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Traducimos el artículo del compañero Vicent Almela que salió publicado el 31 de agosto en la página web de La Directa anunciando el inicio de la huelga de hambre roatativa para denunciar todo lo que atenta contra la vida de las personas presas. El cartel, referido a los disez días de participación en la huelga del comapñero Toni Chavero, lo han elaborado lxs compis del grupo anticarcelario HENAS, de Cantabria.

Una quincena de personas presas inician una nueva huelga de hambre rotativa para denunciar medidas que «atentan contra su vida»

La acción de protesta, que de momento cuenta con la participación de una quincena de internos, pretende visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento, y cómo afectan a las personas presas medidas penales como la dispersión o el incumplimiento en la excarcelación de personas con enfermedades graves o padecimientos psíquicos, a pesar de estar recogidas y reguladas por el mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal.

El martes, 1 de septiembre, comienza una nueva acción de protesta en las cárceles del Estado español. Hace ya más de cuatro años que un grupo de personas presas se está organizando y coordinando con el exterior para intentar recuperar la comunidad de lucha anticarcerària que afloró a finales de los años setenta mediante la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), en la que se implicaron diferentes agentes sociales: personas presas, familias, abogados, grupos de apoyo y entidades de la sociedad civil.

Salvando las distancias y con el contexto actual, las acciones de protesta que se están llevando a cabo, tanto desde dentro como desde fuera de los muros desde julio de 2016, pretenden denunciar y visibilizar las «constantes vulneraciones de derechos fundamentales» que , según expresan las mismas personas presas, continúan sufriendo los centros penitenciarios del Estado. Por este motivo, decidieron elaborar una tabla reivindicativa con catorce puntos concretos, que intentan visibilizar en cada acción de protesta. La mayoría de las reivindicaciones se centran en exigir que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) que respete y aplique artículos recogidos dentro del mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal, como la excarcelación de personas con enfermedades graves o incurables y el acceso a un sistema sanitario igual al de cualquier otra persona. También reclaman medidas recogidas por parte de instancias europeas, entre ellas el Consejo de Europa, como la limitación del tiempo que una persona puede pasar en régimen de aislamiento, que nunca debería superar los quince días debido a los posibles daños psicológicos. Las condiciones que sufren, denuncian, «atentan contra su vida».

Tras el escaso seguimiento y la falta de coordinación y comunicación en la última huelga de hambre, que se puso en marcha en pleno confinamiento el 1 de mayo y duró quince días, en los últimos meses se ha generado un diálogo y un debate intenso entre las personas presas y los grupos de apoyo a la calle para intentar tejer una estrategia conjunta, lograr una mayor repercusión y hacer crecer la comunidad de lucha anticarcelaria. A pesar de las dificultades para establecer comunicación fluida dentro-fuera –ya que la mayoría de personas presas que participan en la propuesta se encuentran recluidas en primer grado y tienen la correspondencia intervenida por parte de la SGIP–, finalmente, se ha decidido repetir el modelo de acción del septiembre del año pasado: ayunos rotativos de diez días a las diferentes cárceles. Es decir, cada diez días, una de las personas presas comenzará una huelga de hambre en una cárcel diferente de España. Cuando esta persona termine la acción, otra comenzará en otro penal. De este modo, la acción de protesta perdura en el tiempo y más personas presas se pueden ir sumando los próximos meses. Por ahora, con la quincena de personas presas que han confirmado su participación, la acción duraría al menos hasta finales del mes de enero.

Aunque el objetivo principal de la acción sigue siendo visibilizar la tabla de catorce puntos, en esta ocasión pretenden poner especial énfasis en las medidas penales que afectan directamente el deterioro de salud de las personas presas: los primeros grados y las celdas de aislamiento, donde pasan hasta 22 horas al día encerradas y donde se producen la mayoría de los suicidios; la dispersión; los malos tratos y las torturas; la no habilitación de espacios adecuados a personas con problemas de salud mental o el incumplimiento en la excarcelación de las personas mayores de setenta años o con enfermedades graves o incurables.

La acción comienza mañana martes en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera (Madrid VII), donde se encuentra recluido Toni Chavero, quien asegura que está dispuesto a sacarla adelante hasta el final para evitar que se pisan continuamente sus derechos y libertades: «Os animo desde esta asquerosa jaula a no caer en el silencio, porque eso es precisamente lo que los hierofantes de la sagrada orden del cepo quieren, que nos apaguemos, que nos disolvamos» y exhorta tambén a sus compañeros a que fluya el dia´logo dentro del espacio de lucha. Hermenegildo Alexis, desde la prisión de Daroca (Zaragoza), reflexiona en su última misiva sobre la utilidad de las huelgas de hambre como acción de protesta: » Creo que son una herramienta de presión que puede ser efectiva. Lo que pasa es que cuesta que se difunda por los medios y por las calles y que llegue a la población cuando se realizan acciones de este tipo. Siguiendo con esto, creo que seria importante conseguir que los medios de comunicación entren en las cárceles para poder difundir la realidad de lxs presxs que tachan de ‘irrecuperables'». Alexis lamenta que «en los patios de las cárceles existe mucho conformismo», pero tiene claro que hay que sobreponerse a esta realidad: «A veces son las minorías las que cambian las cosas o las que empujan lo suficiente para que cambien. Muchas veces es mejor caminar lentos e ir construyendo durante el camino.»

Sin vis a vis y con las comunicaciones limitadas

Desde el 25 de agosto, las personas presas y sus familiares tienen suprimidos los vis a vis presenciales a raíz de una decisión de la SGIP para supuestamente evitar los contagios por Covidien-19 dentro de los centros –en las cárceles catalanas ya se prohibieron el 21 de julio–. Grupos de apoyo, familias y entidades en defensa de los derechos humanos consideran que esta decisión «es absurda», ya que aseguran que los funcionarios entran y salen cada día y siguen dándose permisos de trabajo y terceros grados a los internos y entran profesionales de fuera a hacer talleres. La asociación Familias de Presos en Cataluña denuncia que «el hecho de no ver los familiares, parejas y amigos y recibir un poco de afecto tiene unas consecuencias muy duras para las personas presas, que están muy nerviosas porque ya estuvieron cuatro meses sin vis a vis y ahora de nuevo y no saben cuando los volverán a recuperar.»

Por otra parte, aunque las comunicaciones por locutorio (con cristal de por medio) sí están autorizadas por parte de la SGIP, desde el Grupo de Apoyo a Personas Presas de Lleida denuncian decisiones arbitrarias por parte de la dirección de algunos centros: «la semana pasada llamamos a la cárcel de Daroca para comunicarnos con un preso y nos dijeron que, si éramos de Cataluña, no hacía falta que fuéramos porque no podríamos entrar a comunicar, ni siquiera a través de cristal». Según el abogado Lisandro Giordani, esta decisión «no la puede tomar la dirección de un centro penitenciario sin una orden de la SGIP, por tanto, se trataría de otra vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad».

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Huelga De Hambre Rotativa 2020

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 2-IX-2020)

 

 

Huelga de Hambre Rotativa 2020-2021

La Directa, «medio de comunicación en catalán para la transformación social», ha venido siguiendo y apoyando desde la huelga de hambre colectiva del 1 de mayo de 2018 el intento del que formaba parte aquella de lograr al menos un mínimo de movilización social en defensa de la vida y la dignidad de las personas presas, intento que se articula a través de 14 reivindicaciones que analizan una serie de situaciones en que el ordinario funcionamiento de la máquina punitiva española atenta contra los derechos de la gente presa sometiéndola a menudo a situaciones de trato cruel, inhumano o degradante. Desde entonces, La Directa se ha hecho eco, desde su publicación quincenal en papel y desde su página web, de todas las experiencias y propuestas que han ido dando vida al mencionado proyecto de lucha colectiva, participando en él de esa manera e incluso con publicaciones específicas. En esta ocasión han publicado en su página web otro artículo de Vicent Almela explicando la propuesta de huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. A continuación, una traducción al castellano. El cartel de arriba lo han elaborado lxs compis del Grup de Suport a Presxs de Lleida para pegarlo por las calles durante el primer mes de huelga. Podéis pedirlo por mail en gran formato, a Lleida o a nosotrxs, si queréis imprimirlo. Ya está cerca el 1 de septiembre y el primer ayuno que se iniciará el día 1. Hasta ahora, se han comprometido a ayunar sus diez días diez compañeros presos de forma que la huelga de hambre durará al menos hasta el 10 de diciembre.

