, como Tokata, La Corda, o el Grup de Suport a Presxs de Lleida, y han podido opinar en relación a la propuesta. Una de estas voces es la de Toni Chavero, uno de los presos más activos de la lista, que proponía que los presos que no quisieron o pudieron hacer la huelga de hambre, iniciaran un ayuno los días 1, 5, 10 y 15 de octubre, acompañado de escritos de denuncia al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Ministros y a la SGIP, con el objetivo de intentar abrir el “abanico” de posibles formas de participación “para que más personas presas participen” y se sumen a la acción.

También otros presos y presas como Carmen Badia –enferma de cáncer en la prisión de Zuera–, Oscar Rodríguez González –desde Puerto I– o Francisco Aroca –desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)– han aportado al debate y se han adherido públicamente a la convocatoria de huelga. Este último hace una reflexión en relación al contexto actual: «Mucho se habla ahora de la situación de los presos políticos catalanes, pero ¿qué pasa con nosotros, los presos comunes? Nosotros hace años que estamos encerrados a grandes distancias de nuestras familias, que deben arriesgar la vida para poder vernos 40 minutos a través de un cristal. Y eso los que tienen recursos económicos para pagar el trayecto. Se nos aplica la dispersión como castigo o venganza de forma sistemática».

En su última carta, publicada el otro día en el portal de Tokata, Chavero anima al diálogo entre todos los participantes en la huelga, y a desarrollar una estrategia de no violencia durante la duración de la misma, ya que considera que hoy en día y con el contexto actual en las cárceles «la violencia no es una herramienta que pueda ayudar a crear una comunidad de lucha y conseguir nuestros derechos». «La cuestión es que cuanta más peña participe de la manera que pueda o quiera libremente, más ruido se hará fuera y más se podrá ver de lo que estamos haciendo, que es eso, luchar por mejorar las cosas», concluye.

Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera

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Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria

Noticias Sobre La Huelga De Hambre De Octubre

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2018]

Actividad en la calle Huelga de hambre octubre 2018 Presxs en lucha

La Directa, proyecto de «periodismo cooperativo para la transformación social» en Catalunya, ha publicado en su página web un artículo firmado por Vicent Almela donde se hace un somero balance de lo ocurrido, tanto dentro como fuera de las cárceles, durante la huelga de hambre colectiva realizada en mayo por algunxs presxs en lucha en defensa de las doce reivindicaciones de la propuesta de lucha que está siendo defendida por lxs mismxs desde hace unos dos años. Se hacen eco también de las opiniones al respecto de algunas de las personas presas participantes. Ahí va una traducción al castellano.

LA HUELGA DE HAMBRE EN LAS PRISIONES REACTIVA LA COMUNIDAD DE LUCHA ANTICARCELARIA

La propuesta de lucha iniciada en mayo pasado por un grupo de presos para visibilizar la constante vulneración de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha logrado reactivar la coordinación entre población reclusa, abogadas, grupos de apoyo, familiares y algunos movimientos sociales en una acción conjunta.

Hace casi dos años se hacía público desde la prisión de Estremera (Madrid VII) el primer borrador con una nueva propuesta de lucha activa dentro de los centros penitenciarios, con la publicación y difusión de un comunicado y una tabla reivindicativa de doce puntos para denunciar las situaciones que, según uno de los impulsores de la propuesta -el preso Toni Chavero-, «en mayor medida atentan contra nuestra dignidad y nuestra vida». Esta primera propuesta, abierta a debate y sugerencias por parte de la comunidad anticarcelaria, se sustentaba con ayunos mensuales y la comunicación continua con los grupos de apoyo y la dirección de las cárceles, para denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que sufren diariamente las personas presas. A pesar de las dificultades de transmisión de información y comunicación entre presos, ya son más de cuarenta los internos que se han sumado a esta propuesta de lucha activa, que realizan ayunos simbólicos mensuales y denuncian judicialmente –y a través de los grupos de apoyo– cualquier abuso o discriminación que sufren o del que son testigos.

Enmarcada dentro de esta campaña, el preso José Ángel Martins Mendoza, Peque, desde la prisión de Albocàsser (Castellón II), lanzaba a principios de este año la propuesta de poner en marcha una huelga de hambre, con fecha de inicio el primero de mayo -que tuvies una duración de cinco a quince días- con el objetivo de iniciar una primera acción coordinada entre todos los paresos que participan en la propuesta y la calle y así visibilizar los doce puntos de la tabla reivindicativa tanto dentro como fuera de los muros. Finalmente, en esta huelga de hambre han participado más de una veintena de presos -de cuarenta que figuran actualmente en la lista- de diferentes centros penitenciarios en España, y también se han realizado numerosas acciones de solidaridad y agitación para visibilizar la huelga en las calles de diferentes ciudades. Antes de iniciarse, se organizaron jornadas anticarceràries y de envío de correspondencia en ciudades como Granada, Valladolid, Palencia, Santander o Lleida, y también concentraciones solidarias ante las prisiones, en Valladolid o Valencia, durante la huelga de hambre. En Barcelona, ​​aparte de los parlamentos que el colectivo Clivella realizó en un acto organizado por la CNT durante la celebración del Primero de Mayo, también se realizó una acción en la que una cuarentena de personas cortaron la avenida Meridiana durante unos minutos, y dos de ellas se colgaron del puente de Sarajevo, a fin de mostrar solidaridad y hacer visible la huelga de hambre que se estaba dando entonces dentro de los centros penitenciarios.

Para la elaboración del reportaje «Se reactiva la lucha dentro de los muros», publicado en el número 451 de la Directa, el 4 de abril- contactamos por carta con la cuarentena de presos en lucha activa actualmente. Estos testimonios nos ayudaron a montar un relato que explicaba la propuesta de lucha, a la vez que se visibilizaban experiencias de vulneración de derechos fundamentales que sufre la población reclusa durante su día a día. Aunque se hizo el envío de esta edición a todos los presos entrevistados –actualmente privados de libertad en once centros penitenciarios ubicados en diferentes puntos de España– por el momento no tenemos constancia de que ningún preso haya recibido la publicación. Instituciones Penitenciarias tampoco ha devuelto ningún ejemplar ni ha explicado los motivos por los que no ha llegado la correspondencia a los presos, lo que choca frontalmente con el derecho a la libertad de prensa, que es un derecho constitucional para todos y que, por tanto, debería ser respetado también dentro de los centros penitenciarios.

Aunque esta primera acción coordinada entre los presos en lucha activa no ha sido masiva en cuanto a la participación, tanto los presos como los grupos de apoyo valoran la experiencia positivamente. Desde el colectivo de apoyo Tokata consideran «muy postitivo que se haya dado un primer paso en la creación de un espacio de lucha que llegue a todas las personas que estamos dispuestas a enfrentarnos al sistema penal, a modo de autodefensa, y después de mucho tiempo se haya iniciado un diálogo consciente, que se está llevando adelante en estos momentos, entre todas las partes ‘para proponer’ la apertura de ese espacio de lucha.»

Desde dentro de la prisión de Villena, Toni Chavero –mediante correspondencia– también valora positivamente la acción y reconoce que «en los últimos tres años se ha incrementado la conciencia anticarcerària, la comprensión de la empresa-prisión e incluso el espíritu de lucha, tanto dentro como fuera de los muros», y destaca que, para él, «el hecho de no sentirnos solos aquí dentro no tiene precio». A pesar de la valoración positiva de la huelga, envía un mensaje claro al resto de internos adheridos a la lista de presos en lucha activa para que se pronuncian en el ámbito personal y se pongan en contacto con los grupos de apoyo explicando lo que van haciendo: «es necesario que todos nos definamos y pronunciemos personalmente para ver qué presos estamos en lucha activa y cuáles no, para así poder continuar con veracidad la propuesta coordinada». José Ángel Martins, que ha sido trasladado recientemente a la cárcel de Puerto III en represalia por su participación en la propuesta de lucha, considera que «aunque hemos sido pocos para las expectativas que teníamos, debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos sido fieles a nuestros ideales libertarios y nuestra dignidad continúa en alza», por lo que propone el inicio de otra huelga de hambre coordinada para el próximo 1 de octubre. Martins concluye la carta afirmando que «está claro que no conseguiremos la abolición de las cárceles, de momento, pero si cada año nos vamos sumando más presos, estoy seguro de que conseguiremos que se cumplan nuestros derechos dentro de las cárceles. Y si no lo disfrutamos nosotros, al menos que se respeten los derechos de las futuras generaciones que entran.»

