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Traducimos el artículo del compañero Vicent Almela que salió publicado el 31 de agosto en la página web de La Directa anunciando el inicio de la huelga de hambre roatativa para denunciar todo lo que atenta contra la vida de las personas presas. El cartel, referido a los disez días de participación en la huelga del comapñero Toni Chavero, lo han elaborado lxs compis del grupo anticarcelario HENAS, de Cantabria.

Una quincena de personas presas inician una nueva huelga de hambre rotativa para denunciar medidas que «atentan contra su vida»

La acción de protesta, que de momento cuenta con la participación de una quincena de internos, pretende visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento, y cómo afectan a las personas presas medidas penales como la dispersión o el incumplimiento en la excarcelación de personas con enfermedades graves o padecimientos psíquicos, a pesar de estar recogidas y reguladas por el mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal.

El martes, 1 de septiembre, comienza una nueva acción de protesta en las cárceles del Estado español. Hace ya más de cuatro años que un grupo de personas presas se está organizando y coordinando con el exterior para intentar recuperar la comunidad de lucha anticarcerària que afloró a finales de los años setenta mediante la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), en la que se implicaron diferentes agentes sociales: personas presas, familias, abogados, grupos de apoyo y entidades de la sociedad civil.

Salvando las distancias y con el contexto actual, las acciones de protesta que se están llevando a cabo, tanto desde dentro como desde fuera de los muros desde julio de 2016, pretenden denunciar y visibilizar las «constantes vulneraciones de derechos fundamentales» que , según expresan las mismas personas presas, continúan sufriendo los centros penitenciarios del Estado. Por este motivo, decidieron elaborar una tabla reivindicativa con catorce puntos concretos, que intentan visibilizar en cada acción de protesta. La mayoría de las reivindicaciones se centran en exigir que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) que respete y aplique artículos recogidos dentro del mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal, como la excarcelación de personas con enfermedades graves o incurables y el acceso a un sistema sanitario igual al de cualquier otra persona. También reclaman medidas recogidas por parte de instancias europeas, entre ellas el Consejo de Europa, como la limitación del tiempo que una persona puede pasar en régimen de aislamiento, que nunca debería superar los quince días debido a los posibles daños psicológicos. Las condiciones que sufren, denuncian, «atentan contra su vida».

Tras el escaso seguimiento y la falta de coordinación y comunicación en la última huelga de hambre, que se puso en marcha en pleno confinamiento el 1 de mayo y duró quince días, en los últimos meses se ha generado un diálogo y un debate intenso entre las personas presas y los grupos de apoyo a la calle para intentar tejer una estrategia conjunta, lograr una mayor repercusión y hacer crecer la comunidad de lucha anticarcelaria. A pesar de las dificultades para establecer comunicación fluida dentro-fuera –ya que la mayoría de personas presas que participan en la propuesta se encuentran recluidas en primer grado y tienen la correspondencia intervenida por parte de la SGIP–, finalmente, se ha decidido repetir el modelo de acción del septiembre del año pasado: ayunos rotativos de diez días a las diferentes cárceles. Es decir, cada diez días, una de las personas presas comenzará una huelga de hambre en una cárcel diferente de España. Cuando esta persona termine la acción, otra comenzará en otro penal. De este modo, la acción de protesta perdura en el tiempo y más personas presas se pueden ir sumando los próximos meses. Por ahora, con la quincena de personas presas que han confirmado su participación, la acción duraría al menos hasta finales del mes de enero.

Aunque el objetivo principal de la acción sigue siendo visibilizar la tabla de catorce puntos, en esta ocasión pretenden poner especial énfasis en las medidas penales que afectan directamente el deterioro de salud de las personas presas: los primeros grados y las celdas de aislamiento, donde pasan hasta 22 horas al día encerradas y donde se producen la mayoría de los suicidios; la dispersión; los malos tratos y las torturas; la no habilitación de espacios adecuados a personas con problemas de salud mental o el incumplimiento en la excarcelación de las personas mayores de setenta años o con enfermedades graves o incurables.

La acción comienza mañana martes en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera (Madrid VII), donde se encuentra recluido Toni Chavero, quien asegura que está dispuesto a sacarla adelante hasta el final para evitar que se pisan continuamente sus derechos y libertades: «Os animo desde esta asquerosa jaula a no caer en el silencio, porque eso es precisamente lo que los hierofantes de la sagrada orden del cepo quieren, que nos apaguemos, que nos disolvamos» y exhorta tambén a sus compañeros a que fluya el dia´logo dentro del espacio de lucha. Hermenegildo Alexis, desde la prisión de Daroca (Zaragoza), reflexiona en su última misiva sobre la utilidad de las huelgas de hambre como acción de protesta: » Creo que son una herramienta de presión que puede ser efectiva. Lo que pasa es que cuesta que se difunda por los medios y por las calles y que llegue a la población cuando se realizan acciones de este tipo. Siguiendo con esto, creo que seria importante conseguir que los medios de comunicación entren en las cárceles para poder difundir la realidad de lxs presxs que tachan de ‘irrecuperables'». Alexis lamenta que «en los patios de las cárceles existe mucho conformismo», pero tiene claro que hay que sobreponerse a esta realidad: «A veces son las minorías las que cambian las cosas o las que empujan lo suficiente para que cambien. Muchas veces es mejor caminar lentos e ir construyendo durante el camino.»

Sin vis a vis y con las comunicaciones limitadas

Desde el 25 de agosto, las personas presas y sus familiares tienen suprimidos los vis a vis presenciales a raíz de una decisión de la SGIP para supuestamente evitar los contagios por Covidien-19 dentro de los centros –en las cárceles catalanas ya se prohibieron el 21 de julio–. Grupos de apoyo, familias y entidades en defensa de los derechos humanos consideran que esta decisión «es absurda», ya que aseguran que los funcionarios entran y salen cada día y siguen dándose permisos de trabajo y terceros grados a los internos y entran profesionales de fuera a hacer talleres. La asociación Familias de Presos en Cataluña denuncia que «el hecho de no ver los familiares, parejas y amigos y recibir un poco de afecto tiene unas consecuencias muy duras para las personas presas, que están muy nerviosas porque ya estuvieron cuatro meses sin vis a vis y ahora de nuevo y no saben cuando los volverán a recuperar.»

Por otra parte, aunque las comunicaciones por locutorio (con cristal de por medio) sí están autorizadas por parte de la SGIP, desde el Grupo de Apoyo a Personas Presas de Lleida denuncian decisiones arbitrarias por parte de la dirección de algunos centros: «la semana pasada llamamos a la cárcel de Daroca para comunicarnos con un preso y nos dijeron que, si éramos de Cataluña, no hacía falta que fuéramos porque no podríamos entrar a comunicar, ni siquiera a través de cristal». Según el abogado Lisandro Giordani, esta decisión «no la puede tomar la dirección de un centro penitenciario sin una orden de la SGIP, por tanto, se trataría de otra vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad».