Una decena de presos inicia una huelga de hambre rotativa

Como continuación de las protestas que comenzaron hace tres años, el próximo 1 de septiembre, una decena de presos inicia una huelga de hambre rotatoria de diez días cada uno, a diferentes penales del Estado español. Desde dentro de los centros penitenciarios proponen un cambio de planteamiento en la lucha activa para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.

«Hago esta propuesta de que, a partir de la primera quincena de septiembre, en cada cárcel donde nos tienen recluidxs, empecemos cada unx una huelga de hambre de 10 días, donde la gente de la calle nos coordinase para que no coincidiéramos dos en el ayuno y así que durase unos meses, organizándonos para que, cada vez que acabase unx, empezase otrx.» Esta era la propuesta que lanzaba, a finales de mayo, José Ángel Martins Mendoza (Peque) –en una misiva desde el módulo de aislamiento de la prisión de Picassent–, dirigiéndose a todas las personas presas en lucha activa en diferentes penales del Estado español. La nueva acción de protesta se enmarca dentro de la propuesta de lucha que comenzó hace tres años, cuando un grupo de personas encerradas en diferentes centros penitenciarios del Estado pusieron en marcha una propuesta de lucha activa –inspirada en la experiencia de otras luchas anticarceràries del pasado como la COPEL o el APRE– para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que aseguran sufrir por parte de organismos penitenciarios e instituciones públicas mientras se encuentran privadas de libertad.

Después de las diferentes experiencias vividas por parte de las personas presas en los últimos tres años de lucha desde dentro de los muros –en 2018 se hicieron tres huelgas de hambre colectivas y el pasado 1 de mayo, otra–, y los debates recientes con los diferentes grupos de apoyo de todo el Estado, se ha decidido cambiar el planteamiento de la acción de protesta. En este caso, y a diferencia de las anteriores huelgas de hambre colectivas –donde todas las presas comenzaban la acción el mismo día–, se plantean ayunos rotativos de 10 días. Es decir, cada diez días, una de las personas presas que participa en la propuesta pondrá en marcha una huelga de hambre en una prisión determinada. Y cuando esa persona termine la acción, otra comenzará en un penal diferente.

El objetivo de los ayunos sigue siendo visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles y especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los puntos de la tabla. Se trata de un derecho básico de la población penitenciaria reconocido en los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y en el artículo 91 del Código Penal, que actualmente afecta a decenas de internas en España y en las prisiones catalanas. Según explica Peque en su carta, «Sabemos que existen numerosxs compañerxs con enfermedades graves e incurables y sé que por solidaridad, amor propio e indignación frente a la injusticia, han realizado huelgas de hambre por iniciativa propia sin ser consensuadas de forma colectiva, lo que me parecen luchas vacías. Muchas ganas y solidaridad, pero, si lo que deseamos es dar luz a lo que está pasando con muchxs de nuestrxs compañerxs, debe ser, según mi forma de ver, de una manera conjunta.» En estas líneas se refiere a las huelgas de hambre que llevó a cabo Carmen Badía desde la prisión de Zuera –de 54 días y un mes respectivamente los últimos meses–, con la intención de dar visibilidad a su caso y llamar la atención de los organismos internacionales de prevención de la tortura para conseguir su excarcelación por enfermedad grave e incurable. Hay que recordar que Badía continúa actualmente toma el módulo de enfermería de la prisión aragonesa diagnosticada con cáncer de mama y con fuertes dolores corporales.

En las últimas semanas, diferentes grupos de apoyo de todo el Estado se han encargado de hacer llegar el mensaje con la propuesta a las personas presas que participan en la lucha colectiva, y de momento, ya son ocho las internas que se han pronunciado y sumado a la acción. El último en hacerlo ha sido Francisco Aroca Lison (Piyayo) desde el centro penitenciario de Albolote (Granada): «Vamos a organizarnos como sabemos hacer. Gente desde fuera lleva el control y nos va informando en cada prisión donde estamos dispersadxs, para ver como va todo este proceso colectivo. La información es fundamental, así como el diálogo entre nosotrxs. Pienso que esta propuesta está bien pensada, llevémosla a cabo todxs a una.»

Mientras esperan más adhesiones desde dentro de los muros –con las huelguistas actuales la propuesta de lucha se extendería del domingo hasta finales de noviembre–, de momento ya se ha convocado una concentración para el sábado 21 de septiembre fuera de la prisión de Albocàsser (Castellón) «para exigir la excarcelación de las personas gravemente enfermas con padecimientos incurables y en solidaridad con las presas en lucha». Desde el colectivo de apoyo a presas Tokat aconsideran que «se trata de seguir aprendiendo a dialogar, decidir y actuar colectivamente para que sea posible una verdadera lucha social anticarcelaria».

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Más Información En Tokata Sobre la Huelga De Hambre Rotativa Por La excarcelación De Las Personas Presas Gravemente Enfermas

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-VIII-2019]

Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020

La Directa ha publicado en su página web un artículo sobre la convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles a iniciar el próximo 1 de octubre. Lo firma Vicent Almela y también se hace eco, como ha venido haciendo a partir de la convocatoria de huelga de hambre colectiva del último mayo, del contexto y antecedentes de esta propuesta de lucha y de los comunicados y opiniones de varios de sus participantes.

Cinco meses después de la huelga convocada en las cárceles por el primero de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa vuelven a convocar una huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de doce puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen –según las respuestas dadas por el Ministerio del Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de EH Bildu Jon Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales por suicidio–, esta tabla incluye «demandas básicas» para las personas presas, como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento –donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno–, el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de los centros, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) –con las excepciones de Cataluña y el País Vasco– y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Parlamento español en 2003.

«Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo disfrutará la nueva generación que entre «. Con esta reflexión acababa José Ángel Martins Mendoza –alias Peque–, su carta de valoración sobre la huelga de hambre el pasado mes de mayo. En esta misma carta, proponía ya una nueva convocatoria de huelga de hambre por el primero de octubre y abría esta propuesta a debate, crítica y reflexión por parte del resto de presos y de la comunidad anticarcelaria.

La propuesta ha sido comentada y debatida durante los meses de verano por diferentes tomados a través de correspondencia, a pesar de las dificultades comunicativas que sufren mucho de ellos. Por el simple hecho de reivindicar sus derechos y denunciar las vulneraciones que sufren, muchos de estos presos tienen todas las comunicaciones controladas –cartas, llamadas y locutorios– están afectados por la dispersión y el continuo cambio de prisiones, y la mayoría de ellos están pagando sus penas en régimen especial de castigo y módulos de aislamiento. A pesar de las dificultades que les pone la SGIP para coordinarse, varias voces se han podido sumar al debate y la convocatoria gracias a los grupos de apoyo, como Tokata, La Corda, o el Grup de Suport a Presxs de Lleida, y han podido opinar en relación a la propuesta. Una de estas voces es la de Toni Chavero, uno de los presos más activos de la lista, que proponía que los presos que no quisieron o pudieron hacer la huelga de hambre, iniciaran un ayuno los días 1, 5, 10 y 15 de octubre, acompañado de escritos de denuncia al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Ministros y a la SGIP, con el objetivo de intentar abrir el “abanico” de posibles formas de participación “para que más personas presas participen” y se sumen a la acción.