Continúan sin respetarse los derechos de los enfermos crónicos

Aunque según el Reglamento Penitenciario (RP), mediante los artículos 104.4 y 196, se valora «la conveniencia de clasificar en tercer grado, por razones humanitarias y de dignidad, a las personas enfermas muy graves con enfermedades incurables que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad», este derecho –que forma parte de las doce reivindicaciones de la tabla de los presos en lucha– se continúa incumpliendo sistemáticamente por parte de las Instituciones Penitenciarias. Un claro ejemplo es la situación que está sufriendo actualmente el preso Francisco Chamorro, enfermo de cáncer y VHC dentro de la prisión de Castellón I que, a pesar del reconocimiento médico de su enfermedad, no se le concede la excarcelación. Rosa Giménez, madre de Chamorro, denuncia que «dentro de la prisión no le dan su tratamiento y los tratan como animales. Esto no es un lugar donde curarse de un cáncer. Yo estoy sufriendo por la vida de mi hijo, y no voy a parar hasta conseguir la excarcelación.» Por este motivo, se ha convocado una manifestación frente al centro penitenciario Castellón I el sábado 23 de junio a las 11 de la mañana.

También Carmen Badía Lachos, enferma de cáncer y actualmente interna en la macrocárcel de Zuera (Zaragoza) –de momento es la única mujer que se ha sumado a la propuesta de lucha activamente– relata en una carta dirigida al grupo de apoyo a presxs de Lleida que han comenzado las represalias contra ella por el hecho de participar en la acción de la huelga de hambre. En esta misiva, Badía denuncia que no la han visitado los médicos desde su traslado a este centro penitenciario, hace tres meses, y le han reducido el apoyo sanitario de 24 horas que recibía, que ha pasado a ser sólo de 15. Mientras tanto, su estado de salud vuelve a empeorar y casi no puede dormir por los efectos secundarios de la quimioterapia.

Actividad en la calle Huelga de hambre 1 de mayo 2018

José Antúnez Becerra sostiene una huelga de hambre desde el 14 de enero en la prisión de Brians 2 para reivindicar sus derechos y denunciar su situación, fruto de su luchaa contra las instituciones punitivas.

Antúnez Becerra ha iniciado esta lucha para que se le revise la condena de diecinueve años de cárcel, dictada a raíz del motín del centro penitenciario de Quatre Camins del laño 2004, ya que el mismo considera esta sentencia como una venganza por su militancia contra la institución penitenciaria. Según expresa él mismo preso en un comunicado hecho público el 20 de enero: “ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de la transición y dentro de la prisión formé parte de una organización llamada COPEL (Cordinadora de Presos en Lucha). Destacaré que la base para condenarme a sido mi historial, aparte de ello también las presiones políticas instrumentadas con los sindicatos y los medios de comunicación”.

Con la huelga de hambre, Antúnez también reivindica algunos derechos que le corresponden como preso, por ejemplo, el de obtener permisos y proyectos de futuro, ya que cumple los requisitos para hacer talleres o cursos. Además, siempre ha tenido problemas en las diversas cárceles por donde ha pasado hasta el día de hoy, ya que asegura que le aplican registros y controles arbitrarios, le devuelven muy tarde sus pertenencias después de un traslado o, directamente, no se las devuelven, según han informado familiares y grupos de apoyo del preso.

José Antúnez

Parece algo más que evidente que hemos perdido las viejas buenas costumbres, que un sentimiento anodino ininterrumpido recorre desde nuestros aposentados pies hasta nuestra conformista cabeza. Resulta que nos hemos acostumbrado a recibir el viento en la cara sin atrevernos siquiera a girarnos mínimamente o resguardarnos en la esquina de cualquier edificio en ruinas que tengamos a escasos quince metros de distancia ¿y eso a dónde nos ha llevado? A languidecer, a perder gran parte de nuestra dignidad y finalmente a estancarnos en la más absoluta inopia.

Ciertamente esta es, en parte, la realidad política que nos ha tocado vivir a lxs que creemos en la autonomía, en no pactar, en no ceder ante personajillos que siempre vienen con la ilusión de la reinvención del capital. Empaquetado y dispensado con un envoltorio nuevo, bien diseñado y perfectamente decorado para que parezca oro en lugar de mirra. La verdad es que seguimos aguantando desde nuestras recónditas ratoneras con cierta entereza, intentando no sucumbir, trabajando día a día bajo al amparo de la humildad y un cierto compromiso.

La verdad es que nos hemos cansado de esperar, llega el momento de mover ficha, de salir a flote y coger un poco de aire, de demostrar que estamos vivos. No creemos que se trate de suspender nuestra cordura o sustituirla por la megalomanía y el narcisismo, sino de demostrar que respiramos, que sentimos ¿qué nos queda sin nuestra dignidad?

Nuestro compañero Alfredo lleva desde el 20 de octubre, casi tres meses en huelga de hambre. Esta luchando, con lo único que le queda, por acabar con el régimen de máxima crueldad en Italia, el 41bis. Un régimen que conocemos bien, que existe en todos los países y que supone la degradación, la humillación y la incomunicación; que te acompaña hasta la fila del suicidio y de la locura pasando por otras muchas paradas previas. Alfredo ha manifestado que prefiere morir antes que tener que desechar el resto de sus días sometido a esa situación, antes que dejar de ser una persona con todo lo que eso implica. Nuestra respuesta desde fuera tiene que estar a la altura, sino de su propuesta, al menos de nuestras posibilidades reales y no de las que nos mantienen en la comodidad de nuestras casas.

Cualquier momento es bueno para rebelarnos, para decir basta y, para empezar, para romper con la insustancialidad creando lazos de comunidad, de comunidades que luchan, que viven y se relacionan en contra del régimen de dominación y explotación. Cualquier momento es bueno para que los fuegos fatuos nos guíen de nuevo hasta una hoguera mayor, en la que, pequeños destellos de llamas pasadas se golpean entre sí para intentar prender la hojarasca. Ha llegado el momento de rechazar las cosas que nos separan, de entender lo que significan esas viejas consignas, sin dejarnos llevar por la ingenuidad, ni seducir por partidos, sindicatos o personajillos. Ha llegado el momento de pasar a la acción con humildad y clarividencia, de atender a las responsabilidades que tenemos con nuestrxs compañerxs y, sobre todo, las de los que más lo necesitan, los que están dentro, los que tienen nombres propios y los que no, pero igualmente sufren las miserias del régimen de dominación y explotación.

APOYO PARA ALFREDO Y TODXS LXS QUE SUFREN LOS REGÍMENES DE MÁXIMA CRUELDAD. ¡Cualquier momento es bueno para la solidaridad!

Más información sobre la lucha de Alfredo:  https://lucharcontrael41bis.noblogs.org/

Actividad en la calle Presxs "políticxs" Presxs en lucha Régimen de Máxima Crueldad

Continúa la lucha por que sean aclaradas las causas de la muerte de David Jehová Hiruela Moreno el pasado 14 de julio, cuando se encontraba en una celda de aislamiento de la cárcel de Picassent. El juzgado «competente» ha archivado el caso y parece cerrado el muro de silencio que garantiza la impunidad de los carceleros del Estado español, en cuyas cárceles mueren anualmente alrededor de 200 personas presas, muchas de ellas violentamente y también por supuesto suicidio o sobredosis de drogas. Las autoridades suelen intervenir rutinariamente, más para dar carpetazo a cada caso que para investigar, arrebatando casi siempre a las familias la posibilidad de ejercer a tiempo su derecho a personarse en el procedimiento judicial, Y en las cárceles españolas siguen abundando la tortura y los malos tratos en total impunidad; sigue existiendo un régimen de castigo que es en sí mismo tortura; la catástrofe de la sanidad penitenciaria continúa avanzando sin que se haga nada, a pesar de que es de dominio público el abandono médico-sanitaro creciente que sufren las personas presas; no se excarcela a las personas presas gravemente enfermas hasta que está asegurada su muerte a corto plazo; se suministran fármacos de riesgo sin control médico adecuado; se abandona a los enfermos mentales y se les castiga por el hecho de serlo… Como se relata en el artículo publicado ayer en la web de La Directa cuya traducción al castellano ponemos más abajo, la familia de David Jehová está luchando para que se investigue realmente sobre qué le sucedió a su chaval. Necesitarán apoyo, así como es indispensable la solidaridad organizada de personas presas, familias y allegados y la atención activa de toda la sociedad para que cese la impunidad. Si no se ha probado aún que David haya sido asesinado por los carceleros, lo cierto es que podría haberlo sido impunemente, porque el Estado tiende a cerrar todos los caminos, incluso los legalmente previstos, para llegar a saber lo que de verdad le ha sucedido. Eso tiene que cambiar y no lo hará si no nos organizamos para obligar a los responsables a que rindan cuentas. La familia, que ya convocó una concentración-manifestación ante la cárcel de Picassent el pasado 30 de agosto, no piensa parar hasta lograr «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad» sobre la muerte de David Jehová, y prepara nuevas convocatorias, apoyada por varias asociaciones organizadas para ello en un comité.

FAMILIARES Y ENTIDADES EXIGEN QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DE UN PRESO DE 22 AÑOS EN PICASSENT

El 14 de julio, un carcelero encontró a David Jehová, en prisión preventiva desde mayo, colgado de una sábana anudada en un barrote de la puerta de la celda de aislamiento a la que le habían trasladado ese mismo día. La familia ha interpuesto una denuncia y exige una investigación en profundidad sobre la causa de la muerte.