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Huelga De Hambre Rotativa 2020

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 2-IX-2020)

 

 

Huelga de Hambre Rotativa 2020-2021

La Directa, «medio de comunicación en catalán para la transformación social», ha venido siguiendo y apoyando desde la huelga de hambre colectiva del 1 de mayo de 2018 el intento del que formaba parte aquella de lograr al menos un mínimo de movilización social en defensa de la vida y la dignidad de las personas presas, intento que se articula a través de 14 reivindicaciones que analizan una serie de situaciones en que el ordinario funcionamiento de la máquina punitiva española atenta contra los derechos de la gente presa sometiéndola a menudo a situaciones de trato cruel, inhumano o degradante. Desde entonces, La Directa se ha hecho eco, desde su publicación quincenal en papel y desde su página web, de todas las experiencias y propuestas que han ido dando vida al mencionado proyecto de lucha colectiva, participando en él de esa manera e incluso con publicaciones específicas. En esta ocasión han publicado en su página web otro artículo de Vicent Almela explicando la propuesta de huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. A continuación, una traducción al castellano. El cartel de arriba lo han elaborado lxs compis del Grup de Suport a Presxs de Lleida para pegarlo por las calles durante el primer mes de huelga. Podéis pedirlo por mail en gran formato, a Lleida o a nosotrxs, si queréis imprimirlo. Ya está cerca el 1 de septiembre y el primer ayuno que se iniciará el día 1. Hasta ahora, se han comprometido a ayunar sus diez días diez compañeros presos de forma que la huelga de hambre durará al menos hasta el 10 de diciembre.

Una decena de presos inicia una huelga de hambre rotativa

Como continuación de las protestas que comenzaron hace tres años, el próximo 1 de septiembre, una decena de presos inicia una huelga de hambre rotatoria de diez días cada uno, a diferentes penales del Estado español. Desde dentro de los centros penitenciarios proponen un cambio de planteamiento en la lucha activa para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.

«Hago esta propuesta de que, a partir de la primera quincena de septiembre, en cada cárcel donde nos tienen recluidxs, empecemos cada unx una huelga de hambre de 10 días, donde la gente de la calle nos coordinase para que no coincidiéramos dos en el ayuno y así que durase unos meses, organizándonos para que, cada vez que acabase unx, empezase otrx.» Esta era la propuesta que lanzaba, a finales de mayo, José Ángel Martins Mendoza (Peque) –en una misiva desde el módulo de aislamiento de la prisión de Picassent–, dirigiéndose a todas las personas presas en lucha activa en diferentes penales del Estado español. La nueva acción de protesta se enmarca dentro de la propuesta de lucha que comenzó hace tres años, cuando un grupo de personas encerradas en diferentes centros penitenciarios del Estado pusieron en marcha una propuesta de lucha activa –inspirada en la experiencia de otras luchas anticarceràries del pasado como la COPEL o el APRE– para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que aseguran sufrir por parte de organismos penitenciarios e instituciones públicas mientras se encuentran privadas de libertad.

Después de las diferentes experiencias vividas por parte de las personas presas en los últimos tres años de lucha desde dentro de los muros –en 2018 se hicieron tres huelgas de hambre colectivas y el pasado 1 de mayo, otra–, y los debates recientes con los diferentes grupos de apoyo de todo el Estado, se ha decidido cambiar el planteamiento de la acción de protesta. En este caso, y a diferencia de las anteriores huelgas de hambre colectivas –donde todas las presas comenzaban la acción el mismo día–, se plantean ayunos rotativos de 10 días. Es decir, cada diez días, una de las personas presas que participa en la propuesta pondrá en marcha una huelga de hambre en una prisión determinada. Y cuando esa persona termine la acción, otra comenzará en un penal diferente.

El objetivo de los ayunos sigue siendo visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles y especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los puntos de la tabla. Se trata de un derecho básico de la población penitenciaria reconocido en los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y en el artículo 91 del Código Penal, que actualmente afecta a decenas de internas en España y en las prisiones catalanas. Según explica Peque en su carta, «Sabemos que existen numerosxs compañerxs con enfermedades graves e incurables y sé que por solidaridad, amor propio e indignación frente a la injusticia, han realizado huelgas de hambre por iniciativa propia sin ser consensuadas de forma colectiva, lo que me parecen luchas vacías. Muchas ganas y solidaridad, pero, si lo que deseamos es dar luz a lo que está pasando con muchxs de nuestrxs compañerxs, debe ser, según mi forma de ver, de una manera conjunta.» En estas líneas se refiere a las huelgas de hambre que llevó a cabo Carmen Badía desde la prisión de Zuera –de 54 días y un mes respectivamente los últimos meses–, con la intención de dar visibilidad a su caso y llamar la atención de los organismos internacionales de prevención de la tortura para conseguir su excarcelación por enfermedad grave e incurable. Hay que recordar que Badía continúa actualmente toma el módulo de enfermería de la prisión aragonesa diagnosticada con cáncer de mama y con fuertes dolores corporales.

En las últimas semanas, diferentes grupos de apoyo de todo el Estado se han encargado de hacer llegar el mensaje con la propuesta a las personas presas que participan en la lucha colectiva, y de momento, ya son ocho las internas que se han pronunciado y sumado a la acción. El último en hacerlo ha sido Francisco Aroca Lison (Piyayo) desde el centro penitenciario de Albolote (Granada): «Vamos a organizarnos como sabemos hacer. Gente desde fuera lleva el control y nos va informando en cada prisión donde estamos dispersadxs, para ver como va todo este proceso colectivo. La información es fundamental, así como el diálogo entre nosotrxs. Pienso que esta propuesta está bien pensada, llevémosla a cabo todxs a una.»

Mientras esperan más adhesiones desde dentro de los muros –con las huelguistas actuales la propuesta de lucha se extendería del domingo hasta finales de noviembre–, de momento ya se ha convocado una concentración para el sábado 21 de septiembre fuera de la prisión de Albocàsser (Castellón) «para exigir la excarcelación de las personas gravemente enfermas con padecimientos incurables y en solidaridad con las presas en lucha». Desde el colectivo de apoyo a presas Tokat aconsideran que «se trata de seguir aprendiendo a dialogar, decidir y actuar colectivamente para que sea posible una verdadera lucha social anticarcelaria».

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-VIII-2019]

Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020

La Directa ha publicado en su página web un artículo sobre la convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles a iniciar el próximo 1 de octubre. Lo firma Vicent Almela y también se hace eco, como ha venido haciendo a partir de la convocatoria de huelga de hambre colectiva del último mayo, del contexto y antecedentes de esta propuesta de lucha y de los comunicados y opiniones de varios de sus participantes.

Cinco meses después de la huelga convocada en las cárceles por el primero de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa vuelven a convocar una huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de doce puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen –según las respuestas dadas por el Ministerio del Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de EH Bildu Jon Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales por suicidio–, esta tabla incluye «demandas básicas» para las personas presas, como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento –donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno–, el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de los centros, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) –con las excepciones de Cataluña y el País Vasco– y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Parlamento español en 2003.

«Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo disfrutará la nueva generación que entre «. Con esta reflexión acababa José Ángel Martins Mendoza –alias Peque–, su carta de valoración sobre la huelga de hambre el pasado mes de mayo. En esta misma carta, proponía ya una nueva convocatoria de huelga de hambre por el primero de octubre y abría esta propuesta a debate, crítica y reflexión por parte del resto de presos y de la comunidad anticarcelaria.