También otros presos y presas como Carmen Badia –enferma de cáncer en la prisión de Zuera–, Oscar Rodríguez González –desde Puerto I– o Francisco Aroca –desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)– han aportado al debate y se han adherido públicamente a la convocatoria de huelga. Este último hace una reflexión en relación al contexto actual: «Mucho se habla ahora de la situación de los presos políticos catalanes, pero ¿qué pasa con nosotros, los presos comunes? Nosotros hace años que estamos encerrados a grandes distancias de nuestras familias, que deben arriesgar la vida para poder vernos 40 minutos a través de un cristal. Y eso los que tienen recursos económicos para pagar el trayecto. Se nos aplica la dispersión como castigo o venganza de forma sistemática».

En su última carta, publicada el otro día en el portal de Tokata, Chavero anima al diálogo entre todos los participantes en la huelga, y a desarrollar una estrategia de no violencia durante la duración de la misma, ya que considera que hoy en día y con el contexto actual en las cárceles «la violencia no es una herramienta que pueda ayudar a crear una comunidad de lucha y conseguir nuestros derechos». «La cuestión es que cuanta más peña participe de la manera que pueda o quiera libremente, más ruido se hará fuera y más se podrá ver de lo que estamos haciendo, que es eso, luchar por mejorar las cosas», concluye.

Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera

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Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria

Noticias Sobre La Huelga De Hambre De Octubre

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2018]

Actividad en la calle Huelga de hambre octubre 2018 Presxs en lucha

La Directa, proyecto de «periodismo cooperativo para la transformación social» en Catalunya, ha publicado en su página web un artículo firmado por Vicent Almela donde se hace un somero balance de lo ocurrido, tanto dentro como fuera de las cárceles, durante la huelga de hambre colectiva realizada en mayo por algunxs presxs en lucha en defensa de las doce reivindicaciones de la propuesta de lucha que está siendo defendida por lxs mismxs desde hace unos dos años. Se hacen eco también de las opiniones al respecto de algunas de las personas presas participantes. Ahí va una traducción al castellano.

LA HUELGA DE HAMBRE EN LAS PRISIONES REACTIVA LA COMUNIDAD DE LUCHA ANTICARCELARIA

La propuesta de lucha iniciada en mayo pasado por un grupo de presos para visibilizar la constante vulneración de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha logrado reactivar la coordinación entre población reclusa, abogadas, grupos de apoyo, familiares y algunos movimientos sociales en una acción conjunta.

Hace casi dos años se hacía público desde la prisión de Estremera (Madrid VII) el primer borrador con una nueva propuesta de lucha activa dentro de los centros penitenciarios, con la publicación y difusión de un comunicado y una tabla reivindicativa de doce puntos para denunciar las situaciones que, según uno de los impulsores de la propuesta -el preso Toni Chavero-, «en mayor medida atentan contra nuestra dignidad y nuestra vida». Esta primera propuesta, abierta a debate y sugerencias por parte de la comunidad anticarcelaria, se sustentaba con ayunos mensuales y la comunicación continua con los grupos de apoyo y la dirección de las cárceles, para denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que sufren diariamente las personas presas. A pesar de las dificultades de transmisión de información y comunicación entre presos, ya son más de cuarenta los internos que se han sumado a esta propuesta de lucha activa, que realizan ayunos simbólicos mensuales y denuncian judicialmente –y a través de los grupos de apoyo– cualquier abuso o discriminación que sufren o del que son testigos.

Enmarcada dentro de esta campaña, el preso José Ángel Martins Mendoza, Peque, desde la prisión de Albocàsser (Castellón II), lanzaba a principios de este año la propuesta de poner en marcha una huelga de hambre, con fecha de inicio el primero de mayo -que tuvies una duración de cinco a quince días- con el objetivo de iniciar una primera acción coordinada entre todos los paresos que participan en la propuesta y la calle y así visibilizar los doce puntos de la tabla reivindicativa tanto dentro como fuera de los muros. Finalmente, en esta huelga de hambre han participado más de una veintena de presos -de cuarenta que figuran actualmente en la lista- de diferentes centros penitenciarios en España, y también se han realizado numerosas acciones de solidaridad y agitación para visibilizar la huelga en las calles de diferentes ciudades. Antes de iniciarse, se organizaron jornadas anticarceràries y de envío de correspondencia en ciudades como Granada, Valladolid, Palencia, Santander o Lleida, y también concentraciones solidarias ante las prisiones, en Valladolid o Valencia, durante la huelga de hambre. En Barcelona, ​​aparte de los parlamentos que el colectivo Clivella realizó en un acto organizado por la CNT durante la celebración del Primero de Mayo, también se realizó una acción en la que una cuarentena de personas cortaron la avenida Meridiana durante unos minutos, y dos de ellas se colgaron del puente de Sarajevo, a fin de mostrar solidaridad y hacer visible la huelga de hambre que se estaba dando entonces dentro de los centros penitenciarios.

Para la elaboración del reportaje «Se reactiva la lucha dentro de los muros», publicado en el número 451 de la Directa, el 4 de abril- contactamos por carta con la cuarentena de presos en lucha activa actualmente. Estos testimonios nos ayudaron a montar un relato que explicaba la propuesta de lucha, a la vez que se visibilizaban experiencias de vulneración de derechos fundamentales que sufre la población reclusa durante su día a día. Aunque se hizo el envío de esta edición a todos los presos entrevistados –actualmente privados de libertad en once centros penitenciarios ubicados en diferentes puntos de España– por el momento no tenemos constancia de que ningún preso haya recibido la publicación. Instituciones Penitenciarias tampoco ha devuelto ningún ejemplar ni ha explicado los motivos por los que no ha llegado la correspondencia a los presos, lo que choca frontalmente con el derecho a la libertad de prensa, que es un derecho constitucional para todos y que, por tanto, debería ser respetado también dentro de los centros penitenciarios.

Aunque esta primera acción coordinada entre los presos en lucha activa no ha sido masiva en cuanto a la participación, tanto los presos como los grupos de apoyo valoran la experiencia positivamente. Desde el colectivo de apoyo Tokata consideran «muy postitivo que se haya dado un primer paso en la creación de un espacio de lucha que llegue a todas las personas que estamos dispuestas a enfrentarnos al sistema penal, a modo de autodefensa, y después de mucho tiempo se haya iniciado un diálogo consciente, que se está llevando adelante en estos momentos, entre todas las partes ‘para proponer’ la apertura de ese espacio de lucha.»

Desde dentro de la prisión de Villena, Toni Chavero –mediante correspondencia– también valora positivamente la acción y reconoce que «en los últimos tres años se ha incrementado la conciencia anticarcerària, la comprensión de la empresa-prisión e incluso el espíritu de lucha, tanto dentro como fuera de los muros», y destaca que, para él, «el hecho de no sentirnos solos aquí dentro no tiene precio». A pesar de la valoración positiva de la huelga, envía un mensaje claro al resto de internos adheridos a la lista de presos en lucha activa para que se pronuncian en el ámbito personal y se pongan en contacto con los grupos de apoyo explicando lo que van haciendo: «es necesario que todos nos definamos y pronunciemos personalmente para ver qué presos estamos en lucha activa y cuáles no, para así poder continuar con veracidad la propuesta coordinada». José Ángel Martins, que ha sido trasladado recientemente a la cárcel de Puerto III en represalia por su participación en la propuesta de lucha, considera que «aunque hemos sido pocos para las expectativas que teníamos, debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos sido fieles a nuestros ideales libertarios y nuestra dignidad continúa en alza», por lo que propone el inicio de otra huelga de hambre coordinada para el próximo 1 de octubre. Martins concluye la carta afirmando que «está claro que no conseguiremos la abolición de las cárceles, de momento, pero si cada año nos vamos sumando más presos, estoy seguro de que conseguiremos que se cumplan nuestros derechos dentro de las cárceles. Y si no lo disfrutamos nosotros, al menos que se respeten los derechos de las futuras generaciones que entran.»

