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Traducimos el artículo del compañero Vicent Almela que salió publicado el 31 de agosto en la página web de La Directa anunciando el inicio de la huelga de hambre roatativa para denunciar todo lo que atenta contra la vida de las personas presas. El cartel, referido a los disez días de participación en la huelga del comapñero Toni Chavero, lo han elaborado lxs compis del grupo anticarcelario HENAS, de Cantabria.

Una quincena de personas presas inician una nueva huelga de hambre rotativa para denunciar medidas que “atentan contra su vida”

La acción de protesta, que de momento cuenta con la participación de una quincena de internos, pretende visibilizar la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas privadas de libertad en régimen de aislamiento, y cómo afectan a las personas presas medidas penales como la dispersión o el incumplimiento en la excarcelación de personas con enfermedades graves o padecimientos psíquicos, a pesar de estar recogidas y reguladas por el mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal.

El martes, 1 de septiembre, comienza una nueva acción de protesta en las cárceles del Estado español. Hace ya más de cuatro años que un grupo de personas presas se está organizando y coordinando con el exterior para intentar recuperar la comunidad de lucha anticarcerària que afloró a finales de los años setenta mediante la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), en la que se implicaron diferentes agentes sociales: personas presas, familias, abogados, grupos de apoyo y entidades de la sociedad civil.

Salvando las distancias y con el contexto actual, las acciones de protesta que se están llevando a cabo, tanto desde dentro como desde fuera de los muros desde julio de 2016, pretenden denunciar y visibilizar las “constantes vulneraciones de derechos fundamentales” que , según expresan las mismas personas presas, continúan sufriendo los centros penitenciarios del Estado. Por este motivo, decidieron elaborar una tabla reivindicativa con catorce puntos concretos, que intentan visibilizar en cada acción de protesta. La mayoría de las reivindicaciones se centran en exigir que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) que respete y aplique artículos recogidos dentro del mismo Reglamento Penitenciario y el Código Penal, como la excarcelación de personas con enfermedades graves o incurables y el acceso a un sistema sanitario igual al de cualquier otra persona. También reclaman medidas recogidas por parte de instancias europeas, entre ellas el Consejo de Europa, como la limitación del tiempo que una persona puede pasar en régimen de aislamiento, que nunca debería superar los quince días debido a los posibles daños psicológicos. Las condiciones que sufren, denuncian, “atentan contra su vida”.

Tras el escaso seguimiento y la falta de coordinación y comunicación en la última huelga de hambre, que se puso en marcha en pleno confinamiento el 1 de mayo y duró quince días, en los últimos meses se ha generado un diálogo y un debate intenso entre las personas presas y los grupos de apoyo a la calle para intentar tejer una estrategia conjunta, lograr una mayor repercusión y hacer crecer la comunidad de lucha anticarcelaria. A pesar de las dificultades para establecer comunicación fluida dentro-fuera –ya que la mayoría de personas presas que participan en la propuesta se encuentran recluidas en primer grado y tienen la correspondencia intervenida por parte de la SGIP–, finalmente, se ha decidido repetir el modelo de acción del septiembre del año pasado: ayunos rotativos de diez días a las diferentes cárceles. Es decir, cada diez días, una de las personas presas comenzará una huelga de hambre en una cárcel diferente de España. Cuando esta persona termine la acción, otra comenzará en otro penal. De este modo, la acción de protesta perdura en el tiempo y más personas presas se pueden ir sumando los próximos meses. Por ahora, con la quincena de personas presas que han confirmado su participación, la acción duraría al menos hasta finales del mes de enero.

Aunque el objetivo principal de la acción sigue siendo visibilizar la tabla de catorce puntos, en esta ocasión pretenden poner especial énfasis en las medidas penales que afectan directamente el deterioro de salud de las personas presas: los primeros grados y las celdas de aislamiento, donde pasan hasta 22 horas al día encerradas y donde se producen la mayoría de los suicidios; la dispersión; los malos tratos y las torturas; la no habilitación de espacios adecuados a personas con problemas de salud mental o el incumplimiento en la excarcelación de las personas mayores de setenta años o con enfermedades graves o incurables.

La acción comienza mañana martes en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera (Madrid VII), donde se encuentra recluido Toni Chavero, quien asegura que está dispuesto a sacarla adelante hasta el final para evitar que se pisan continuamente sus derechos y libertades: “Os animo desde esta asquerosa jaula a no caer en el silencio, porque eso es precisamente lo que los hierofantes de la sagrada orden del cepo quieren, que nos apaguemos, que nos disolvamos” y exhorta tambén a sus compañeros a que fluya el dia´logo dentro del espacio de lucha. Hermenegildo Alexis, desde la prisión de Daroca (Zaragoza), reflexiona en su última misiva sobre la utilidad de las huelgas de hambre como acción de protesta: ” Creo que son una herramienta de presión que puede ser efectiva. Lo que pasa es que cuesta que se difunda por los medios y por las calles y que llegue a la población cuando se realizan acciones de este tipo. Siguiendo con esto, creo que seria importante conseguir que los medios de comunicación entren en las cárceles para poder difundir la realidad de lxs presxs que tachan de ‘irrecuperables'”. Alexis lamenta que “en los patios de las cárceles existe mucho conformismo”, pero tiene claro que hay que sobreponerse a esta realidad: “A veces son las minorías las que cambian las cosas o las que empujan lo suficiente para que cambien. Muchas veces es mejor caminar lentos e ir construyendo durante el camino.”