La propuesta ha sido comentada y debatida durante los meses de verano por diferentes tomados a través de correspondencia, a pesar de las dificultades comunicativas que sufren mucho de ellos. Por el simple hecho de reivindicar sus derechos y denunciar las vulneraciones que sufren, muchos de estos presos tienen todas las comunicaciones controladas –cartas, llamadas y locutorios– están afectados por la dispersión y el continuo cambio de prisiones, y la mayoría de ellos están pagando sus penas en régimen especial de castigo y módulos de aislamiento. A pesar de las dificultades que les pone la SGIP para coordinarse, varias voces se han podido sumar al debate y la convocatoria gracias a los grupos de apoyo, como Tokata, La Corda, o el Grup de Suport a Presxs de Lleida, y han podido opinar en relación a la propuesta. Una de estas voces es la de Toni Chavero, uno de los presos más activos de la lista, que proponía que los presos que no quisieron o pudieron hacer la huelga de hambre, iniciaran un ayuno los días 1, 5, 10 y 15 de octubre, acompañado de escritos de denuncia al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Ministros y a la SGIP, con el objetivo de intentar abrir el “abanico” de posibles formas de participación “para que más personas presas participen” y se sumen a la acción.

También otros presos y presas como Carmen Badia –enferma de cáncer en la prisión de Zuera–, Oscar Rodríguez González –desde Puerto I– o Francisco Aroca –desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)– han aportado al debate y se han adherido públicamente a la convocatoria de huelga. Este último hace una reflexión en relación al contexto actual: «Mucho se habla ahora de la situación de los presos políticos catalanes, pero ¿qué pasa con nosotros, los presos comunes? Nosotros hace años que estamos encerrados a grandes distancias de nuestras familias, que deben arriesgar la vida para poder vernos 40 minutos a través de un cristal. Y eso los que tienen recursos económicos para pagar el trayecto. Se nos aplica la dispersión como castigo o venganza de forma sistemática».

En su última carta, publicada el otro día en el portal de Tokata, Chavero anima al diálogo entre todos los participantes en la huelga, y a desarrollar una estrategia de no violencia durante la duración de la misma, ya que considera que hoy en día y con el contexto actual en las cárceles «la violencia no es una herramienta que pueda ayudar a crear una comunidad de lucha y conseguir nuestros derechos». «La cuestión es que cuanta más peña participe de la manera que pueda o quiera libremente, más ruido se hará fuera y más se podrá ver de lo que estamos haciendo, que es eso, luchar por mejorar las cosas», concluye.

Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera

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Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria

Noticias Sobre La Huelga De Hambre De Octubre

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2018]

Actividad en la calle Huelga de hambre octubre 2018 Presxs en lucha

La Directa, proyecto de «periodismo cooperativo para la transformación social» en Catalunya, ha publicado en su página web un artículo firmado por Vicent Almela donde se hace un somero balance de lo ocurrido, tanto dentro como fuera de las cárceles, durante la huelga de hambre colectiva realizada en mayo por algunxs presxs en lucha en defensa de las doce reivindicaciones de la propuesta de lucha que está siendo defendida por lxs mismxs desde hace unos dos años. Se hacen eco también de las opiniones al respecto de algunas de las personas presas participantes. Ahí va una traducción al castellano.

LA HUELGA DE HAMBRE EN LAS PRISIONES REACTIVA LA COMUNIDAD DE LUCHA ANTICARCELARIA

La propuesta de lucha iniciada en mayo pasado por un grupo de presos para visibilizar la constante vulneración de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha logrado reactivar la coordinación entre población reclusa, abogadas, grupos de apoyo, familiares y algunos movimientos sociales en una acción conjunta.

Hace casi dos años se hacía público desde la prisión de Estremera (Madrid VII) el primer borrador con una nueva propuesta de lucha activa dentro de los centros penitenciarios, con la publicación y difusión de un comunicado y una tabla reivindicativa de doce puntos para denunciar las situaciones que, según uno de los impulsores de la propuesta -el preso Toni Chavero-, «en mayor medida atentan contra nuestra dignidad y nuestra vida». Esta primera propuesta, abierta a debate y sugerencias por parte de la comunidad anticarcelaria, se sustentaba con ayunos mensuales y la comunicación continua con los grupos de apoyo y la dirección de las cárceles, para denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que sufren diariamente las personas presas. A pesar de las dificultades de transmisión de información y comunicación entre presos, ya son más de cuarenta los internos que se han sumado a esta propuesta de lucha activa, que realizan ayunos simbólicos mensuales y denuncian judicialmente –y a través de los grupos de apoyo– cualquier abuso o discriminación que sufren o del que son testigos.

Enmarcada dentro de esta campaña, el preso José Ángel Martins Mendoza, Peque, desde la prisión de Albocàsser (Castellón II), lanzaba a principios de este año la propuesta de poner en marcha una huelga de hambre, con fecha de inicio el primero de mayo -que tuvies una duración de cinco a quince días- con el objetivo de iniciar una primera acción coordinada entre todos los paresos que participan en la propuesta y la calle y así visibilizar los doce puntos de la tabla reivindicativa tanto dentro como fuera de los muros. Finalmente, en esta huelga de hambre han participado más de una veintena de presos -de cuarenta que figuran actualmente en la lista- de diferentes centros penitenciarios en España, y también se han realizado numerosas acciones de solidaridad y agitación para visibilizar la huelga en las calles de diferentes ciudades. Antes de iniciarse, se organizaron jornadas anticarceràries y de envío de correspondencia en ciudades como Granada, Valladolid, Palencia, Santander o Lleida, y también concentraciones solidarias ante las prisiones, en Valladolid o Valencia, durante la huelga de hambre. En Barcelona, ​​aparte de los parlamentos que el colectivo Clivella realizó en un acto organizado por la CNT durante la celebración del Primero de Mayo, también se realizó una acción en la que una cuarentena de personas cortaron la avenida Meridiana durante unos minutos, y dos de ellas se colgaron del puente de Sarajevo, a fin de mostrar solidaridad y hacer visible la huelga de hambre que se estaba dando entonces dentro de los centros penitenciarios.

Para la elaboración del reportaje «Se reactiva la lucha dentro de los muros», publicado en el número 451 de la Directa, el 4 de abril- contactamos por carta con la cuarentena de presos en lucha activa actualmente. Estos testimonios nos ayudaron a montar un relato que explicaba la propuesta de lucha, a la vez que se visibilizaban experiencias de vulneración de derechos fundamentales que sufre la población reclusa durante su día a día. Aunque se hizo el envío de esta edición a todos los presos entrevistados –actualmente privados de libertad en once centros penitenciarios ubicados en diferentes puntos de España– por el momento no tenemos constancia de que ningún preso haya recibido la publicación. Instituciones Penitenciarias tampoco ha devuelto ningún ejemplar ni ha explicado los motivos por los que no ha llegado la correspondencia a los presos, lo que choca frontalmente con el derecho a la libertad de prensa, que es un derecho constitucional para todos y que, por tanto, debería ser respetado también dentro de los centros penitenciarios.