Continúan sin respetarse los derechos de los enfermos crónicos

Aunque según el Reglamento Penitenciario (RP), mediante los artículos 104.4 y 196, se valora «la conveniencia de clasificar en tercer grado, por razones humanitarias y de dignidad, a las personas enfermas muy graves con enfermedades incurables que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad», este derecho –que forma parte de las doce reivindicaciones de la tabla de los presos en lucha– se continúa incumpliendo sistemáticamente por parte de las Instituciones Penitenciarias. Un claro ejemplo es la situación que está sufriendo actualmente el preso Francisco Chamorro, enfermo de cáncer y VHC dentro de la prisión de Castellón I que, a pesar del reconocimiento médico de su enfermedad, no se le concede la excarcelación. Rosa Giménez, madre de Chamorro, denuncia que «dentro de la prisión no le dan su tratamiento y los tratan como animales. Esto no es un lugar donde curarse de un cáncer. Yo estoy sufriendo por la vida de mi hijo, y no voy a parar hasta conseguir la excarcelación.» Por este motivo, se ha convocado una manifestación frente al centro penitenciario Castellón I el sábado 23 de junio a las 11 de la mañana.

También Carmen Badía Lachos, enferma de cáncer y actualmente interna en la macrocárcel de Zuera (Zaragoza) –de momento es la única mujer que se ha sumado a la propuesta de lucha activamente– relata en una carta dirigida al grupo de apoyo a presxs de Lleida que han comenzado las represalias contra ella por el hecho de participar en la acción de la huelga de hambre. En esta misiva, Badía denuncia que no la han visitado los médicos desde su traslado a este centro penitenciario, hace tres meses, y le han reducido el apoyo sanitario de 24 horas que recibía, que ha pasado a ser sólo de 15. Mientras tanto, su estado de salud vuelve a empeorar y casi no puede dormir por los efectos secundarios de la quimioterapia.

Actividad en la calle Huelga de hambre 1 de mayo 2018

José Antúnez Becerra sostiene una huelga de hambre desde el 14 de enero en la prisión de Brians 2 para reivindicar sus derechos y denunciar su situación, fruto de su luchaa contra las instituciones punitivas.

Antúnez Becerra ha iniciado esta lucha para que se le revise la condena de diecinueve años de cárcel, dictada a raíz del motín del centro penitenciario de Quatre Camins del laño 2004, ya que el mismo considera esta sentencia como una venganza por su militancia contra la institución penitenciaria. Según expresa él mismo preso en un comunicado hecho público el 20 de enero: “ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de la transición y dentro de la prisión formé parte de una organización llamada COPEL (Cordinadora de Presos en Lucha). Destacaré que la base para condenarme a sido mi historial, aparte de ello también las presiones políticas instrumentadas con los sindicatos y los medios de comunicación”.

Con la huelga de hambre, Antúnez también reivindica algunos derechos que le corresponden como preso, por ejemplo, el de obtener permisos y proyectos de futuro, ya que cumple los requisitos para hacer talleres o cursos. Además, siempre ha tenido problemas en las diversas cárceles por donde ha pasado hasta el día de hoy, ya que asegura que le aplican registros y controles arbitrarios, le devuelven muy tarde sus pertenencias después de un traslado o, directamente, no se las devuelven, según han informado familiares y grupos de apoyo del preso.

José Antúnez

A continuación, traducido al castellano, un artículo publicado anteayer en la web de La Directa por el compañero Vicent Almela. Habla de las tres muertes por supuesto suicidio ocurridas en cárceles catalanas en los últimos diez días, dos de ellas en departamentos de aislamiento, y de la crueldad de estos lugares de castigo máximo, tan inhumanos en las cárceles de Cataluña como en las del resto del territorio dominado por el Estado español, donde van a parar muchas personas con enfermedad mental y otras muchas enferman al ser obligadas a vivir en condiciones de privación, violencia y constricción en las que es imposible vivir. Pero encerrar allí para machacarlas a las personas que dan problemas es, no el último, sino el primer recurso de esa máquina punitiva estatal que con insultante desvergüenza proclama que su finalidad es la «rehabilitación» de los delincuentes. En esos horribles lugares se ha empujado, se empuja y se empujará al «suicidio» a mucha gente. ¿Al suicidio? ¿Quién sabe? Porque ahí los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejercidos sistemática e impunemente, sin ningún control ni garantía de la integridad de quienes los sufren, son el pan de cada día. No sabemos si la «sociedad catalana» es un poco más o un poco menos hipócrita que la que vegeta en el resto del territorio explotado bajo bandera española, pero en todas partes sus actos y el brutal cinismo con el que se ríen de los «convenios», reproches y «recomendaciones» de los «organismos internacionales de defensa de los derechos humanos» desmienten los gestos aperturistas y la palabrería humanitaria con que los políticos, la «sociedad civil» y otros agentes de la opresión capitalista intentan legitimar la violencia a la que sirven.

UNO DE CADA TRES SUICIDIOS EN CÁRCELES CATALANAS SE PRODUCE EN CELDAS DE AISLAMIENTO

Según expertas en el campo de la psiquiatría, más de la mitad de las personas encerradas en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) sufre algún tipo de trastorno mental. Familiares, entidades de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas urgen al Departamento de Justicia la no aplicación de este régimen de internamiento después de un aumento alarmante de los suicidios en las cárceles catalanas. De los ocho suicidios que se han conocido en las prisiones catalanas en los primeros seis meses del año, tres se han producido en un DERT, más de la tercera parte, aunque en estas dependencias se confina tan sólo un 2 % de la población reclusa.

En abril de 2017, Mohamed Choulli participaba como testigo ante el Parlament de Cataluña en el grupo de trabajo sobre el Régimen de Aislamiento de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) en las prisiones catalanas, donde por primera vez, y gracias a las constantes denuncias y presión por parte de diferentes entidades y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, se ponía en cuestión la legitimidad del régimen de aislamiento en los centros carcelarios de un estado de derecho en pleno siglo XXI. En su testimonio, propuesto por el grupo parlamentario de la CUP y que se hizo mediante una entrevista presencial de dos diputadas en la prisión de Brians 2, donde se encontraba privado de libertad, Choulli  –de sólo 25 años en ese momento y cinco de ellos preso– explicó en primera persona cómo se siente alguien después de pasar de 18 a 22 horas al día aislado en una celda, sin realizar ninguna clase de actividad tratamental ni establecer ningún contacto humano con otras personas, en algunos casos durante varios años de su vida. Lo conocía bien después de pasar largos periodos de tiempo en este régimen de vida, clasificado en primer grado o cumpliendo sanciones disciplinarias, en diferentes centros penitenciarios catalanes (Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners y Mas d’Enric ), porque, según instituciones penitenciarias, «no se adaptaba al régimen de vida ordinario de los centros».

Ante ese mismo grupo de trabajo, el entonces director de Brians, Juan Carlos Navarro, reconocía que la dirección era consciente de la situación y que, al igual que muchos de los internos que pasan por los DERT, esta persona estaba diagnosticada con un trastorno límite de personalidad y tenía tendencia a las autolesiones. Pau Pérez, psiquiatra experto en la aplicación del Protocolo de Estambul a personas detenidas y miembro del Equipo Asesor del Mecanismo Estatal para la Prevención de la Tortura, también compareció en este mismo grupo de trabajo poco después. En su intervención, el doctor aseguraba que, en muchos casos, las personas con patologías mentales en prisión terminan en los DERT porque, por el mismo hecho de sufrir enfermedades mentales, toleran peor el ambiente de prisión y acaban teniendo sanciones y son llevados a aislamiento, sea como sanción o por clasificación y asignación de régimen de vida. «Si se estima que alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno, esta cifra aumenta mucho si hablamos de los DERT. Ahora bien, si sólo consideramos como trastornos mentales agudos la esquizofrenia y el trastorno bipolar, las cifras serían bajas, entre un 6 y un 7%, pero la realidad nos dice que hay muchos otros tipos de trastornos que pueden conducir una persona a la autolesión o el suicidio». Pérez concluía en su intervención que esto supone un grave problema, ya que «los DERT no pueden servir como espacio de gestión de las personas con patologías mentales, las cuales deben ser tratadas desde una lógica médica y nunca disciplinaria».