La noche del pasado 14 de julio, Tamara Moreno recibía una llamada de un funcionario de la cárcel de Picassent (l’Horta Sud). El motivo: su hijo, David Jehová, de 22 años y en prisión preventiva por un delito de robo con intimidación desde el 1 de mayo de 2023, se había suicidado en la celda 14 del módulo 28 preventivos. Esa misma tarde, el hermano de David Jehová había acudido a la cárcel para visitarle, pero, según la familia, el funcionario le dijo que no era posible porque, a raíz de un incidente con un compañero de celda, el interno estaba en aislamiento. Lo que no le explicaron es lo que consta en el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Directa: el funcionario con número de identificación 92.538 fue a buscar a David Jehová a su celda para avisarle de la visita. Entonces, se lo encontró colgado de una sábana anudada en uno de los barrotes de la puerta de la celda.

Los carceleros de Picassentl, tal y como consta en el escrito, trasladaron al joven a la enfermería para intentar, sin éxito, reanimarle, hasta que llegaran los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU). Posteriormente, avisaron a la policía y se personó el equipo de policía judicial y un médico forense, que certificó la muerte de David Jehová y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia, para examinarlo y determinar la causa. La Guardia Civil hace constar en el atestado que durante la inspección de la celda encontró un escrito de “despedida donde manifiesta su voluntad de quitarse la vida”, y una carta en un sobre cerrado dirigida a una mujer. Al día siguiente de recibir la noticia, Tamara Moreno interpuso una denuncia por la muerte de su hijo.

La familia desconoce cuáles han sido exactamente las pesquisas efectuadas para que, once días después de la muerte –el pasado 25 de julio–, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Picassent, Juana María Gómez Valle, decretara el sobreseimiento provisional del caso. Consideran que en la decisión han prevalecido la carta de suicidio y el resultado de la autopsia. Según ha podido comprobar este medio, el informe preliminar del examen médico concluye que se trata de “una muerte violenta, […] compatible con un suicidio”, y que la causa fundamental ha sido la “compresión extrínseca de las vías áreas (colgamiento)”. Sin embargo, la familia considera que no se ha valorado el estado en el que recibieron el cuerpo: “Tenía la nariz rota, uno de los ojos hinchado y contusionado y los dientes cosidos como si hubiera sido sometido recientemente a una operación de reconstrucción”, denunció a Tokata, un grupo de apoyo a personas presas, a través de un comunicado el pasado 24 de agosto.

Ante las dudas, la familia encargó a Carlos Cuadrado Gómez, perito judicial y forense, una segunda valoración del cuerpo. El informe, al que ha tenido acceso la Directa, concluye que, considerando los vídeos sobre el estado del cuerpo aportados por los familiares, las fotografías de la autopsia y el atestado policial, “no es posible determinar si David Jehová se  suicidó o fue asesinado, pero desde un punto de vista médico legal, existen indicios de criminalidad que deben ser investigados”. Y apostilla: «El perito que firma no sólo no puede descartar la tesis homicida, sino que existen indicios para considerar la etiología mencionada en mayor probabilidad que el suicidio».

El perito afirma que existen diversas “incongruencias que permiten plantear la hipótesis de que David Jehová no se colgó, sino que podría haber sido asesinado”. Por ejemplo, que la lesión del cuello no puede haberla producido una sábana, “ya ​​que este tipo de material produce una abrasión amplia […], en lugar de una marca profunda y bien definida como parece percibirse en la fotografía”. Cabe destacar que, a diferencia del atestado, en el informe de la autopsia, no se hace referencia a una sábana, sino a un «lazo fabricado con la funda del colchón». El experto también manifiesta que no se aprecia cianosis –coloración azul en la piel por falta de oxígeno– en los pies y las manos, lo que es «habitual en un suicidio como el que se ha planteado». «La falta de cianosis –continúa– puede indicar que David no murió en la posición indicada, sino en la enfermería u otro contexto”. Asimismo, el rostro del joven presenta lesiones recientes, «de no más de 24 horas de evolución», tal y como afirma el perito y se observa en las fotografías que aportó la familia. En cambio, en el informe preliminar de la autopsia se afirma que «no se observan lesiones en la superficie corporal, ni contusiones, eritemas o lesiones de defensa y/o lucha».

Otra de las «incoherencias» que señala el perito es el tipo de autopsia efectuada. Aparte de examinar el cráneo, el cuello, el tórax y el abdomen, la médica forense diseca los dos brazos, práctica que, para Carlos Cuadrado, no es usual en los casos de suicidio y podría haber provocado la eliminación de «otros signos de violencia, en caso de que hubiera”. Desde la Asociación Abogados del Patio, que está trabajando en el caso, reclaman un careo entre el perito y la médica forense que le practicó la autopsia «para que se puedan aclarar las contradicciones».

La familia está recibiendo el acompañamiento jurídico y emocional de un grupo de organizaciones, encabezado por Garo techari-Plataforma Nacional por los Derechos Humanos e integrado por entidades como la Asociación Abogados del Patio o la Asociación para la Defensa de los Presos. El grupo de apoyo considera que es «imposible» que el juez pueda «haber ordenado y resuelto» todas las diligencias necesarias en tan sólo once días. Por eso ha recurrido el auto de sobreseimiento del caso. Piden saber si se han investigado cuestiones como si el funcionariado activó el protocolo establecido en caso de suicidio, cuánto tiempo tardaron en trasladarlo a enfermería, si el joven todavía presentaba signos vitales en el momento en que lo encontraron colgado, si había médico de guardia, o por qué éste no se trasladó hasta la celda. Con décadas de acompañamiento y apoyo a la población reclusa y sus familias a sus espaldas, Fernando Garcia, miembro de Tokata, denuncia que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios es “mínima”: “En el Estado español, uno 66% de las plazas de médico penitenciario están vacantes. Muchas veces, no existe un médico de guardia permanente y, en el caso de los presos en aislamiento o en primer grado, los médicos suelen ser muy reacios a visitarlos”.

En aislamiento

La familia y el grupo de apoyo también exigen que se investigue el presunto incidente entre David Jehová y otro preso, que se revisan las grabaciones de las cámaras entre las diez de la noche del 13 de julio y las ocho de la tarde de el día siguiente, y que se recogen los testigos de internos (presos y funcionarios). Según el atestado policial, el joven ingresó en una celda de aislamiento tras el almuerzo del 14 de julio, a causa del supuesto incidente con otro interno. No se da ningún detalle más. Por su parte, la familia habría conseguido el testigo de uno de los presos, que les aseguró que el día en que David Jehová murió, habrían irrumpido en su celda tres funcionarios al grito de «cacheo» y preguntando sobre el lugar donde escondía “droga” y “un teléfono móvil”. Según relata el recurso, el testigo les aseguró que los funcionarios, “al no encontrar lo que buscaban, sacaron de la celda a David y le trasladaron esposado a una habitación donde fue apaleado brutalmente con el objetivo de obtener una confesión”.

Jordi Buzón Cateura, de la Asociación de Abogados del Patio subraya que “el hecho de que todavía no hayamos podido revisar las grabaciones de las cámaras y que intentan dar carpetazo al caso tan rápidamente nos hace pensar que hay una opacidad por parte de los juzgados e Instituciones Penitenciarias”. Por su parte, Francisco Saavedra, representante y portavoz de la Plataforma, incide en que «persistirán en la lucha por hacer justicia a la muerte de David Jehová». La madre de David también ha enviado una carta a los juzgados de Picassent para pedir «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad de la muerte de mi hijo».

El recurso fue admitido a trámite y están a la espera de conocer la resolución. Por su parte, desde el gabinete de prensa de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior español, han declarado a la Directa que «se han activado los protocolos», pero no pueden ofrecer más información porque «el caso está judicializado».

Desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), su director y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, ​​Iñaki Rivera, denuncia que no se investigan suficientemente las muertes en las cárceles: “No se aplica el Protocolo de Minnesotta –aprobado por Naciones Unidas en el año 2016–, que obliga a los estados a llevar a cabo una investigación forense mucho más cuidadosa y profunda, como realizar una segunda autopsia, la custodia de las pertenencias de la persona muerta, tomar declaración a los testigos de forma inmediata o el derecho de la familia a estar informada de la muerte, las circunstancias…”. En la práctica, según Rivera, «normalmente, las muertes se archivan sistemáticamente». «Existe una falta de voluntad política para no investigarlas en profundidad, aunque el protocolo atribuye a los estados la responsabilidad de la vida y la muerte de las personas bajo custodia», concluye.