Aunque esta primera acción coordinada entre los presos en lucha activa no ha sido masiva en cuanto a la participación, tanto los presos como los grupos de apoyo valoran la experiencia positivamente. Desde el colectivo de apoyo Tokata consideran «muy postitivo que se haya dado un primer paso en la creación de un espacio de lucha que llegue a todas las personas que estamos dispuestas a enfrentarnos al sistema penal, a modo de autodefensa, y después de mucho tiempo se haya iniciado un diálogo consciente, que se está llevando adelante en estos momentos, entre todas las partes ‘para proponer’ la apertura de ese espacio de lucha.»

Desde dentro de la prisión de Villena, Toni Chavero –mediante correspondencia– también valora positivamente la acción y reconoce que «en los últimos tres años se ha incrementado la conciencia anticarcerària, la comprensión de la empresa-prisión e incluso el espíritu de lucha, tanto dentro como fuera de los muros», y destaca que, para él, «el hecho de no sentirnos solos aquí dentro no tiene precio». A pesar de la valoración positiva de la huelga, envía un mensaje claro al resto de internos adheridos a la lista de presos en lucha activa para que se pronuncian en el ámbito personal y se pongan en contacto con los grupos de apoyo explicando lo que van haciendo: «es necesario que todos nos definamos y pronunciemos personalmente para ver qué presos estamos en lucha activa y cuáles no, para así poder continuar con veracidad la propuesta coordinada». José Ángel Martins, que ha sido trasladado recientemente a la cárcel de Puerto III en represalia por su participación en la propuesta de lucha, considera que «aunque hemos sido pocos para las expectativas que teníamos, debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos sido fieles a nuestros ideales libertarios y nuestra dignidad continúa en alza», por lo que propone el inicio de otra huelga de hambre coordinada para el próximo 1 de octubre. Martins concluye la carta afirmando que «está claro que no conseguiremos la abolición de las cárceles, de momento, pero si cada año nos vamos sumando más presos, estoy seguro de que conseguiremos que se cumplan nuestros derechos dentro de las cárceles. Y si no lo disfrutamos nosotros, al menos que se respeten los derechos de las futuras generaciones que entran.»

Continúan sin respetarse los derechos de los enfermos crónicos

Aunque según el Reglamento Penitenciario (RP), mediante los artículos 104.4 y 196, se valora «la conveniencia de clasificar en tercer grado, por razones humanitarias y de dignidad, a las personas enfermas muy graves con enfermedades incurables que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad», este derecho –que forma parte de las doce reivindicaciones de la tabla de los presos en lucha– se continúa incumpliendo sistemáticamente por parte de las Instituciones Penitenciarias. Un claro ejemplo es la situación que está sufriendo actualmente el preso Francisco Chamorro, enfermo de cáncer y VHC dentro de la prisión de Castellón I que, a pesar del reconocimiento médico de su enfermedad, no se le concede la excarcelación. Rosa Giménez, madre de Chamorro, denuncia que «dentro de la prisión no le dan su tratamiento y los tratan como animales. Esto no es un lugar donde curarse de un cáncer. Yo estoy sufriendo por la vida de mi hijo, y no voy a parar hasta conseguir la excarcelación.» Por este motivo, se ha convocado una manifestación frente al centro penitenciario Castellón I el sábado 23 de junio a las 11 de la mañana.

También Carmen Badía Lachos, enferma de cáncer y actualmente interna en la macrocárcel de Zuera (Zaragoza) –de momento es la única mujer que se ha sumado a la propuesta de lucha activamente– relata en una carta dirigida al grupo de apoyo a presxs de Lleida que han comenzado las represalias contra ella por el hecho de participar en la acción de la huelga de hambre. En esta misiva, Badía denuncia que no la han visitado los médicos desde su traslado a este centro penitenciario, hace tres meses, y le han reducido el apoyo sanitario de 24 horas que recibía, que ha pasado a ser sólo de 15. Mientras tanto, su estado de salud vuelve a empeorar y casi no puede dormir por los efectos secundarios de la quimioterapia.

Actividad en la calle Huelga de hambre 1 de mayo 2018

José Antúnez Becerra sostiene una huelga de hambre desde el 14 de enero en la prisión de Brians 2 para reivindicar sus derechos y denunciar su situación, fruto de su luchaa contra las instituciones punitivas.

Antúnez Becerra ha iniciado esta lucha para que se le revise la condena de diecinueve años de cárcel, dictada a raíz del motín del centro penitenciario de Quatre Camins del laño 2004, ya que el mismo considera esta sentencia como una venganza por su militancia contra la institución penitenciaria. Según expresa él mismo preso en un comunicado hecho público el 20 de enero: “ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de la transición y dentro de la prisión formé parte de una organización llamada COPEL (Cordinadora de Presos en Lucha). Destacaré que la base para condenarme a sido mi historial, aparte de ello también las presiones políticas instrumentadas con los sindicatos y los medios de comunicación”.

Con la huelga de hambre, Antúnez también reivindica algunos derechos que le corresponden como preso, por ejemplo, el de obtener permisos y proyectos de futuro, ya que cumple los requisitos para hacer talleres o cursos. Además, siempre ha tenido problemas en las diversas cárceles por donde ha pasado hasta el día de hoy, ya que asegura que le aplican registros y controles arbitrarios, le devuelven muy tarde sus pertenencias después de un traslado o, directamente, no se las devuelven, según han informado familiares y grupos de apoyo del preso.

José Antúnez

Parece algo más que evidente que hemos perdido las viejas buenas costumbres, que un sentimiento anodino ininterrumpido recorre desde nuestros aposentados pies hasta nuestra conformista cabeza. Resulta que nos hemos acostumbrado a recibir el viento en la cara sin atrevernos siquiera a girarnos mínimamente o resguardarnos en la esquina de cualquier edificio en ruinas que tengamos a escasos quince metros de distancia ¿y eso a dónde nos ha llevado? A languidecer, a perder gran parte de nuestra dignidad y finalmente a estancarnos en la más absoluta inopia.

Ciertamente esta es, en parte, la realidad política que nos ha tocado vivir a lxs que creemos en la autonomía, en no pactar, en no ceder ante personajillos que siempre vienen con la ilusión de la reinvención del capital. Empaquetado y dispensado con un envoltorio nuevo, bien diseñado y perfectamente decorado para que parezca oro en lugar de mirra. La verdad es que seguimos aguantando desde nuestras recónditas ratoneras con cierta entereza, intentando no sucumbir, trabajando día a día bajo al amparo de la humildad y un cierto compromiso.

La verdad es que nos hemos cansado de esperar, llega el momento de mover ficha, de salir a flote y coger un poco de aire, de demostrar que estamos vivos. No creemos que se trate de suspender nuestra cordura o sustituirla por la megalomanía y el narcisismo, sino de demostrar que respiramos, que sentimos ¿qué nos queda sin nuestra dignidad?