Tras su comparecencia en este grupo de trabajo, en abril de 2017, Mohamed Choulli pidió al Parlament una protección especial por miedo a represalias, pero nunca se le concedió. Poco después, lo trasladaron a la prisión de Mas d’Enric, donde en junio de 2020 denunció amenazas y malos tratos por algunos carceleros del centro mientras se encontraba de nuevo clasificado en aislamiento y, según su testimonio, intentó suicidarse colgándose con una sábana en la celda donde estaba encerrado. Tanto el Sistema de Registro y Comunicación para las Víctimas de Violencia Institucional (SIRECOVI) como su abogada denunciaron estos hechos ante las instituciones penitenciarias, e incluso la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió un comunicado urgente instando a las autoridades españolas a actuar, esclarecer los hechos y asegurar la integridad física y mental de Choulli durante su estancia en prisión.

Las recomendaciones y advertencias de las entidades y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos no tuvieron mucho efecto en las siguientes actuaciones de las instituciones penitenciarias que, pocos días después de este incidente, trasladaban a Choulli a la prisión de Puig de les Basses (Figueres), situada a más de 200 kilómetros, sin previo aviso –ni a él ni a su familia– y, poco después, era clasificado de nuevo en primer grado con la aplicación del protocolo antisuicidio, lo que supone estar encerrado en un DERT con otra persona en la celda. Este protocolo no pudo evitar la muerte de Choulli, el 27 de junio, debido a un incendio en su lugar de cautiverio, en el DERT de Puig de les Basses, donde otros dos presos resultaron heridos por inhalación de humo. Según el Departamento de Justicia, el incendio lo habrían provocado los tres internos, aunque la investigación continúa abierta. El defensor del pueblo ha abierto una actuación de oficio y la familia de Choulli considera la posibilidad de emprender acciones legales para esclarecer la causa del siniestro.

La muerte de Mohamed Choulli no ha sido la única que se ha dado a los DERT de las cárceles catalanas durante el último mes, y es que el 3 de julio, Ana, una joven de 19 años, se suicidaba –según fuentes de instituciones penitenciarias– en el módulo de aislamiento del centro de Brians 1, mientras cumplía una sanción disciplinaria. Según los datos del Departamento de Justicia, alrededor de un 2% de la población penitenciaria en Cataluña se encuentra encerrada en un DERT –hoy hay 144 personas–, sea por su clasificación en primer grado, en virtud del cual pasan hasta dieciocho horas encerradas, o por una sanción disciplinaria, que puede alargar el castigo hasta 42 días, si se encadenan sanciones, y la permanencia en la celda es de 22 horas diarias. Aunque representan un pequeño porcentaje de la población penitenciaria, según las estadísticas, un tercio de los suicidios en las cárceles se produce en estos departamentos.

De los ocho suicidios que ha habido en las prisiones catalanas en los primeros seis meses del año, tres han sido en los DERT. La proporción de mujeres muertas en aislamiento es superior a la media de los hombres, ya que, aunque sólo suponen el 7% de la población penitenciaria, en torno a un 20% de suicidios que ha habido estos últimos cinco años los DERT los han protagonizado mujeres. Según datos facilitados a la Directa por parte del Departamento de Justicia, durante los seis primeros meses del año un total de 21 personas han muerto en las cárceles catalanas, siete de ellas todavía a la espera de autopsia para determinar las causas, ocho por suicidio y seis por «causa natural».

Frente común por la «no aplicación del aislamiento»

Poco después de finalizar sus tareas el grupo de trabajo sobre el DERT del Parlament de Cataluña en 2017, el entonces director general de Servicios Penitenciarios Amand Calderó –que dimitía del cargo la semana pasada poco después de que Lourdes Ciuró (Junts) cogiera la cartera de Justicia a finales de mayo– emitía la Circular 2/2017. Este documento regulaba, en el plano teórico, algunos aspectos de la organización y la intervención en los departamentos de aislamiento de las prisiones catalanas según las sugerencias hechas por entidades y organizaciones al grupo de trabajo. Sin embargo, según explican desde las entidades que monitorizan el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios, esta normativa sigue siendo insuficiente y muchas veces no se tiene constancia de que se terminen aplicando todas las regulaciones que contempla, ya que no se realiza ningún auditoría donde se pueda compartir la información de forma transparente.

«La sensación con la aplicación de la nueva circular fue agridulce», explica Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona que también participó como testigo en el grupo de trabajo del Parlament sobre los DERT porque, a pesar de las intenciones del Departamento, cree que se perdió una muy buena oportunidad para acabar con un régimen de vida en las cárceles catalanas que posibilita que se produzcan incidentes graves de violencia institucional y suicidios como los que hemos visto las últimas semanas. «Nosotros, desde el OSPDH, estamos en contra de regular espacios donde se posibilita la violencia institucional. Por lo tanto, creemos que estos espacios deberían erradicar y no aplicar el aislamiento», afirma.

Lo mismo opina Mireia Salazar, abogada del centro para la defensa de los derechos humanos Iridia que defendió a Mohamed el Choulli durante Los últimos años: «Hay demasiados indicios que muestran que el Aislamiento es un régimen muy lesivo para la salud mental de las personas. Si e cierto que en Cataluña tenemos la competencia de prisiones y cuando las interesa se buscan las fórmulas para aplicar ciertas medidas, ¿por qué no hacemos nada para solucionar este tema? Lo que no puede ser es que las juntas apliquen la clasificación en primer grado tan fácilmente y que luego se lamentan cuando alguien se quita la vida cuando lleva de 18 a 22 horas encerrado en una celda durante tanto tiempo».

Después de las últimas muertes en Brians y Puig de les Basses, una decena de organizaciones en defensa de los derechos humanos, de abogacía y la Asociación de Familias de Presos en Cataluña, han hecho público un comunicado en el que exigían al Departamento de Justicia la no aplicación del aislamiento penitenciario en las cárceles catalanas, la investigación de las últimas muertes y la aplicación de un protocolo de comunicación transparente con las familias cuando se dan estas situaciones.

Reglamentos internacionales como el Protocolo de Estambul o las Reglas Nelson Mandela, así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) de las Naciones Unidas, alertan de las secuelas psicológicas irreversibles que puede conllevar el aislamiento en un Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) durante más de quince días consecutivos. Tanto en España como en Cataluña una persona presa puede estar clasificada en primer grado durante años. “Los DERT en sí mismos son una contradicción según la legislación internacional, la cual choca frontalmente con la Ley Penitenciaria española, que data de 1979. Por lo tanto, no podemos aceptar un régimen de vida dentro de las cárceles que es ilegal según el derecho internacional».

Tanto desde el OSPDH como el centro de Derechos Humanos Iridia, han hecho saber a la Directa que pronto solicitarán una reunión con la nueva consejera de Justicia para pedirle una auditoría y esclarecer las causas de los dos suicidios que se han producido al DERT en las últimas semanas, así como solicitar una revisión de la circular 2/2017 para saber cómo se está aplicando. «Hace cinco años, cuando se hizo el grupo de trabajo sobre el DERT en el Parlament, mucha gente se enteró de la existencia de los DERT, incluso la mayoría de políticos. Ahora, con el nuevo gobierno y la salida de los presos políticos en la calle, les pedimos que no les den la espalda a las cárceles ni caigan en el olvido. Lo mejor que se podría hacer ahora mismo en las cárceles catalanas para evitar estas muertes sería dejar de aplicar el aislamiento a DERT», concluye Rivera.