La cárcel mata Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

A finales del pasado mayo informábamos de la amenaza de cárcel que pesaba sobre Jean Marc Rouillan si no pagaba 18.000 euros a las supuestas «víctimas» de las mismas declaraciones por las que estaba terminando de cumplir la condena de cárcel que ahora ha desautorizado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se libró de entrar otra vez en la cárcel a principios del mes pasado porque, con aportaciones solidarias, se logró reunir la suma exigida dentro del plazo fijado. Ahora es él quien debe ser indemnizado por el Estado francés por la desproporcionada condena sufrida. En la web de La Directa publican hoy un artículo explicando los detalles y dando voz a Jean Marc sobre el asunto. A continuación, una traducción al castellano del original catalán.

Estrasburgo condena al Estado francés por haber encarcelado a Jean-Marc Rouillan por enaltecimiento del terrorismo

El gobierno francés deberá indemnizar al ex miembro de Action Direcbérsela hecho cumplirte con 15.000 euros a modo de reparación por ocho meses de privación de libertad. La sentencia sienta jurisprudencia en el ámbito europeo y rechaza la actual severidad penal porque tiene un efecto «fuertemente disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión».

“Cuando leí la sentencia pensé inmediatamente en Pablo Hasél y Valtònyc”, afirma con convicción Jean-Marc Rouillan, ex miembro de los grupos armados MIL, GARI y Action Directe, que recientemente ha conseguido un relevante hito judicial con el sello del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). La sección quinta del TEDH, por unanimidad de siete jueces procedentes de Irlanda, Letonia, Ucrania, Mónaco, Montenegro, Noruega y el Estado Francés, ha estimado que “la injerencia en la libertad de expresión del demandante que constituye la pena de cárcel que le fue impuesta no era necesaria en una sociedad democrática”. De ahí que el tribunal concluya que se ha violado el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y condena al Estado francés a indemnizar a Rouillan con 15.000 euros por los meses que sufrió de privación de libertad.

La sentencia se publicó el 23 de junio y, según diversas fuentes jurídicas consultadas, supondrá un antes y un después en la jurisprudencia de todos los casos de condena a penas de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo en el marco de las distintas legislaciones de los países que han firmado la Convención Europea de los Derechos Humanos y que, por tanto, deben acatar de facto las sentencias del TEDH. La sentencia no cuestiona la persecución judicial del enaltecimiento del terrorismo, pero pone el foco crítico en la proporcionalidad de la pena. “Las instancias nacionales deben mostrar moderación en el uso de la vía penal, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de una pena de prisión, que tiene un efecto fuertemente disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión”, asevera en tono de enmienda hacia las autoridades judiciales francesas responsables de la pena de dieciocho meses de cárcel contra Rouillan –de los que cumplió ocho–, ratificada en las más altas instancias, después de que se presentaran recursos de apelación y casación. Los hechos juzgados hacen referencia a unas declaraciones de Rouillan en un programa de radio, en las que calificó a los militantes yihadistas que atentan en territorio francés como personas con “coraje”, aunque las palabras se sacaron de contexto porque en la misma entrevista decía que eran “salvajes” y “crueles” por el terror indiscriminado que propugnan.

“Todo esto ahora es para mí una militancia muy ‘democrática’. Me he pasado la vida diciendo que todo en la lucha son los actos, y acabo la vida preocupándome del derecho a la libertad de expresión. Qué paradoja. Milito por hacer un juicio a las leyes de mi país”, reflexiona Rouillan, que hace un balance positivo de haber insistido en llevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo. Cuando salió por primera vez de prisión, le prohibieron hablar de los hechos por los que había sido condenado –el de mayor impacto, el asesinato del director general de Renault Georges Besse en 1986, después de un despido masivo de trabajadores. Entonces, durante una entrevista, respondió a una de las preguntas de esta manera: “no puedo hablar de esto, pero el hecho de no poder hablar de ello ya es una respuesta, habría podido hablar de si me hubiera arrepentido”. Por estas palabras, fue devuelto a prisión cerrada desde la situación de semilibertad en que se encontraba.

“La acción revolucionaria te lleva a una lucha permanente entre las presiones para convertirte en un arrepentido y la voluntad de seguir teniendo un pensamiento revolucionario. Me decían que era un loco y que hoy todavía esté implicado es insoportable para ellos. Me daban a escoger entre cerrar la boca e ir al campo a vivir de forma silenciosa o volver de nuevo a la cárcel”, recuerda.

En cuanto al actual escenario de retroceso en los derechos y libertades todavía ve un pequeño resquicio en el ámbito judicial. “Vamos hacia una situación muy dura en Europa. El sistema está totalmente en crisis, su base de funcionamiento es la represión, el control de la población, la desaparición de la oposición visible, por lo que la libertad de expresión es un campo de lucha. E irá a peor, porque temen una sublevación. Seguirán con la máscara de la democracia, pero con las manos de la dictadura”, sin poder huir del pesimismo de cara al futuro más inmediato.

Y lo concreta con su experiencia respecto al movimiento de los chalecos amarillos. “Hemos empezado a conocer un movimiento de población precaria muy despolitizado, poco organizado, que oscila entre posiciones revolucionarias contra las élites y posiciones de extrema derecha, poder fuerte y militarización. Debemos estar presentes en el movimiento para politizarlo y fijar la posición revolucionaria. Si no lo hacemos está claro que vamos hacia el autoritarismo fascista”.

Sin categoría

Traducimos al castellano dos artículos publicados en catalán en el número 539 de La Directa, firmados el primero por Ester Fayos, Gemma García y Vicent Almela y el segundo por éste último, donde se tratan algunos aspectos de la evidencia resumida en el dicho popular que hemos puesto en el título y se puede encontrar escrito en las paredes de cualquier prisión del territorio dominado por el Estado español. El cartel de arriba es la convocatoria de sendas mesas redondas sobre este tema convocadas en Castellón para el próximo viernes, 11 de febrero, y en Barcelona para el jueves de la semana que viene, 24 de febrero.

VIDAS MARCADAS POR LA POBREZA Y LA CÁRCEL

La comisión de delitos condicionados por el entorno socioeconómico o la imposibilidad de hacer frente al pago de penas de multa aboca a muchas personas a los centros penitenciarios y a un escenario de indefensión antes, durante y después de cumplir la condena

Una muda de ropa, utensilios de higiene personal y documentación. Esto es todo lo que lleva en una mochila Marouan Daif desde que vive en la calle. El peso más pesado que arrastra es el paso por la cárcel. Ha ingresado en los centros del complejo de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) en tres ocasiones: veinte días, un mes y dos semanas –respectivamente– por no haber pagado multas derivadas de delitos leves en los últimos cuatro años. De alguna de estas condenas no se enteró hasta que la policía le detuvo para decirle que estaba en busca y captura. De otras supo cuando los plazos para pagar o sustituir el ingreso por trabajos en beneficio de la comunidad ya habían expirado. Pronto podría estar de nuevo entre rejas si no hace frente al pago fraccionado de una nueva pena de multa que ha establecido un juez. En origen, carga una vida familiar complicada, un proceso migratorio y un estado de salud delicado que le han llevado donde está: “La calle me está pasando mucha factura, nunca había entrado en prisión”.

En el caso de Daif, las entradas en prisión son consecuencia de peleas en la calle, pero también hay muchas personas en situación de calle o con graves dificultades económicas, sociales y de salud que acaban privadas de libertad por hurtos, robos o tráfico de drogas. La pobreza hace más probable el paso por prisión y así lo apuntan las estadísticas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, que recogen porcentajes relevantes de encarcelamientos por hechos delictivos muy relacionados con la carencia de recursos o con situaciones de marginalidad. Asimismo, también transparentan la discriminación por origen, incluso antes de la condena: las personas “extranjeras” –aquellas que no tienen regularizada su situación administrativa, las que tienen NIE, pero no nacionalidad, y las que son ciudadanas de otros estados de la UE– ingresan más del doble de veces en prisión preventiva que el resto, puesto que, para dictarla, la ley de enjuiciamiento criminal tiene en cuenta el arraigo “laboral” y “familiar”.

Los datos más recientes disponibles de Cataluña (31 de diciembre de 2020), Comunidad Valenciana e Islas (14 de enero de 2022) revelan que más de un tercio de las personas presas cumplían condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico ( el 40% en Cataluña, el 35,8% en País Valenciano y el 38,9% en Islas) y casi una quinta parte, por delitos contra la salud pública, en gran parte relacionados con el tráfico de drogas (17% en Cataluña , 16% en País Valencia y 18% en Islas). Si lo desgranamos con las estadísticas del mismo año incluidas en el informe SPACE del Consejo de Europa, aflora que, en el Estado español, el 36% de los delitos son robos y hurtos, y el 17% son contra la salud pública. La experiencia del abogado Xavier Muñoz, quien cada quince días se desplaza a la cárcel de Wad-Ras (Barcelona) para brindar asesoramiento gratuito, lo avala: “Hay muchas personas encarceladas por okupaciones, hurtos, venta de droga o por pinchar la luz. En definitiva, por delitos derivados de situaciones de pobreza”.