Nuestro compañero Alfredo lleva desde el 20 de octubre, casi tres meses en huelga de hambre. Esta luchando, con lo único que le queda, por acabar con el régimen de máxima crueldad en Italia, el 41bis. Un régimen que conocemos bien, que existe en todos los países y que supone la degradación, la humillación y la incomunicación; que te acompaña hasta la fila del suicidio y de la locura pasando por otras muchas paradas previas. Alfredo ha manifestado que prefiere morir antes que tener que desechar el resto de sus días sometido a esa situación, antes que dejar de ser una persona con todo lo que eso implica. Nuestra respuesta desde fuera tiene que estar a la altura, sino de su propuesta, al menos de nuestras posibilidades reales y no de las que nos mantienen en la comodidad de nuestras casas.

Cualquier momento es bueno para rebelarnos, para decir basta y, para empezar, para romper con la insustancialidad creando lazos de comunidad, de comunidades que luchan, que viven y se relacionan en contra del régimen de dominación y explotación. Cualquier momento es bueno para que los fuegos fatuos nos guíen de nuevo hasta una hoguera mayor, en la que, pequeños destellos de llamas pasadas se golpean entre sí para intentar prender la hojarasca. Ha llegado el momento de rechazar las cosas que nos separan, de entender lo que significan esas viejas consignas, sin dejarnos llevar por la ingenuidad, ni seducir por partidos, sindicatos o personajillos. Ha llegado el momento de pasar a la acción con humildad y clarividencia, de atender a las responsabilidades que tenemos con nuestrxs compañerxs y, sobre todo, las de los que más lo necesitan, los que están dentro, los que tienen nombres propios y los que no, pero igualmente sufren las miserias del régimen de dominación y explotación.

APOYO PARA ALFREDO Y TODXS LXS QUE SUFREN LOS REGÍMENES DE MÁXIMA CRUELDAD. ¡Cualquier momento es bueno para la solidaridad!

Más información sobre la lucha de Alfredo:  https://lucharcontrael41bis.noblogs.org/

Actividad en la calle Presxs "políticxs" Presxs en lucha Régimen de Máxima Crueldad

El jueves, 12 de febrero, a las 19h, en la librería La Repartidora del barrio de Benimaclet (Valencia), nuestro compañero José Navarro Pardo presenta su libro «Un poder carcelario«, primer resultado de su formación académica como criminólogo crítico, en el que planta cara a los sindicatos de carceleros, que, con la complicidad de la mayor parte de los medios de (in)comunicación y de los políticos y jueces, presentan con abyecto cinismo a un cuerpo plagado de torturadores y corruptos que ha optado hace tiempo por reivindicar el reconocimiento social de sus miembros como profesionales de la violencia, el aplauso social y mediático y la recompensa económica por ejercerla contra los presos, como víctimas de las agresiones de estos. Traza una perspectiva crítica sobre el pasado reciente de esos sindicatos corporativistas, especialmente en Cataluña, donde acaban de ser reconocidos como agentes de la autoridad, una de sus principales reivindicaciones, y en el resto del Estado, donde se terminará haciendo lo mismo más temprano que tarde, ya que no hay ninguna voz autorizada que desmienta el falaz victimismo de los boqueras. Y eso es lo que se hace en este libro, componiendo un relato, bien documentado y contextualizado en la evolución general del sistema penitenciario español, de la verdadera trayectoria de las organizaciones carceleras, las cuales, por mucho que les laven la cara, han caminado siempre los pasos del fascismo y del más atrabiliario, cruel e inhumano punitivismo. En el libro se analiza el engañoso discurso que han logrado imponer los carceleros acallando la voz de los presxs y familiares y se evocan, para desenmascararlo, factores históricos y episodios concretos de resistencia y oposición frente a las torturas y vulneraciones de derechos. En la presentación participará, junto al autor, el compañero Vicent Almela, de La Directa, investigador radicalmente crítico del campo punitivo.

Invitación del autor:

Llibreria La Repartidora, C/. del Reverend Rafael Tramoyeres, 8, Benimaclet, València
📅 Jueves 12 de febrero
🕢19h

El próximo 12 de febrero estaré en La Repartidora presentando mi libro «Un Poder Carcelario» con mi compa Vicent Almela, periodista de La Directa.

La intención es hablar un poco de las prisiones, sus funcionarios y los derechos de la gente presa ✊

Venirse al debate y a pasar un buen ratito. Os espero 🥰

Presentació Un poder carcelario

Reseña de la editorial Virus: https://viruseditorial.net/libreria/un-poder-carcelario/

Actividad en la calle Libros

MÁS DE SEIS AÑOS SIN ESCLARECERSE LA MUERTE DE UN JOVEN DE VEINTIOCHO AÑOS EN LA CÁRCEL DE ALBOCÀSSER

La familia de Manuel Fernández Giménez se mantiene como acusación particular gracias al apoyo de la asociación Familias Frente en la Crueldad Carcelaria, que denuncia que hubo una negligencia médica por parte de las responsables sanitarias del centro y que el relato descrito en los informes médicos del juzgado sobre las causas que provocaron la muerte del joven resulta incongruente

Según la versión oficial del centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), el cuerpo sin vida de Manuel Fernández Giménez, de veintiocho años, fue hallado en la celda de aislamiento donde cumplía una sanción disciplinaria la mañana del 22 de octubre de 2017. Sin ningún tipo de acompañamiento psicológico ni preparación para comunicar algo tan grave, la familia recibió la noticia por vía telefónica. Un trabajador del centro se ponía en contacto con Antonia Giménez, madre de Manuel, ese mismo día, para comunicarle que su hijo había muerto en prisión, pero que aún no se conocían las causas. Muestra de ello es que en el primer informe emitido por el médico forense del juzgado pocos días después del fallecimiento, constaría como «muerte súbita a estudio».

Días después de encontrar el cuerpo sin vida del joven, la funeraria que trabaja con instituciones penitenciarias envió el cadáver de Fernández desde Castellón hasta Murcia –de donde era natural y donde vivía su familia– con instrucciones de que no se mostrara todo el cuerpo, tan sólo la cabeza. “Ningún documento explicativo ni certificado de defunción, y sólo la orden verbal de que se enterrara de inmediato”, relata su madre, que a la vez detalla como la familia se opuso y se empeñaron en examinar el cuerpo de su hijo que, según explica, presentaba numerosos signos de violencia y rigidez. Nariz rota; hematomas y dos puntos en la barbilla –sospechan que de una pistola Taser–; marcas de ligaduras en muñecas, brazos y tobillos; uñas rotas; el pecho lleno de heridas; cardenales por todo el cuerpo y marcas en el cuello.

“Mi hijo estaba sano como una manzana y era más guapo que uno sol. ¿Cómo podía ser que muriera con veintiocho años de ‘muerte súbita’ estando en aislamiento, sin contacto con nadie más que los funcionarios, y con estas marcas de violencia?”, se preguntaba su madre. Según explica Antonia, su hijo se había quejado más de una vez de las palizas recibidas por los funcionarios del centro, y ya había alertado a su familia de sufrir gitanofobia por parte de algunos carceleros. Al ver esas marcas, la familia pidió una segunda autopsia, que fue denegada por el juez y, finalmente, el cuerpo de Manuel fue enterrado.