Cárcel=Tortura La cárcel mata Régimen de Máxima Crueldad

El cinismo y la hipocresía del Estado español, de quienes lo manipulan en su propio interés y de quienes lo gestionan a su servicio, sean de izquierdas o de derechas, pretendiendo que la administración y explotación de las catástrofes humanas y sociales que ellos mismos provocan pueden contribuir a su solución en lugar de constituir la parte principal del problema, se ponen de manifiesto una vez más en la gestión de la problemática de la enfermedad mental en prisión, donde se machaca cotidianamente a los débiles para consuelo de los sumisos y cobardes, mientras los responsables hacen planteamientos utópicos que no son suficientes para esconder que son ellos quienes mantienen a gente enferma en un régimen de vida destructivo, porque el capital parasitario al que sirven medra a costa de su sufrimiento y porque el humanismo de la mercancía continúa poniendo su filantropía muy por debajo de su codicia. Traducimos un artículo publicado en catalán por Ester Fayos en la página web de La Directa el pasado 27 de mayo, donde se ofrece una concreta perspectiva de todo eso, aportando documentación y algunos testimonios más o menos comprometidos, que pueden ayudar a situarse críticamente frente a ese sector de la máquina punitiva.

El Ministerio del Interior español pretende aprovechar las instalaciones de la fallida cárcel de Siete Aguas (la Hoya de Buñol) para construir un complejo donde encerrar a 500 personas privadas de libetad y con problemas de salud mental. Colectivos anticarcelarios y del ámbito de la salud mental del País Valenciano se oponen a este modelo penitenciario y defienden una atención en recursos comunitarios y de proximidad

A mediados del mes de febrero, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, de quien depende la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, publicaba el anuncio de licitación donde se fijaba un presupuesto de 730.000 euros para la redacción del proyecto, adjudicada a la sociedad de arquitectos Sánchez Horneros, que obtuvo la máxima puntuación. Es sólo una pequeña parte de la financiación total, que, según la documentación correspondiente publicada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), se eleva hasta los ochenta millones de euros, que se destinarán a terminar de levantar y acondicionar las instalaciones de la cárcel a medio construir, proyecto impulsado por el gobierno de Zapatero para albergar a 1.194 internos y aliviar la «sobresaturación» del centro penitenciario de Picassent (Valencia Sur).

El hospital psiquiátrico penitenciario tendrá una capacidad para 500 personas privadas de libertad y diagnosticadas con trastornos mentales, que podrán ser trasladadas desde sus territorios de origen para cumplir condena en la Hoya de Buñol, a pesar de que el artículo 12.1 de la ley penitenciaria dicta que se debe «procurar […] evitar el desarraigo social». Desde SIEPSE aseguran que se han seguido criterios sanitarios y se han estudiado «las características y perfiles de las personas enfermas» a la hora de determinar la estructura y las unidades de alojamiento más «adecuadas» para su bienestar y recuperación mental y social. «Sobre el papel, tal vez sí, pero en la práctica priman los criterios restrictivos», denuncia Javier Vilalta, director de Àmbit ‒entidad que trabaja para la reinserción social de las personas Preses‒ y miembro de la plataforma Stop Centro Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas. Muestra de ello es la propia concepción de un centro de grandes dimensiones ‒70.000 metros cuadrados‒ y aislado del resto de la población; o una división modular que atiende a medidas punitivas y clasifica a las personas presas en «agudos, agresivos, descompensados, estabilizados o rehabilitados», tal como se lee en la documentación oficial del proyecto.

Sin atención médica y sobremedicalizadas

El año 2019 murieron 194 personas en las cárceles del Estado español, muchas de ellas a causa de enfermedades graves. La segunda causa de muerte es la sobredosis por consumo de drogas legales –ansiolíticos o metadona, por ejemplo‒ proporcionadas por la propia administración carcelera sin control terapéutico adecuado; mientras que la tercera causa es el suicidio, muchas veces de personas con problemas de salud mental que no se han diagnosticado o notificado previamente al equipo médico –según datos del estudio PRECA, el informe más amplio sobre la prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios, ocho de cada diez personas presas han sufrido algún tipo de trastorno mental, siendo el trastorno por el uso de sustancias lo más frecuente (76,2%), seguido del trastorno por ansiedad (45,3%) , el afectivo (41%) y el psicótico (10,7). Esta falta de información y seguimiento médico implica que a estas personas, sin tener en cuenta su estado mental, se las pueda encerrar en primer grado, sometidas a castigos penitenciarios o que ni siquiera se las destine a los centros psiquiátricos para cumplir las medidas de seguridad, tal como dicta una sentencia del Tribunal Constitucional, del año 2018.

«La atención médica en las cárceles es una catástrofe», critican desde el grupo de apoyo a personas presas Tokata. En fecha de marzo de 2020, en las cárceles del Estado español había 285 médicos y 6 psiquiatras para 55.180 personas presas, según datos del Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por EH Bildu. Con esas cifras «no se cubre ni un pequeño porcentaje de las necesidades de las personas con problemas de salud mental, que en el mejor de los casos reciben una visita al mes», añaden las miembros de Tokata, quienes además denuncian la falta de especialización médica: «los médicos carceleros recetan tratamientos psiquiátricos sin tener conocimientos adecuados. Tienen a la gente aturdida y están fomentando el consumo y tráfico de drogas supuestamente legales».

La falta de recursos y de personal se extiende a la atención psiquiátrica en los hospitales penitenciarios, donde las personas internas se definen como «inimputables», es decir, que no pueden comprender la ilicitud de la infracción penal cometida. Por ello, en teoría, estas instituciones tienen un fin terapéutico y no sancionador, pero la realidad es otra bien distinta. En la actualidad, existen dos: uno en Sevilla –con 158 plazas– y otro en Fontcalent –371–, núcleo de población de Alicante, que sirven de referente en la lucha contra el centro Siete Aguas. «No están dirigidos a la recuperación de las personas. Allí están encerradas y sobremedicalizadas hasta que termina la medida de seguridad «, expone Vilalta. En la misma línea se expresa Lorena Navarro, trabajadora social en el centro de acogida del Casal de la Pau, que hace acompañamiento a los presos de Picassent y forma parte de la Coordinadora de Organizaciones del Entorno Penitenciario de la Comunidad Valenciana (COEPA-CV): «Se está creando un gueto de personas con problemas de salud mental, aisladas y sin ninguna clase de atención social y sanitaria».

Esto mismo demostraron, en el año 2018, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP) y el defensor del pueblo. Por medio de una visita sin previo aviso, pudieron constatar que el centro de Sevilla no disponía de un número suficiente de psiquiatras «para garantizar una atención psiquiátrica de calidad» ni tampoco de un psicólogo titular. En el informe correspondiente también se denuncia el estado de suciedad de las instalaciones y unos protocolos de contención que se aplican «por períodos de tiempo muy prolongados», aunque, según el defensor del pueblo, las sujeciones mecánicas se deben aplicar con carácter excepcional y por el «tiempo mínimo imprescindible» cuando «no exista otro medio menos gravoso».

En el caso de Fontcalent, a principios de 2020, el hospital sólo contaba con una psiquiatra para unas 300 personas internas, y en noviembre de 2020, la Asociación de Trabajadores Penitenciarios denunciaba que no había ningún profesional. «Alegan que el de Fontcalent está obsoleto para impulsar otro, pero el problema no es ese, sino la falta de profesionales», puntualiza Vilalta, quien también pone los centros Castellón I y Castellón II como ejemplo de las carencias: » Este año hace tres años que no les visita ningún psiquiatra «; aunque, según un análisis de la catedrática de derecho penal Esther Hava García, publicado en el año 2020, el 81,4% de los internos de estas cárceles objeto del estudio presentaron una patología dual –trastorno por uso de sustancias y trastorno mental.