Las cifras contrastan con que en Cataluña en el 2020 sólo 36 personas fueron privadas de libertad por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social, como el fraude fiscal; y únicamente once por delitos contra la administración pública, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Las personas ricas o famosas inmersas en procedimientos judiciales por fraude fiscal o corrupción a menudo consiguen librarse de la cárcel recurriendo a lo que en términos jurídicos se llama «conformidad previa a juicio», consistente en pactar con la Fiscalía una condena más baja para eludir la prisión ya cambio declarar su culpabilidad y asumir la responsabilidad civil devolviendo las cantidades apropiadas ilícitamente más una multa económica. Mientras Marouan Daif ha pasado más de dos meses en prisión por no pagar penas de multa, el abogado Emilio Cuatrecasas evitó pisarla en el 2014, a pesar de haber confesado un fraude de 4,1 millones de euros a Hacienda a través de un entramado societario.

Entre rejas por no poder pagar

Una de las realidades que mejor refleja el estrecho nexo entre carencia de recursos económicos y encarcelamiento es la aplicación de las penas de multa, una pena pecuniaria que consiste en la imposición del abono de una cantidad de dinero a raíz de la comisión determinados delitos. Si no se satisface el pago, se activa la responsabilidad personal subsidiaria (RPS) que, en términos generales, significa un día de prisión por cada dos días de cuota pendiente. Desde Metzineres, una entidad que acompaña a mujeres y personas no binarias que viven múltiples situaciones de violencia, la abogada Marta Valldaura alerta de que entrar en prisión en estas circunstancias comporta que se rompan procesos: “Hay mujeres que habían logrado acceder a un albergue y pierden la plaza o personas con problemas de salud mental que ven truncada su medicación o las visitas con profesionales”.

Susana Moreno entró por primera vez en el penal de Wad-Ras con 18 años, ahora tiene 53. La vida en la calle la llevó a consumir drogas y las drogas a vivir en la calle. Es difícil averiguar por qué orden. “Robaba para cubrir las necesidades de consumo, para encontrarme bien. Sólo lo entiende quien lo ha pasado”, reconoce. Los pequeños hurtos se convirtieron en penas de multa y los impagos en prisión. Ha entrado cuatro veces a lo largo de su vida: en total, más de siete años entre rejas. El sufrimiento ha moldeado las facciones de su cara, pero las ganas de salir adelante se leen en el destello de sus ojos: “Había cosas que no me gustaban de la sociedad, me removieron mucho y terminé cayendo en heroína. Fueron años muy duros, perdí a mucha gente que amaba, pero la última vez en prisión me dije que sería la última”. Ha tejido un vínculo estrecho con Metzineres y ahora vive en una habitación en el barrio barcelonés del Raval, el único que puede permitirse con una pensión de 400 euros, de la que aún pierde más de cien al mes, intuye que por alguna pena de multa pendiente.

También por hurtos inferiores a 400 euros, Laura Iñigo lleva seis meses privada de libertad en Barcelona. Con tan sólo 18 años, Eduardo Prado cumple pena de cárcel en Picassent (l’Horta Sud) porque no pudo pagar una multa de cien euros por lesiones. Diana Rueda, aunque actualmente se encuentra en tercer grado por robo en un domicilio, pisó por primera vez un centro con la mayoría de edad cumplida debido a no pagar una pena de multa por robar una moto. Son sólo algunas historias, con nombres ficticios, que se esconden detrás de las cifras de ingresos por cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. Representan una parte relevante del total y han experimentado una tendencia al alza en los últimos años.

Condenadas sin saberlo

Según datos facilitados por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña a la Directa, en los últimos dos años, entre un 12% y un 13% de la población reclusa lo está por penas de multa, 1.018 en 2020 y 947 en 2021; y, desde 2017, los números absolutos no han parado de crecer. El abogado Xavier Muñoz está convencido de que la crisis económica derivada del COVID-19, así como las restricciones en la movilidad, la incomunicación con los juzgados y la consiguiente desconexión de los procedimientos, han incrementado este tipo de ingresos.

De acuerdo con el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña, de 2014, elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dos terceras partes de las personas presas por impago de multa son “extranjeras” y han cometido un delito contra la propiedad , casi la mitad tiene antecedentes, y la mayoría tienen como máximo estudios primarios y carecen de domicilio fijo o residen fuera de Cataluña.

Precisamente, el no estar localizable y que no sea obligatorio contar con abogada ante un delito leve hace que muchas condenadas no sepan ni que lo están. De este modo, se les acumulan causas y un día la policía las identifica por la calle y quedan detenidas, como le ocurrió a Marouan Daif. «Se hace un juicio y se dicta una sentencia sin ellas, que no pueden recurrir», lamenta Marta Valldaura. El desconocimiento es el primer eslabón de indefensión que también señala Bea Fernández, responsable del servicio jurídico de la Fundación Arrels: “Puede que las personas sin hogar hayan sido ilocalizables durante muchos años y se les generen asuntos judiciales que no controlan”. Además, si la afectada no lo solicita antes de que se dicte sentencia, pierde la posibilidad de optar a la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

Si logran empadronarse en el centro de alguna entidad o en un domicilio fijo, es cuando comienzan a emerger las citaciones o notificaciones judiciales. En plural, porque el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña subraya que un 53,4% de las penadas con penas de multa reincide; lo que, según las responsables del estudio, evidencia «la poca eficacia de esta medida».

La desproporcionalidad

El Código Penal contempla un sistema de proporcionalidad para penas de multa en función de la “situación económica del preso, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, una idea que se refuerza desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: «El juez hace una consulta oficial a la administración correspondiente». Ahora bien, de la teoría a la práctica, según Muñoz, existe un largo trayecto. Este letrado lamenta que normalmente no se indaga y acaba siendo una pena desproporcionada para una persona empobrecida.

El informe “La prisión por impago de multa en Cataluña”, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en 2016 va más allá y denuncia que “las carencias procesales, organizativas y materiales dificultan la adecuada indagación de la auténtica capacidad económica en los dos grupos de casos más extremos”, en referencia a quien dispone de recursos elevados y a quien se encuentra en situación de exclusión social o con ingresos modestos. A los primeros, por imponerla inferior a la disponibilidad económica y, a los segundos, todo lo contrario.

Al margen de los motivos del ingreso, la falta de recursos económicos también deja huella en el paso por la cárcel y la posibilidad de volver a ella. Las expertas en sociología y derecho entrevistadas coinciden en afirmar que el combate contra la reincidencia es poco fructífero porque no se erradican las causas que motivaron las conductas delictivas, como la pobreza, la marginalidad o los problemas de drogodependencia. De hecho, según el citado informe, un 48,3 % de la población interna reincidente que se evaluó presentaba problemas de empleo y un 40,2% problemas económicos.

«La prisión es un círculo muy peligroso», apunta Cristina Garés, psicóloga y miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH). Especializada en criminología y sociología, Garés advierte que si sales y no hay un buen acompañamiento, las posibilidades de volver a delinquir son mucho más altas. Cuando una persona abandona la cárcel, puede solicitar el subsidio para personas liberadas de prisión –de 463,21 euros, actualmente– una cuantía que, para Diego Salvador, psicólogo de Iniciativas Solidarias, una entidad que acompaña a presas y expresas, no es suficiente para poder hacer frente a las necesidades básicas. Por eso, suelen priorizar la búsqueda de trabajo, que puede eternizarse por la misma estigmatización y aislamiento que sufre la población exreclusa: “La sociedad no quiere contratar a un camarero o a un cocinero que ha estado en prisión. Además, los vínculos sociales creados se han cortado. Todo esto todavía les aboca más a la pobreza y es muy sencillo volver a la vida que tenían antes”, advierte.

La historia de Donatello Priami ejemplifica a la perfección cómo la prisión agrava la situación de vulnerabilidad o cómo, incluso, puede conducir a ella. Priami trabajaba como cocinero en un restaurante de Valencia, hasta que fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de injurias. A los tres meses y medio logró la libertad condicional, pero volvió a delinquir, porque, aunque lo intentó, no logró un nuevo puesto de trabajo. «Vendía marihuana para obtener algunos ingresos, me pillaron y me encerraron seis meses más», relata. Hace dos semanas que recuperó la libertad, pero el miedo a enfrentarse de nuevo a la pobreza le persigue.

Defensa precaria

“Dentro, sin una familia que te meta dinero todos los meses, tampoco es nada fácil sobrevivir y, mucho menos, defenderte”. Son palabras de Jaime Trapote quien, con 44 años, ha pasado más de la mitad de su vida encarcelado. A los 15 años pisó un centro penitenciario por primera vez, pero, después de tres días insistiendo en que era menor de edad, le trasladaron de Alcalá-Meco a un centro de menores, del que se escapaba siempre que podía. Nacido en una familia de clase obrera, con 23 años empezó a cumplir la primera condena por varios robos, reincidiendo hasta en catorce ocasiones. Hace menos de un mes, salió de la cácel de Villena, en l’Alt Vinalopóe, recuperando la libertad  después de once años y catorce días encerrado.