Hasta un año después del entierro del cuerpo no se emitió el informe oficial del médico forense del juzgado, donde no constaban las lesiones descritas por su familia cuando vieron el cuerpo de forma presencial. Por el contrario, el documento sí reconocía una equivocación de la auxiliar de enfermería y la médica de prisión, responsables de haberle suministrado al joven una dosis equivocada de metadona: 85 mg en lugar de los 20 mg que tenía recetados. Al darse cuenta de su error, la auxiliar habría avisado a la médica de la cárcel rápidamente, pero aseguran que ésta tardó dos horas en enviar a Manuel a enfermería para administrarle una dosis de antagonista (naloxona) por vía intramuscular.

Inmediatamente después, le habrían devuelto a su celda sin ningún tipo de control o seguimiento médico, en lugar de administrarle una dosis de antagonista cada hora y media o dos horas durante 24 horas, como hubiera sido el procedimiento médico habitual por este tipo de casos, o haberlo trasladado a un centro hospitalario como ordena el protocolo correspondiente a este tipo de situaciones. El cuerpo sin vida de Manuel lo encontraron, según el mismo informe, en el primer recuento del día siguiente.

Autodefensa ante la violencia institucional

Con estos antecedentes y las evidencias de una posible negligencia por parte de las responsables médicas del centro, y gracias al apoyo y acompañamiento de la asociación Familias Frente en la Crueldad Carcelaria (FFACC), los familiares de Manuel pudieron llevar a cabo una denuncia por la vía penal contra la médica y el auxiliar de enfermería del centro penitenciario de Albocàsser. Tras la inhibición por parte de la Fiscalía, que finalmente no presentó acusación por basarse únicamente en los informes médicos emitidos por el juzgado y atribuir la muerte a posibles patologías médicas previas del joven. El único factor que mantiene viva la causa penal es la acusación particular de la familia con el apoyo de la asociación FFACC que, casi siete años después de la muerte sigue esperando a que se celebre el juicio y se esclarecen los hechos.

“Nosotros no creemos en su versión desde el principio. El informe forense ignora todos los signos de violencia que vimos en su cuerpo cuando llegó aquí, e incluso si fuera una muerte por sobredosis de metadona como alegan en sus propios informes, quién fue responsable de suministrarle las dosis incorrectas? Y si se equivocaron y tenía una sobredosis, ¿por qué no le trasladaron a un hospital inmeditadamente y le realizaron un seguimiento y un control médico? ¿Por qué le dejaron que muriera solo en una celda?”, se pregunta Antonia. “Mi hijo estaba sano como una rosa, no tenía ninguna patología previa ni ningún problema de salud antes de entrar. Aquí hay demasiadas cosas que no cuadran”, asegura. «Nosotros queremos justicia y llegaremos hasta el final, y sobre todo queremos que se aclaren las causas y los responsables de la muerte de mi hijo», concluye.

Los gastos jurídicos derivados de un procedimiento penal tan largo como este, que permita esclarecer las causas de la muerte de una persona en un centro penitenciario mediante una denuncia particular, son muy elevados. Hacerles frente de forma colectiva es precisamente uno de los objetivos de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que desde 2017 acompaña a diferentes familias en la denuncia de casos de violencia institucional en diferentes prisiones del Estado. Aparte del caso de Manuel, desde la asociación se acompañan otros casos vinculados a penas de larga duración de personas con graves problemas vinculados a la salud mental y al sufrimiento psíquico, abandono médico y efectos del aislamiento, el castigo y las largas condenas, con los impactos que esto tiene sobre las personas presas, pero también sobre sus entornos y sus familias.

Para poder hacer frente a estos gastos derivados del acompañamiento jurídico y asistir a los familiares de las personas presas que sufren este tipo de violencias del sistema penitenciario, desde la asociación se ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con el objetivo de recoger fondos y continuar con esta estrategia y labor de autodefensa ante la violencia y crueldad carcelaria. “Para poder seguir acompañando a este tipo de casos y hacer frente a los gastos jurídicos ahora necesitamos apoyo económico. Confiamos en la solidaridad de las personas que comprendan nuestra lucha, nuestras necesidades y carencias, y en la de los grupos y asociaciones que conocen la crueldad de las prisiones y las violencias del sistema punitivo, y están dispuestas a hacerle frente de forma colectiva y autogestionaria”.

Traducción del catalán de un artículo de Vicent Almela, en La Directa, 30 de abril de 2024

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria La cárcel mata Muertes en prisión

Continúa la lucha por que sean aclaradas las causas de la muerte de David Jehová Hiruela Moreno el pasado 14 de julio, cuando se encontraba en una celda de aislamiento de la cárcel de Picassent. El juzgado «competente» ha archivado el caso y parece cerrado el muro de silencio que garantiza la impunidad de los carceleros del Estado español, en cuyas cárceles mueren anualmente alrededor de 200 personas presas, muchas de ellas violentamente y también por supuesto suicidio o sobredosis de drogas. Las autoridades suelen intervenir rutinariamente, más para dar carpetazo a cada caso que para investigar, arrebatando casi siempre a las familias la posibilidad de ejercer a tiempo su derecho a personarse en el procedimiento judicial, Y en las cárceles españolas siguen abundando la tortura y los malos tratos en total impunidad; sigue existiendo un régimen de castigo que es en sí mismo tortura; la catástrofe de la sanidad penitenciaria continúa avanzando sin que se haga nada, a pesar de que es de dominio público el abandono médico-sanitaro creciente que sufren las personas presas; no se excarcela a las personas presas gravemente enfermas hasta que está asegurada su muerte a corto plazo; se suministran fármacos de riesgo sin control médico adecuado; se abandona a los enfermos mentales y se les castiga por el hecho de serlo… Como se relata en el artículo publicado ayer en la web de La Directa cuya traducción al castellano ponemos más abajo, la familia de David Jehová está luchando para que se investigue realmente sobre qué le sucedió a su chaval. Necesitarán apoyo, así como es indispensable la solidaridad organizada de personas presas, familias y allegados y la atención activa de toda la sociedad para que cese la impunidad. Si no se ha probado aún que David haya sido asesinado por los carceleros, lo cierto es que podría haberlo sido impunemente, porque el Estado tiende a cerrar todos los caminos, incluso los legalmente previstos, para llegar a saber lo que de verdad le ha sucedido. Eso tiene que cambiar y no lo hará si no nos organizamos para obligar a los responsables a que rindan cuentas. La familia, que ya convocó una concentración-manifestación ante la cárcel de Picassent el pasado 30 de agosto, no piensa parar hasta lograr «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad» sobre la muerte de David Jehová, y prepara nuevas convocatorias, apoyada por varias asociaciones organizadas para ello en un comité.

FAMILIARES Y ENTIDADES EXIGEN QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DE UN PRESO DE 22 AÑOS EN PICASSENT

El 14 de julio, un carcelero encontró a David Jehová, en prisión preventiva desde mayo, colgado de una sábana anudada en un barrote de la puerta de la celda de aislamiento a la que le habían trasladado ese mismo día. La familia ha interpuesto una denuncia y exige una investigación en profundidad sobre la causa de la muerte.