Sergio Pellijero, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, pasó por el hospital de Fontcalent y por las cárceles de Picassent, Soria, y por último, de Albocàsser entre los años 2007 y 2014. En ninguna de ellas recibió una atención médica y psiquiátrica adecuada ni un acompañamiento personal para su reinserción social. «Te tienen cerrado y, durante unas horas, te sueltan a un patio con otros 200 presos. Esta es la rehabilitación y reinserción de la que hablan», describe. De su paso por el centro psiquiátrico de Alicante recuerda las condiciones «infrahumanas» y el exceso de medicalización: «Te destrozan la vida, pero a las farmacéuticas les da igual, porque ese tratamiento les reporta 5.000 euros al mes». Si mira atrás, destaca uno de los episodios que más le hace cuestionar el sistema penitenciario actual, cuando en una consulta con su psiquiatra entró un comercial para ofrecerles medicamentos: «Si voy a un tribunal, esto no lo creerán, porque soy yo quien está incapacitado».

A la falta de recursos se añade una sanidad penitenciaria en manos del Ministerio de Interior español. En 2003, en un clima de movilizaciones para conseguir un sistema de salud igualitario para todos, el Congreso español aprobó la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas. Dieciocho años después de la aprobación de la ley, sólo Cataluña y el País Vasco tienen transferida la sanidad penitenciaria. Esta vulneración de la ley, según denuncian desde los colectivos anticarcelarios, conlleva el abandono médico y la descoordinación de las diferentes administraciones, así como un aumento de la atención basada en prestaciones farmacéuticas.

Centros que vulneran los tratados

Este modelo de centros psiquiátricos supone una vulneración de los tratados y convenciones internacionales sobre salud mental y prisiones, que desde hace varios años se orientan hacia una atención de las personas con problemas de salud mental judicializadas en recursos comunitarios y dependientes de las administraciones autonómicas. La misma secretaría general de Instituciones Penitenciarias, en el llamado Programa Puente: Salud mental en penas y medidas alternativas, manifiesta que las cárceles no son un espacio adecuado para la reinserción social y personal de las personas inimputables y apuesta por «facilitar la integración con los dispositivos sociales y sanitarios comunitarios «.

En la misma línea se posicionan organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el plan de acción sobre salud mental, el Sistema Nacional de Salud (SNS) o la propia Consellería de Sanidad, en manos de Ana Barceló (PSPV). En el documento Estrategia autonómica de salud mental 2016-2020 aboga por la creación de una red de servicios de salud mental «en la que las diferentes unidades ofrezcan una amplia gama de prestaciones, se coordinen entre sí, garanticen la continuidad de los cuidados y realicen actividades conjuntas, incluyendo la promoción y protección de la salud mental, el tratamiento y rehabilitación». Asimismo, en una reunión con la delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Calero, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, con competencias en salud mental, Mónica Oltra (Compromís), expresó su negativa al proyecto de Siete Aguas y defendió una atención especializada, comunitaria y de proximidad, con centros pequeños y deslocalizados. Incluso, en el estudio Derecho y salud mental: logros alcanzados y retos pendientes, de Luis Fernando Barrios Flores, doctor en Derecho que trabajó en el hospital de Fontcalent, se afirma que hay que superar el modelo de grandes instalaciones y seguir el ejemplo del modelo francés o italiano, «con espacios de un máximo de 20 camas, dotados de personal especializado y con un esquema organizativo claramente asistencial».

Desde la Plataforma Stop Centro Psiquiátrico Penitenciario de Sieteaguas, que ha recibido el apoyo de más de 200 organizaciones y entidades del ámbito penitenciario y la salud mental, celebran las declaraciones de la consejera, pero las consideran insuficientes. Por ello, informan que, a lo largo de las próximas semanas, emitirán varios informes sobre la falta de recursos y las consecuencias negativas que este modelo implica para las personas con problemas de salud mental judicializadas, y advierten que acudirán al Defensor del Pueblo y a las instituciones europeas y organismos internacionales que revisen el caso de Siete Aguas.

Ante este panorama de vulneraciones de planes y normativas y carencias, la plataforma se pregunta el porqué de que no se inviertan los ochenta millones de euros en mejorar las condiciones y la atención médica penitenciaria actual. La respuesta: «El centro de Siete Aguas responde a un interés económico. Es la política del ladrillo frente a la del ser humano», remacha con rotundidad Vilalta. La misma opinión comparte Pellijero, quien se muestra mucho más contundente y advierte que dentro de algunos años «Florentino Pérez o algún fondo de inversión pegarán el pelotazo con esta construcción».

Alternativas en comunidad

Las personas con problemas de salud mental que delinquen, de manera previa a su entrada en prisión, ya conviven en núcleos de exclusión social. Los elevados índices de desempleo ‒según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019, sólo un 34% de esta población era activa; 47,3 puntos menos que el resto–, la estigmatización y el aislamiento, las frecuentes violaciones de los derechos económicos, sociales o reproductivos, la carencia de vivienda o las restricciones impuestas en el ámbito laboral, educativo o de la vida pública son algunas de las desigualdades a las que se enfrentan en su día a día. A estas, una vez han cumplido la medida de seguridad, se suma «el estigma de haber estado preso», explica Navarro, para quien el sistema penitenciario no hace más que agudizar la situación de mala salud y exclusión en que se seguirán encontrando cuando abandonen la prisión.

Muchas expertas y los organismos internacionales ya han superado la visión restrictiva y punitiva que representaban los manicomios, los cuales empezaron a abolirse con la ley de sanidad del año 1986; y están de acuerdo con el hecho de que el aislamiento penitenciario no es el más adecuado para tratar a las personas inimputables. Su transformación implica trabajar en y desde los recursos comunitarios: «Deberían poder ser trasladadas a viviendas propias donde acompañarles y hacerles un seguimiento», propone Navarro.

El programa Nuevos Rumbos, presentado a la Consejería de Igualdad por la plataforma Activistas en Acción ‒formada por cuatro colectivos que trabajan con personas psiquiatrizadas y de la que Pellijero forma parte– concreta este tipo de alternativa con la propuesta de un bloque «de viviendas con apoyo». Se trata de diferentes unidades de convivencia donde las personas con problemas de salud mental podrán desarrollar su vida por medio de dinámicas de colectivización de los recursos y actividades. «Deberán tener capacidad propia para el autogobierno y contarán con el apoyo de trabajadoras para desarrollarla», matizan. De este modo, y bajo los principios de la horizontalidad, la igualdad, el apoyo mutuo y el desarrollo integral, buscan dotarles de una solución habitacional y de herramientas «para su regreso a la vida en sociedad», así como trabajar en su inserción laboral digna y adaptada a sus conocimientos. Ahora, les falta el apoyo institucional, y también de la sociedad: «Todo el mundo debe movilizarse para poder cambiar la vida de miles de personas que se encuentran indefensas», concluyen desde el colectivo Tokata.

Actividad en la calle Salud mental

Desde el grupo anticarcelario de Reus/Tarragona, La Corda, publican esta carta de Jaber El Ghali, preso en Brians II que participa de la Propuesta de Lucha Colectiva por los 14 puntos desde hace poco. El compañero habla de diversos temas y reitera su interés de participar. Además adjunta la instancia de un ayuno reivindicativo. La fotografia de arriba corresponde a la jornada que se hizo en Tarragona el pasado 4 de junio, con el titulo «Entendiendo la situación actual en Colombia: historia reciente, represión y resistencia».