Trapote destaca la «pésima» asistencia jurídica gratuita que ha recibido, bien por la «falta de conocimientos y compromiso» de algunas letradas o bien por las reiteradas sustituciones de estas profesionales. A lo largo de la última condena, el ex preso se vio inmerso en toda una odisea para recibir la asistencia legal: “Tuve que esperar meses y meses. Incluso puse una reclamación, que me desestimaron porque decían que ya me habían visitado, pero no era cierto”.

La ley 1/1996, así como los decretos 252/2016 y 17/2017 de la Generalidad de Cataluña y la Valenciana, respectivamente, permiten a las personas en situación de vulnerabilidad solicitar asesoramiento y defensa gratuita. Las abogadas asumen la defensa de la acusada durante todo el procedimiento judicial y, obligatoriamente, deben seguir ofreciendo servicio durante los dos años posteriores a la sentencia. Sin embargo, la abogada de la asociación valenciana Àmbit, Pilar Serrano, denuncia que “muchas veces, los compañeros de oficio entienden que con la sentencia ha terminado su trabajo y la ejecución de la pena se queda coja de asesoramiento” . Comparte la mirada crítica Salvador, quien recuerda que la indefensión jurídica ha marcado el futuro de algunas de las personas que ha acompañado: “Ha habido casos en los que los recursos no han llegado a tiempo o el acusado no conocía a su abogado ni la estrategia jurídica”.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no lo ha sufrido en propia piel, pero sí ha podido testimoniarlo durante su paso por las prisiones de Lledoners (El Bages) y Soto del Real (Madrid), donde ha estado tres años y ocho meses. Cuixart ha conocido a reclusos que no podían ejercer sus derechos penitenciarios por desconocimiento o falta de capacidad para defenderlos: “Si tienes dinero para unos buenos abogados, puedes ir batallando y, al final, un traficante condenado a quince años puede llegar a salir antes que un pequeño vendedor de barrio con recursos limitados y decenas de condenas menores, derivadas de problemas estructurales”, ejemplifica. La eficiencia del servicio de asesoramiento gratuito dentro, por Cuixart, «siempre depende del compromiso de la dirección de la prisión y, en última instancia, del responsable del módulo».

La condena a la soledad

Además del asesoramiento jurídico, la red de apoyo también es un salvavidas en la cárcel y Luis Antonio Machado no la tuvo. Se quedó huérfano cuando tenía sólo 5 años y los reformatorios y la calle se convirtieron en sus lugares de residencia. Cuando cumplió 18 años, sufrió su primera condena en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. Ha estado entre barrotes en tres ocasiones, la última por un delito de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, con una pena de nueve años y medio que sigue cumpliendo en régimen abierto en Valencia, donde vive, en uno de los espacios que habilita a la entidad Casal de la Pau para personas en libertad condicional o que acaban de salir de la cárcel.

Durante el cumplimiento de la última condena, Machado debía trabajar para cubrir algunas de las necesidades básicas dentro del centro. Al poco de entrar, le ofrecieron trabajar como bibliotecario y aceptó el lugar sin dudarlo. Por una jornada de cuarenta horas semanales, cobraba 212 euros al mes, de los que una pequeña parte la destinaba a comprar comida o productos de higiene en el economato penitenciario. “No tener familia fue lo peor –explica Machado–, porque te encuentras solo ante el peligro. Cuando entre en prisión, tengo que defenderme en todos los sentidos: física, económica y moralmente”.

Machado no pudo contar con un contrafuerte familiar, pero tenerlo tampoco es garantía de poder disponer de recursos económicos suficientes. Según un estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión del año 2008, elaborado por la Red de Atención a las Adicciones en colaboración con el Ministerio de Sanidad español, el perfil familiar predominante se caracteriza por las carencias económicas: el 36,6% de los padres son pensionistas y el 45,8% de las madres son trabajadoras del hogar.

Mari Carmen Molina es una de estas madres con dificultades para apoyar económicamente a su hijo, que desde hace dos años cumple condena en la cárcel de Córdoba, a más de 500 kilómetros de Xilxes (la Plana Baixa), su pueblo natal . Hace dos años que su familia no le ve. El marido de Molina se encuentra en paro y ella perdió su puesto de trabajo en un almacén de naranja después de un accidente. Con el tiempo se recuperó, pero no volvieron a contratarla y tuvo que sobrevivir con un subsidio de 400 euros al mes. «Intentamos visitarlo en dos ocasiones, pero el viaje costaba unos 400 euros, entre transporte, comida, hotel…», lamenta.

Si la pobreza condiciona la entrada y el paso por prisión, la salida no es una excepción. A la hora de obtener permisos, tercer grado o libertad condicional, juega un papel clave el hecho de poder vivir en un espacio adecuado para la reinserción o disponer de una residencia legal. Pero la realidad en España es que el 57,5 ​​% de las personas presas no disponen de vivienda propia o de alquiler, según la Red de Atención a las Adicciones. Las trabas crecen en el caso de la población penitenciaria extranjera que no tiene residencia legal en el Estado y con quien, según el abogado Xavier Muñoz, «las instituciones penitenciarias catalanas son especialmente restrictivas respecto a la concesión de beneficios penitenciarios». En estos casos, entidades como Àmbit o Arrels trabajan para ofrecer una alternativa habitacional en residencias o pisos de acogida.

Acompañar a la gente presa

Las entidades no hacen ni mucho menos el único acompañamiento a la población reclusa. Las asociaciones de familiares, los grupos de apoyo y los colectivos anticarcelarios también atienden a necesidades básicas de las personas presas, pero de forma autogestionada. La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos (AFAPE) sembró una semilla en este sentido en 1976, cuando nació en el marco de la lucha de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), y ha servido de referente para a la aparición de otros espacios, como la gallega Nais contra la impunidade, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria o Familias de Presos en Cataluña. Gracia Amo, portavoz de la asociación catalana de familiares, considera que tienen un conocimiento más directo de las necesidades a cubrir, en la mayoría de casos asociadas a problemas de pobreza: “Ingresamos peculio periódicamente, entramos ropa, pagamos abogados para conseguir derechos básicos y visitas psiquiátricas… Intentamos sacar dinero de donde sea para hacer frente a las necesidades”.

La tercera pata en el acompañamiento de personas presas es lo que ofrecen desde los grupos de apoyo y colectivos anticarcelarios, como Tokata, La Corda o Fuig. Fernando Alcatraz, miembro del colectivo Tokata de Valencia, recuerda que en los orígenes de los grupos de apoyo, en los años setenta, los barrios se implicaban para intentar excarcelar a los presos. Ahora, en cambio, su labor se centra principalmente en paliar las carencias afectivas, denunciar las vulneraciones de derechos, facilitar que se coordinen dentro para poner en marcha acciones y luchar contra la indefensión jurídica.

‘VAGOS’, MALEANTES Y OTRAS DISIDENCIAS INCÓMODAS PARA EL SISTEMA PENAL

Un repaso histórico muestra cómo la cárcel, desde sus orígenes en el siglo XVII, se ha utilizado para ‘sacar de la circulación’ los sectores abocados a la exclusión social

Desestructuración familiar, dificultades afectivas, rebeldía adolescente, marginación social, pobreza y violencia. Éstos son los patrones comunes que encontró Daniel Pont entre la población penitenciaria la primera vez que ingresó en una cárcel en 1967, poco después de cumplir la mayoría de edad. Haber cometido algunos delitos menores durante la adolescencia le convirtió en una víctima más de la entonces llamada ley de vagos y maleantes, aprobada por las Cortes de la Segunda República en 1933, en lo referente al tratamiento penal de personas sin techo, que practicaban la mendicidad, trabajadoras sexuales, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales por parte del gobierno republicano, y que posteriormente fue ampliada por la dictadura franquista para reprimir también la homosexualidad. Esta legislación, basada en el concepto de higienismo social no sancionaba delitos sino conductas, intentando evitar su comisión futura, por lo que incluía medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos. Pont pasó cuatro años de prisión en prisión por todo el Estado, en los entonces llamados «reformatorios de vagos y maleantes», que en la práctica resultaban ser campos de trabajo forzado para personas sin recursos.

“Con 22 años salí de prisión con un odio social muy fuerte, que me llevó a cometer delitos mayores, sobre todo atracos, y a volver a ingresar en prisión pocos años después”. En esta segunda ocasión, aparte de la condena asociada a un delito de atraco, se le aplicaría también la entonces recientemente aprobada ley de peligrosidad social –que en 1970 había sustituido a la ley de vagos y maleantes–, que le comportaría de nuevo cumplir la condena “a pulso” –sin beneficio penitenciario ni rebaja–, lo que le mantuvo privado de libertad hasta 1979. Precisamente, una de las reivindicaciones de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que se fundó en la prisión de Carabanchel a finales de 1976 con el objetivo de luchar para que la nueva ley de amnistía para las personas presas políticas de la dictadura que estaba en proceso de negociación incluyera también a los presos sociales –los cuales, finalmente, quedarían excluidos– y en la que Daniel Pont tuvo un rol muy activo, fue acabar con estas jurisdicciones especiales que suponían una doble condena para las personas sin recursos: una por su perfil social de “posible” delincuente, y la otra por los delitos cometidos.