La noche del pasado 14 de julio, Tamara Moreno recibía una llamada de un funcionario de la cárcel de Picassent (l’Horta Sud). El motivo: su hijo, David Jehová, de 22 años y en prisión preventiva por un delito de robo con intimidación desde el 1 de mayo de 2023, se había suicidado en la celda 14 del módulo 28 preventivos. Esa misma tarde, el hermano de David Jehová había acudido a la cárcel para visitarle, pero, según la familia, el funcionario le dijo que no era posible porque, a raíz de un incidente con un compañero de celda, el interno estaba en aislamiento. Lo que no le explicaron es lo que consta en el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Directa: el funcionario con número de identificación 92.538 fue a buscar a David Jehová a su celda para avisarle de la visita. Entonces, se lo encontró colgado de una sábana anudada en uno de los barrotes de la puerta de la celda.

Los carceleros de Picassentl, tal y como consta en el escrito, trasladaron al joven a la enfermería para intentar, sin éxito, reanimarle, hasta que llegaran los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU). Posteriormente, avisaron a la policía y se personó el equipo de policía judicial y un médico forense, que certificó la muerte de David Jehová y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia, para examinarlo y determinar la causa. La Guardia Civil hace constar en el atestado que durante la inspección de la celda encontró un escrito de “despedida donde manifiesta su voluntad de quitarse la vida”, y una carta en un sobre cerrado dirigida a una mujer. Al día siguiente de recibir la noticia, Tamara Moreno interpuso una denuncia por la muerte de su hijo.

La familia desconoce cuáles han sido exactamente las pesquisas efectuadas para que, once días después de la muerte –el pasado 25 de julio–, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Picassent, Juana María Gómez Valle, decretara el sobreseimiento provisional del caso. Consideran que en la decisión han prevalecido la carta de suicidio y el resultado de la autopsia. Según ha podido comprobar este medio, el informe preliminar del examen médico concluye que se trata de “una muerte violenta, […] compatible con un suicidio”, y que la causa fundamental ha sido la “compresión extrínseca de las vías áreas (colgamiento)”. Sin embargo, la familia considera que no se ha valorado el estado en el que recibieron el cuerpo: “Tenía la nariz rota, uno de los ojos hinchado y contusionado y los dientes cosidos como si hubiera sido sometido recientemente a una operación de reconstrucción”, denunció a Tokata, un grupo de apoyo a personas presas, a través de un comunicado el pasado 24 de agosto.

Ante las dudas, la familia encargó a Carlos Cuadrado Gómez, perito judicial y forense, una segunda valoración del cuerpo. El informe, al que ha tenido acceso la Directa, concluye que, considerando los vídeos sobre el estado del cuerpo aportados por los familiares, las fotografías de la autopsia y el atestado policial, “no es posible determinar si David Jehová se  suicidó o fue asesinado, pero desde un punto de vista médico legal, existen indicios de criminalidad que deben ser investigados”. Y apostilla: «El perito que firma no sólo no puede descartar la tesis homicida, sino que existen indicios para considerar la etiología mencionada en mayor probabilidad que el suicidio».

El perito afirma que existen diversas “incongruencias que permiten plantear la hipótesis de que David Jehová no se colgó, sino que podría haber sido asesinado”. Por ejemplo, que la lesión del cuello no puede haberla producido una sábana, “ya ​​que este tipo de material produce una abrasión amplia […], en lugar de una marca profunda y bien definida como parece percibirse en la fotografía”. Cabe destacar que, a diferencia del atestado, en el informe de la autopsia, no se hace referencia a una sábana, sino a un «lazo fabricado con la funda del colchón». El experto también manifiesta que no se aprecia cianosis –coloración azul en la piel por falta de oxígeno– en los pies y las manos, lo que es «habitual en un suicidio como el que se ha planteado». «La falta de cianosis –continúa– puede indicar que David no murió en la posición indicada, sino en la enfermería u otro contexto”. Asimismo, el rostro del joven presenta lesiones recientes, «de no más de 24 horas de evolución», tal y como afirma el perito y se observa en las fotografías que aportó la familia. En cambio, en el informe preliminar de la autopsia se afirma que «no se observan lesiones en la superficie corporal, ni contusiones, eritemas o lesiones de defensa y/o lucha».

Otra de las «incoherencias» que señala el perito es el tipo de autopsia efectuada. Aparte de examinar el cráneo, el cuello, el tórax y el abdomen, la médica forense diseca los dos brazos, práctica que, para Carlos Cuadrado, no es usual en los casos de suicidio y podría haber provocado la eliminación de «otros signos de violencia, en caso de que hubiera”. Desde la Asociación Abogados del Patio, que está trabajando en el caso, reclaman un careo entre el perito y la médica forense que le practicó la autopsia «para que se puedan aclarar las contradicciones».

La familia está recibiendo el acompañamiento jurídico y emocional de un grupo de organizaciones, encabezado por Garo techari-Plataforma Nacional por los Derechos Humanos e integrado por entidades como la Asociación Abogados del Patio o la Asociación para la Defensa de los Presos. El grupo de apoyo considera que es «imposible» que el juez pueda «haber ordenado y resuelto» todas las diligencias necesarias en tan sólo once días. Por eso ha recurrido el auto de sobreseimiento del caso. Piden saber si se han investigado cuestiones como si el funcionariado activó el protocolo establecido en caso de suicidio, cuánto tiempo tardaron en trasladarlo a enfermería, si el joven todavía presentaba signos vitales en el momento en que lo encontraron colgado, si había médico de guardia, o por qué éste no se trasladó hasta la celda. Con décadas de acompañamiento y apoyo a la población reclusa y sus familias a sus espaldas, Fernando Garcia, miembro de Tokata, denuncia que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios es “mínima”: “En el Estado español, uno 66% de las plazas de médico penitenciario están vacantes. Muchas veces, no existe un médico de guardia permanente y, en el caso de los presos en aislamiento o en primer grado, los médicos suelen ser muy reacios a visitarlos”.

En aislamiento

La familia y el grupo de apoyo también exigen que se investigue el presunto incidente entre David Jehová y otro preso, que se revisan las grabaciones de las cámaras entre las diez de la noche del 13 de julio y las ocho de la tarde de el día siguiente, y que se recogen los testigos de internos (presos y funcionarios). Según el atestado policial, el joven ingresó en una celda de aislamiento tras el almuerzo del 14 de julio, a causa del supuesto incidente con otro interno. No se da ningún detalle más. Por su parte, la familia habría conseguido el testigo de uno de los presos, que les aseguró que el día en que David Jehová murió, habrían irrumpido en su celda tres funcionarios al grito de «cacheo» y preguntando sobre el lugar donde escondía “droga” y “un teléfono móvil”. Según relata el recurso, el testigo les aseguró que los funcionarios, “al no encontrar lo que buscaban, sacaron de la celda a David y le trasladaron esposado a una habitación donde fue apaleado brutalmente con el objetivo de obtener una confesión”.