Prisión de Brians II. 30.05.2021

Hola X,

¿Qué tal estás? ¡Espero que bien! Ayer recibí tu carta, la cual me alegró el día, ya que estaba pensando que igual mis cartas no te habían llegado.

Vuelvo a decirte que sí quiero formar parte de “Presxs en Lucha” ya que veo muchas injusticias dentro de la cárcel. Nosotrxs quizá hemos cometido un error, pero esta gentuza vulneran la ley cada día y nadie amonesta su actuación. Es más, es como si la ley no fuera con ellxs. Llevo 9 años, y cada día veo que todo va a peor…

Ya tengo el listado de las 14 reivindicaciones, que me mandaste en la carta anterior, evidentemente comparto todas las peticiones y puntos del listado. Es más, si me puedes mandar alguna otra copia te lo agradecería.

Por supuesto puedes publicar todo lo mío, desde mis cartas hasta las querellas y denuncias que te mandé u otra documentación que pueda llegar a tus manos. Yo cuando pongo una queja llego hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque lamentablemente lo de “derechos” es una farsa, una mera fachada. Yo voy hasta el final. Solo le temo a Dios, a estos mortales corruptos nada de nada.

Recibí también el formulario sobre el primer grado y las consecuencias que el aislamiento comporta a lxs presxs. La gente lo pasa muy mal allí… y las secuelas físicas y psicológicas a veces no desaparecen aunque pasen años. Sinceramente, pienso que es una forma de tortura y sometimiento. Personalmente nunca tuve pensamientos de hacer daño a nadie de forma premeditada. Pero después de salir de allí solo pensaba en vengarme y joder a esa gentuza que permite esta clase de torturas en pleno siglo XXI.

Estoy por homicidio con agravantes, ya te lo dije. Vinieron a robarme una cosa a mi casa y la historia terminó así. He pedido la expulsión tres veces y me la deniegan. Es flipante. O sea, me aplican un artículo del código penal y cuando pides que te apliquen uno que vaya a tu favor se hacen el loco.

En 2005 terminé un grado superior en sistemas de telecomunicaciones e informática y estoy en segundo de derecho a través de la universidad a distancia (UNED).

Me pareció muy buena idea lo que hicisteis para el 1 de mayo, en relación a la explotación laboral de lxs presxs y para informar de qué es el CIRE, aquí en Catalunya. Actualmente yo no estoy trabajando aquí dentro, pero no porque no quiera, sino como represalia del CIRE por mi denuncia por despido improcedente. Algo vi de esto del CIRE a través de La Directa, aunque la realidad es mucho más incluso que todo esto. Por ejemplo, compran material chino de baja calidad y le cambian el envoltorio. Yo hice ese trabajo durante casi un año… Además de que compran barato, después le suben el precio. Y cosas así a mogollones.

Espero recibir noticias tuyas muy pronto. Hasta entonces recibe un cordial saludo. Por cierto, he empezado ya con los ayunos de los días 1 y 15. Te mando la del día 1 de junio ¿vale?.

¡Cuidate!

Jaber

Propuesta de Lucha Colectiva para ser difundida y debatida dentro y fuera (renovada)

No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada 2-IV-2021)

 

Presxs en lucha

Se trata de una convocatoria solidaria con las ocho personas detenidas el pasado 27 de febrero en Barcelona durante las movilizaciones espontáneas desencadenadas por la detención de Pablo Hasel que han llegado más allá de todas las previsiones y de la reivindicación inicial de libertad de expresión, tomando un cariz de oposición frontal al régimen totalitario de dominación y explotación imperante y prolongándose durante más de quince días tanto en ciudades y pueblos de Cataluña como del resto del territorio dominado por el Estado español, con expresiones de lúcida rabia anticapitalista no controladas por ninguna organización política o sindical, ya que, por mucho que hayan pretendido encauzarlas, sus convocatorias han resultado ampliamente desbordadas. Ha habido al menos 150 personas detenidas y las ocho de Barcelona, posteriormente encarceladas, siguen en prisión.

LA PRENSA APUNTA… Sobre las 8 personas acusadas de quemar un furgón policial

El pasado 27 de febrero detenían a 8 de nuestrxs compañerxs en el centro de Barcelona durante una manifestación. Este hecho se enmarca dentro del conjunto de movilizaciones masivas convocadas en nombre de la libertad de expresión pero que han acabado asumiendo cada vez más la voz del disenso general hacía el periodo histórico que estamos viviendo. Una realidad asfixiante caracterizada por una violencia institucional sin precedentes, que deja a la mayoría de la población sin futuro y que absuelve y defiende a los criminales de siempre: policías, políticos y familia real.

A raíz de sus detenciones tuvieron lugar registros policiales en 2 casas del Maresme, con la intención de relacionar a nuestrxs compañerxs con supuestas organizaciones criminales inexistentes y con acusaciones desproporcionadas basadas en pruebas irrisorias. Nada de presunción de inocencia, el escrito de los mossos ha sido reproducido en todos los medios de comunicación, que lo repiten y asumen como propio. A su vez, el juzgado hace lo que ya estaba escrito: imputación muy grave y prisión provisional sin fianza. No le vemos otro sentido a todo esto que la finalidad de acabar con la ola de protestas que desde hace semanas crece de forma exponencial en toda Cataluña.

Denunciamos la manipulación informativa y el sensacionalismo de los medios de comunicación, que se limitan a proporcionar imágenes baratas de entretenimiento mediático y discursos de criminalización de las protestas. Como tantas otras veces se está utilizando la figura de los anarquistas y los antisistema como cabeza de turco. La prensa apunta y silencia las protestas como cortina de humo que tape a los verdaderos criminales. Por un lado está la policía, con su violenta represión que ha dejado múltiples heridxs graves y mutiladxs. Por el otro, las instituciones que dejan a millones de personas sin hogar y sin posibilidad de llegar a fin de mes.Finalmente, la familia real y los políticos que siguen robando impunemente. Ellos son los auténticos criminales, que no nos confundan de enemigo.

Lxs 8 compañexos del Maresme encarceladxs están muy animadxs porque saben que no están solxs. Como su grupo de apoyo estaremos presentes transmitiendo información, asegurándonos de que la solidaridad sea nuestro factor de unión. Agradecemos las colaboraciones y aportaciones antirrepresivas y lucharemos para poder abrazar a nuestros compañeros muy pronto.

Dentro de poco publicaremos una cuenta de banco para los gastos legales así como los datos de lxs compañerxs que deseen recibir correspondencia.

¡Os queremos libres ya!

Solidarixs con lxs detenidxs de la manifestación del 27F
9 Marzo 2021

Fuente: https://ellokal.org/comunicado-solidarixs-con-lxs-detenidxs-de-la-manifestacion-del-27f/

Más información:

Todo Por Hacer

La Directa

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

La semana pasada nos hacíamos eco de la convocatoria de un marcha a la prisión de Brians, en Barcelona, para el próximo domingo, 17 de enero, en apoyo a lxs presxs en lucha, a su huelga de hambre roatativa y a sus 14 reivindicaciones y con intención de que quienes acudan vivan personalmente el recorrido que deben hacer las personas presas que salen de permiso para volver a la cárcel. Vicent Almela ha publicado en la web de La Directa un artículo al respecto, cuya traducción al castellano podéis leer a continuación.

Caminar seis kilómetros para volver de un permiso penitenciario

Este domingo al mediodía, grupos de apoyo y familiares de personas presas han convocado una marcha a pie desde la estación de tren de Martorell (Barcelona) hasta el complejo penitenciario de Brians para visibilizar el trayecto que las personas presas deben hacer cada vez que vuelven de permiso y reclamar un servicio de transporte público y gratuito tanto para ellas como para sus familias.

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Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Huelga De Hambre Rotativa 2020

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 4-I-2021)

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2020-2021

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