Código Penal con mayor penalidad

“El uso del sistema penal y la reclusión de los pobres para ponerlos a trabajar es muy anterior a la ley de vagos y maleantes. De hecho, la misma genealogía de la cárcel en el siglo XVII, mediante las llamadas casas de corrección, ya lo contemplaba”, recuerda César Lorenzo, doctor en Historia y autor del libro Cárceles en llamas (Virus Editorial, 2013). En España, según explica Lorenzo, el sistema penal sigue desde el principio la misma doctrina “encerrar a la gente marginal por su comportamiento antisocial y a las personas que atentan contra la seguridad o la moral del régimen”, y añade que después se aplican leyes como la de vagos y maleantes y peligrosidad social, “que les vienen muy bien también para criminalizar y perseguir a los obreros de las fábricas, especialmente anarquistas, y cualquier disidencia política del momento”.

Con el fin de la dictadura y el inicio del llamado proceso de Transición democrática se producen algunos cambios y reformas en el Código Penal, como la eliminación de las sanciones a las personas por su orientación sexual y, en 1983, se producía la excarcelación de una parte considerable –5.000 personas– de la población penitenciaria preventiva, que rondaba el 40% del total, mediante la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de las reformas, la ley de peligrosidad social seguiría activa hasta el nuevo Código Penal de 1995, considerado por mucha gente el primero de la democracia.

“Paradójicamente, es con este nuevo Código Penal cuando se produce el mayor aumento de población penitenciaria de la historia”, explica Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En todo el Estado se pasa de 44.000 personas presas en 1995 a 74.000 en 2010. Según describe Rivera, existen varios factores que explican este aumento de la población entre rejas: “Por un lado, el aumento de la penalidad, impulsada por estrategias de alarma social y el populismo punitivo, hacia dos tipos de delitos vinculados a situaciones de pobreza y marginalidad, como son los delitos contra el patrimonio y la salud pública; por otra, la eliminación de la redención de penas por trabajo incluida en el anterior Código Penal y la dificultad para acceder a beneficios penitenciarios, lo que supondría que quien entraba en prisión se quedaba mucho más tiempo y, por último, la nueva penalidad hacia las mujeres y las personas migrantes recién llegadas”. Según Rivera, el perfil de las víctimas del sistema penal ha ido cambiando, pero siempre responde al mismo patrón: personas que estructuralmente tienen menos recursos.

Ser mujer es otro de los factores que penalizan dentro de la población penitenciaria. Isabel Almeda Samaranch, profesora y catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona, ​​conoce bien esta intersección entre migración y pobreza en las mujeres presas: “La prisión afecta sobre todo a mujeres que ya estaban excluidas previamente a su proceso de privación de libertad, principalmente mujeres migradas, sin redes de contención, que han sufrido violencia –física o estructural– o usuarias de drogas en contextos de marginalidad”. Más de un 90% de mujeres que cumplen prisión están condenadas por delitos contra el patrimonio –por robos vinculados al consumo o la supervivencia– o contra la salud pública –por el mercadeo o transporte de sustancias a través de fronteras, normalmente ejerciendo de lo que se conoce como “mulas”. El Estado español tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de mujeres de la Unión Europea (alrededor del 7%), algo que, según Almeda, se explica en la alta feminización de la pobreza, el poco desarrollo de el estado del bienestar, la fuerte criminalización de las migraciones, la progresión de las políticas punitivistas y la falta de alternativas a la prisión y de una sociedad civil organizada en torno a este tema. “La cárcel es la punta del iceberg del patriarcado. Una prisión nunca puede ser feminista, pero es una cuestión feminista, que desde los feminismos debemos abordar”.

Nuevas represiones

La tendencia de crecimiento continuo de la población penitenciaria se detuvo hace una década, cuando las estadísticas de personas privadas de libertad –tanto en los Països Catalans como en el Estado español– comienzan a disminuir, algo que se intenta explicar desde diferentes campos del derecho penal y la sociología. Según Iñaki Rivera, la explicación de este fenómeno es muy clara: la expulsión masiva de personas migradas a sus países de origen y el inicio de lo que llama la “burorrepresión”. “Llega un punto en el que las prisiones comienzan a ser insostenibles por el estado en términos económicos, y, por tanto, estratégicamente, se buscan nuevas fórmulas sancionadoras que implican recaudar fondos para las arcas públicas y gastar lo menos posible”. El mejor ejemplo es la nueva Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, en la que se tipifican nuevas infracciones administrativas y se incrementa la cuantía de las sanciones, que de nuevo encuentran a sus principales infractoras en el mismo sector social de siempre: jóvenes, personas que provienen de entornos de marginalidad, disidentes políticas y personas migradas.

«No es casualidad que el sistema penal actúe de nuevo selectivamente contra este sector social» explica Rivera. Este hecho viene facilitado, según el jurista, por «la docilidad de una sociedad cada vez más plastificada e individualista que no da ni construye ninguna resistencia colectiva para erradicar la criminalización de la pobreza y la disidencia». Y avisa que, si no nos implicamos, deberemos prepararnos para tiempos mucho peores: “Veremos cuál será el próximo objetivo del sistema penal”.

Indefensión jurídica Mujeres presas Sociedad-cárcel Vagos y maleantes

A continuación, traducido al castellano, un artículo publicado anteayer en la web de La Directa por el compañero Vicent Almela. Habla de las tres muertes por supuesto suicidio ocurridas en cárceles catalanas en los últimos diez días, dos de ellas en departamentos de aislamiento, y de la crueldad de estos lugares de castigo máximo, tan inhumanos en las cárceles de Cataluña como en las del resto del territorio dominado por el Estado español, donde van a parar muchas personas con enfermedad mental y otras muchas enferman al ser obligadas a vivir en condiciones de privación, violencia y constricción en las que es imposible vivir. Pero encerrar allí para machacarlas a las personas que dan problemas es, no el último, sino el primer recurso de esa máquina punitiva estatal que con insultante desvergüenza proclama que su finalidad es la «rehabilitación» de los delincuentes. En esos horribles lugares se ha empujado, se empuja y se empujará al «suicidio» a mucha gente. ¿Al suicidio? ¿Quién sabe? Porque ahí los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejercidos sistemática e impunemente, sin ningún control ni garantía de la integridad de quienes los sufren, son el pan de cada día. No sabemos si la «sociedad catalana» es un poco más o un poco menos hipócrita que la que vegeta en el resto del territorio explotado bajo bandera española, pero en todas partes sus actos y el brutal cinismo con el que se ríen de los «convenios», reproches y «recomendaciones» de los «organismos internacionales de defensa de los derechos humanos» desmienten los gestos aperturistas y la palabrería humanitaria con que los políticos, la «sociedad civil» y otros agentes de la opresión capitalista intentan legitimar la violencia a la que sirven.

UNO DE CADA TRES SUICIDIOS EN CÁRCELES CATALANAS SE PRODUCE EN CELDAS DE AISLAMIENTO

Según expertas en el campo de la psiquiatría, más de la mitad de las personas encerradas en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) sufre algún tipo de trastorno mental. Familiares, entidades de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas urgen al Departamento de Justicia la no aplicación de este régimen de internamiento después de un aumento alarmante de los suicidios en las cárceles catalanas. De los ocho suicidios que se han conocido en las prisiones catalanas en los primeros seis meses del año, tres se han producido en un DERT, más de la tercera parte, aunque en estas dependencias se confina tan sólo un 2 % de la población reclusa.

En abril de 2017, Mohamed Choulli participaba como testigo ante el Parlament de Cataluña en el grupo de trabajo sobre el Régimen de Aislamiento de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) en las prisiones catalanas, donde por primera vez, y gracias a las constantes denuncias y presión por parte de diferentes entidades y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, se ponía en cuestión la legitimidad del régimen de aislamiento en los centros carcelarios de un estado de derecho en pleno siglo XXI. En su testimonio, propuesto por el grupo parlamentario de la CUP y que se hizo mediante una entrevista presencial de dos diputadas en la prisión de Brians 2, donde se encontraba privado de libertad, Choulli  –de sólo 25 años en ese momento y cinco de ellos preso– explicó en primera persona cómo se siente alguien después de pasar de 18 a 22 horas al día aislado en una celda, sin realizar ninguna clase de actividad tratamental ni establecer ningún contacto humano con otras personas, en algunos casos durante varios años de su vida. Lo conocía bien después de pasar largos periodos de tiempo en este régimen de vida, clasificado en primer grado o cumpliendo sanciones disciplinarias, en diferentes centros penitenciarios catalanes (Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners y Mas d’Enric ), porque, según instituciones penitenciarias, «no se adaptaba al régimen de vida ordinario de los centros».