Jordi Buzón Cateura, de la Asociación de Abogados del Patio subraya que “el hecho de que todavía no hayamos podido revisar las grabaciones de las cámaras y que intentan dar carpetazo al caso tan rápidamente nos hace pensar que hay una opacidad por parte de los juzgados e Instituciones Penitenciarias”. Por su parte, Francisco Saavedra, representante y portavoz de la Plataforma, incide en que «persistirán en la lucha por hacer justicia a la muerte de David Jehová». La madre de David también ha enviado una carta a los juzgados de Picassent para pedir «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad de la muerte de mi hijo».

El recurso fue admitido a trámite y están a la espera de conocer la resolución. Por su parte, desde el gabinete de prensa de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior español, han declarado a la Directa que «se han activado los protocolos», pero no pueden ofrecer más información porque «el caso está judicializado».

Desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), su director y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, ​​Iñaki Rivera, denuncia que no se investigan suficientemente las muertes en las cárceles: “No se aplica el Protocolo de Minnesotta –aprobado por Naciones Unidas en el año 2016–, que obliga a los estados a llevar a cabo una investigación forense mucho más cuidadosa y profunda, como realizar una segunda autopsia, la custodia de las pertenencias de la persona muerta, tomar declaración a los testigos de forma inmediata o el derecho de la familia a estar informada de la muerte, las circunstancias…”. En la práctica, según Rivera, «normalmente, las muertes se archivan sistemáticamente». «Existe una falta de voluntad política para no investigarlas en profundidad, aunque el protocolo atribuye a los estados la responsabilidad de la vida y la muerte de las personas bajo custodia», concluye.

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria La cárcel mata Muertes en prisión

A finales del pasado mayo informábamos de la amenaza de cárcel que pesaba sobre Jean Marc Rouillan si no pagaba 18.000 euros a las supuestas «víctimas» de las mismas declaraciones por las que estaba terminando de cumplir la condena de cárcel que ahora ha desautorizado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se libró de entrar otra vez en la cárcel a principios del mes pasado porque, con aportaciones solidarias, se logró reunir la suma exigida dentro del plazo fijado. Ahora es él quien debe ser indemnizado por el Estado francés por la desproporcionada condena sufrida. En la web de La Directa publican hoy un artículo explicando los detalles y dando voz a Jean Marc sobre el asunto. A continuación, una traducción al castellano del original catalán.

Estrasburgo condena al Estado francés por haber encarcelado a Jean-Marc Rouillan por enaltecimiento del terrorismo

El gobierno francés deberá indemnizar al ex miembro de Action Direcbérsela hecho cumplirte con 15.000 euros a modo de reparación por ocho meses de privación de libertad. La sentencia sienta jurisprudencia en el ámbito europeo y rechaza la actual severidad penal porque tiene un efecto «fuertemente disuasorio en el ejercicio de la libertad de expresión».

“Cuando leí la sentencia pensé inmediatamente en Pablo Hasél y Valtònyc”, afirma con convicción Jean-Marc Rouillan, ex miembro de los grupos armados MIL, GARI y Action Directe, que recientemente ha conseguido un relevante hito judicial con el sello del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). La sección quinta del TEDH, por unanimidad de siete jueces procedentes de Irlanda, Letonia, Ucrania, Mónaco, Montenegro, Noruega y el Estado Francés, ha estimado que “la injerencia en la libertad de expresión del demandante que constituye la pena de cárcel que le fue impuesta no era necesaria en una sociedad democrática”. De ahí que el tribunal concluya que se ha violado el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos y condena al Estado francés a indemnizar a Rouillan con 15.000 euros por los meses que sufrió de privación de libertad.

La sentencia se publicó el 23 de junio y, según diversas fuentes jurídicas consultadas, supondrá un antes y un después en la jurisprudencia de todos los casos de condena a penas de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo en el marco de las distintas legislaciones de los países que han firmado la Convención Europea de los Derechos Humanos y que, por tanto, deben acatar de facto las sentencias del TEDH. La sentencia no cuestiona la persecución judicial del enaltecimiento del terrorismo, pero pone el foco crítico en la proporcionalidad de la pena. “Las instancias nacionales deben mostrar moderación en el uso de la vía penal, especialmente en lo que se refiere a la ejecución de una pena de prisión, que tiene un efecto fuertemente disuasivo en el ejercicio de la libertad de expresión”, asevera en tono de enmienda hacia las autoridades judiciales francesas responsables de la pena de dieciocho meses de cárcel contra Rouillan –de los que cumplió ocho–, ratificada en las más altas instancias, después de que se presentaran recursos de apelación y casación. Los hechos juzgados hacen referencia a unas declaraciones de Rouillan en un programa de radio, en las que calificó a los militantes yihadistas que atentan en territorio francés como personas con “coraje”, aunque las palabras se sacaron de contexto porque en la misma entrevista decía que eran “salvajes” y “crueles” por el terror indiscriminado que propugnan.

“Todo esto ahora es para mí una militancia muy ‘democrática’. Me he pasado la vida diciendo que todo en la lucha son los actos, y acabo la vida preocupándome del derecho a la libertad de expresión. Qué paradoja. Milito por hacer un juicio a las leyes de mi país”, reflexiona Rouillan, que hace un balance positivo de haber insistido en llevar el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo. Cuando salió por primera vez de prisión, le prohibieron hablar de los hechos por los que había sido condenado –el de mayor impacto, el asesinato del director general de Renault Georges Besse en 1986, después de un despido masivo de trabajadores. Entonces, durante una entrevista, respondió a una de las preguntas de esta manera: “no puedo hablar de esto, pero el hecho de no poder hablar de ello ya es una respuesta, habría podido hablar de si me hubiera arrepentido”. Por estas palabras, fue devuelto a prisión cerrada desde la situación de semilibertad en que se encontraba.

“La acción revolucionaria te lleva a una lucha permanente entre las presiones para convertirte en un arrepentido y la voluntad de seguir teniendo un pensamiento revolucionario. Me decían que era un loco y que hoy todavía esté implicado es insoportable para ellos. Me daban a escoger entre cerrar la boca e ir al campo a vivir de forma silenciosa o volver de nuevo a la cárcel”, recuerda.

En cuanto al actual escenario de retroceso en los derechos y libertades todavía ve un pequeño resquicio en el ámbito judicial. “Vamos hacia una situación muy dura en Europa. El sistema está totalmente en crisis, su base de funcionamiento es la represión, el control de la población, la desaparición de la oposición visible, por lo que la libertad de expresión es un campo de lucha. E irá a peor, porque temen una sublevación. Seguirán con la máscara de la democracia, pero con las manos de la dictadura”, sin poder huir del pesimismo de cara al futuro más inmediato.

Y lo concreta con su experiencia respecto al movimiento de los chalecos amarillos. “Hemos empezado a conocer un movimiento de población precaria muy despolitizado, poco organizado, que oscila entre posiciones revolucionarias contra las élites y posiciones de extrema derecha, poder fuerte y militarización. Debemos estar presentes en el movimiento para politizarlo y fijar la posición revolucionaria. Si no lo hacemos está claro que vamos hacia el autoritarismo fascista”.

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