Ante ese mismo grupo de trabajo, el entonces director de Brians, Juan Carlos Navarro, reconocía que la dirección era consciente de la situación y que, al igual que muchos de los internos que pasan por los DERT, esta persona estaba diagnosticada con un trastorno límite de personalidad y tenía tendencia a las autolesiones. Pau Pérez, psiquiatra experto en la aplicación del Protocolo de Estambul a personas detenidas y miembro del Equipo Asesor del Mecanismo Estatal para la Prevención de la Tortura, también compareció en este mismo grupo de trabajo poco después. En su intervención, el doctor aseguraba que, en muchos casos, las personas con patologías mentales en prisión terminan en los DERT porque, por el mismo hecho de sufrir enfermedades mentales, toleran peor el ambiente de prisión y acaban teniendo sanciones y son llevados a aislamiento, sea como sanción o por clasificación y asignación de régimen de vida. «Si se estima que alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno, esta cifra aumenta mucho si hablamos de los DERT. Ahora bien, si sólo consideramos como trastornos mentales agudos la esquizofrenia y el trastorno bipolar, las cifras serían bajas, entre un 6 y un 7%, pero la realidad nos dice que hay muchos otros tipos de trastornos que pueden conducir una persona a la autolesión o el suicidio». Pérez concluía en su intervención que esto supone un grave problema, ya que «los DERT no pueden servir como espacio de gestión de las personas con patologías mentales, las cuales deben ser tratadas desde una lógica médica y nunca disciplinaria».

Tras su comparecencia en este grupo de trabajo, en abril de 2017, Mohamed Choulli pidió al Parlament una protección especial por miedo a represalias, pero nunca se le concedió. Poco después, lo trasladaron a la prisión de Mas d’Enric, donde en junio de 2020 denunció amenazas y malos tratos por algunos carceleros del centro mientras se encontraba de nuevo clasificado en aislamiento y, según su testimonio, intentó suicidarse colgándose con una sábana en la celda donde estaba encerrado. Tanto el Sistema de Registro y Comunicación para las Víctimas de Violencia Institucional (SIRECOVI) como su abogada denunciaron estos hechos ante las instituciones penitenciarias, e incluso la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió un comunicado urgente instando a las autoridades españolas a actuar, esclarecer los hechos y asegurar la integridad física y mental de Choulli durante su estancia en prisión.

Las recomendaciones y advertencias de las entidades y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos no tuvieron mucho efecto en las siguientes actuaciones de las instituciones penitenciarias que, pocos días después de este incidente, trasladaban a Choulli a la prisión de Puig de les Basses (Figueres), situada a más de 200 kilómetros, sin previo aviso –ni a él ni a su familia– y, poco después, era clasificado de nuevo en primer grado con la aplicación del protocolo antisuicidio, lo que supone estar encerrado en un DERT con otra persona en la celda. Este protocolo no pudo evitar la muerte de Choulli, el 27 de junio, debido a un incendio en su lugar de cautiverio, en el DERT de Puig de les Basses, donde otros dos presos resultaron heridos por inhalación de humo. Según el Departamento de Justicia, el incendio lo habrían provocado los tres internos, aunque la investigación continúa abierta. El defensor del pueblo ha abierto una actuación de oficio y la familia de Choulli considera la posibilidad de emprender acciones legales para esclarecer la causa del siniestro.

La muerte de Mohamed Choulli no ha sido la única que se ha dado a los DERT de las cárceles catalanas durante el último mes, y es que el 3 de julio, Ana, una joven de 19 años, se suicidaba –según fuentes de instituciones penitenciarias– en el módulo de aislamiento del centro de Brians 1, mientras cumplía una sanción disciplinaria. Según los datos del Departamento de Justicia, alrededor de un 2% de la población penitenciaria en Cataluña se encuentra encerrada en un DERT –hoy hay 144 personas–, sea por su clasificación en primer grado, en virtud del cual pasan hasta dieciocho horas encerradas, o por una sanción disciplinaria, que puede alargar el castigo hasta 42 días, si se encadenan sanciones, y la permanencia en la celda es de 22 horas diarias. Aunque representan un pequeño porcentaje de la población penitenciaria, según las estadísticas, un tercio de los suicidios en las cárceles se produce en estos departamentos.

De los ocho suicidios que ha habido en las prisiones catalanas en los primeros seis meses del año, tres han sido en los DERT. La proporción de mujeres muertas en aislamiento es superior a la media de los hombres, ya que, aunque sólo suponen el 7% de la población penitenciaria, en torno a un 20% de suicidios que ha habido estos últimos cinco años los DERT los han protagonizado mujeres. Según datos facilitados a la Directa por parte del Departamento de Justicia, durante los seis primeros meses del año un total de 21 personas han muerto en las cárceles catalanas, siete de ellas todavía a la espera de autopsia para determinar las causas, ocho por suicidio y seis por «causa natural».

Frente común por la «no aplicación del aislamiento»

Poco después de finalizar sus tareas el grupo de trabajo sobre el DERT del Parlament de Cataluña en 2017, el entonces director general de Servicios Penitenciarios Amand Calderó –que dimitía del cargo la semana pasada poco después de que Lourdes Ciuró (Junts) cogiera la cartera de Justicia a finales de mayo– emitía la Circular 2/2017. Este documento regulaba, en el plano teórico, algunos aspectos de la organización y la intervención en los departamentos de aislamiento de las prisiones catalanas según las sugerencias hechas por entidades y organizaciones al grupo de trabajo. Sin embargo, según explican desde las entidades que monitorizan el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios, esta normativa sigue siendo insuficiente y muchas veces no se tiene constancia de que se terminen aplicando todas las regulaciones que contempla, ya que no se realiza ningún auditoría donde se pueda compartir la información de forma transparente.

«La sensación con la aplicación de la nueva circular fue agridulce», explica Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona que también participó como testigo en el grupo de trabajo del Parlament sobre los DERT porque, a pesar de las intenciones del Departamento, cree que se perdió una muy buena oportunidad para acabar con un régimen de vida en las cárceles catalanas que posibilita que se produzcan incidentes graves de violencia institucional y suicidios como los que hemos visto las últimas semanas. «Nosotros, desde el OSPDH, estamos en contra de regular espacios donde se posibilita la violencia institucional. Por lo tanto, creemos que estos espacios deberían erradicar y no aplicar el aislamiento», afirma.

Lo mismo opina Mireia Salazar, abogada del centro para la defensa de los derechos humanos Iridia que defendió a Mohamed el Choulli durante Los últimos años: «Hay demasiados indicios que muestran que el Aislamiento es un régimen muy lesivo para la salud mental de las personas. Si e cierto que en Cataluña tenemos la competencia de prisiones y cuando las interesa se buscan las fórmulas para aplicar ciertas medidas, ¿por qué no hacemos nada para solucionar este tema? Lo que no puede ser es que las juntas apliquen la clasificación en primer grado tan fácilmente y que luego se lamentan cuando alguien se quita la vida cuando lleva de 18 a 22 horas encerrado en una celda durante tanto tiempo».

Después de las últimas muertes en Brians y Puig de les Basses, una decena de organizaciones en defensa de los derechos humanos, de abogacía y la Asociación de Familias de Presos en Cataluña, han hecho público un comunicado en el que exigían al Departamento de Justicia la no aplicación del aislamiento penitenciario en las cárceles catalanas, la investigación de las últimas muertes y la aplicación de un protocolo de comunicación transparente con las familias cuando se dan estas situaciones.

Reglamentos internacionales como el Protocolo de Estambul o las Reglas Nelson Mandela, así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) de las Naciones Unidas, alertan de las secuelas psicológicas irreversibles que puede conllevar el aislamiento en un Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) durante más de quince días consecutivos. Tanto en España como en Cataluña una persona presa puede estar clasificada en primer grado durante años. “Los DERT en sí mismos son una contradicción según la legislación internacional, la cual choca frontalmente con la Ley Penitenciaria española, que data de 1979. Por lo tanto, no podemos aceptar un régimen de vida dentro de las cárceles que es ilegal según el derecho internacional».

Tanto desde el OSPDH como el centro de Derechos Humanos Iridia, han hecho saber a la Directa que pronto solicitarán una reunión con la nueva consejera de Justicia para pedirle una auditoría y esclarecer las causas de los dos suicidios que se han producido al DERT en las últimas semanas, así como solicitar una revisión de la circular 2/2017 para saber cómo se está aplicando. «Hace cinco años, cuando se hizo el grupo de trabajo sobre el DERT en el Parlament, mucha gente se enteró de la existencia de los DERT, incluso la mayoría de políticos. Ahora, con el nuevo gobierno y la salida de los presos políticos en la calle, les pedimos que no les den la espalda a las cárceles ni caigan en el olvido. Lo mejor que se podría hacer ahora mismo en las cárceles catalanas para evitar estas muertes sería dejar de aplicar el aislamiento a DERT», concluye Rivera.

Cárcel=Tortura La cárcel mata Régimen de Máxima Crueldad

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