Sin vis a vis y con las comunicaciones limitadas

Desde el 25 de agosto, las personas presas y sus familiares tienen suprimidos los vis a vis presenciales a raíz de una decisión de la SGIP para supuestamente evitar los contagios por Covidien-19 dentro de los centros –en las cárceles catalanas ya se prohibieron el 21 de julio–. Grupos de apoyo, familias y entidades en defensa de los derechos humanos consideran que esta decisión “es absurda”, ya que aseguran que los funcionarios entran y salen cada día y siguen dándose permisos de trabajo y terceros grados a los internos y entran profesionales de fuera a hacer talleres. La asociación Familias de Presos en Cataluña denuncia que “el hecho de no ver los familiares, parejas y amigos y recibir un poco de afecto tiene unas consecuencias muy duras para las personas presas, que están muy nerviosas porque ya estuvieron cuatro meses sin vis a vis y ahora de nuevo y no saben cuando los volverán a recuperar.”

Por otra parte, aunque las comunicaciones por locutorio (con cristal de por medio) sí están autorizadas por parte de la SGIP, desde el Grupo de Apoyo a Personas Presas de Lleida denuncian decisiones arbitrarias por parte de la dirección de algunos centros: “la semana pasada llamamos a la cárcel de Daroca para comunicarnos con un preso y nos dijeron que, si éramos de Cataluña, no hacía falta que fuéramos porque no podríamos entrar a comunicar, ni siquiera a través de cristal”. Según el abogado Lisandro Giordani, esta decisión “no la puede tomar la dirección de un centro penitenciario sin una orden de la SGIP, por tanto, se trataría de otra vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Huelga De Hambre Rotativa 2020

!No Olvideis A Lxs Presxs En Lucha! (Lista Actualizada, 2-IX-2020)

 

 

Huelga de Hambre Rotativa 2020

La Directa, “medio de comunicación en catalán para la transformación social”, ha venido siguiendo y apoyando desde la huelga de hambre colectiva del 1 de mayo de 2018 el intento del que formaba parte aquella de lograr al menos un mínimo de movilización social en defensa de la vida y la dignidad de las personas presas, intento que se articula a través de 14 reivindicaciones que analizan una serie de situaciones en que el ordinario funcionamiento de la máquina punitiva española atenta contra los derechos de la gente presa sometiéndola a menudo a situaciones de trato cruel, inhumano o degradante. Desde entonces, La Directa se ha hecho eco, desde su publicación quincenal en papel y desde su página web, de todas las experiencias y propuestas que han ido dando vida al mencionado proyecto de lucha colectiva, participando en él de esa manera e incluso con publicaciones específicas. En esta ocasión han publicado en su página web otro artículo de Vicent Almela explicando la propuesta de huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. A continuación, una traducción al castellano. El cartel de arriba lo han elaborado lxs compis del Grup de Suport a Presxs de Lleida para pegarlo por las calles durante el primer mes de huelga. Podéis pedirlo por mail en gran formato, a Lleida o a nosotrxs, si queréis imprimirlo. Ya está cerca el 1 de septiembre y el primer ayuno que se iniciará el día 1. Hasta ahora, se han comprometido a ayunar sus diez días diez compañeros presos de forma que la huelga de hambre durará al menos hasta el 10 de diciembre.

Una decena de presos inicia una huelga de hambre rotativa

Como continuación de las protestas que comenzaron hace tres años, el próximo 1 de septiembre, una decena de presos inicia una huelga de hambre rotatoria de diez días cada uno, a diferentes penales del Estado español. Desde dentro de los centros penitenciarios proponen un cambio de planteamiento en la lucha activa para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.

“Hago esta propuesta de que, a partir de la primera quincena de septiembre, en cada cárcel donde nos tienen recluidxs, empecemos cada unx una huelga de hambre de 10 días, donde la gente de la calle nos coordinase para que no coincidiéramos dos en el ayuno y así que durase unos meses, organizándonos para que, cada vez que acabase unx, empezase otrx.” Esta era la propuesta que lanzaba, a finales de mayo, José Ángel Martins Mendoza (Peque) –en una misiva desde el módulo de aislamiento de la prisión de Picassent–, dirigiéndose a todas las personas presas en lucha activa en diferentes penales del Estado español. La nueva acción de protesta se enmarca dentro de la propuesta de lucha que comenzó hace tres años, cuando un grupo de personas encerradas en diferentes centros penitenciarios del Estado pusieron en marcha una propuesta de lucha activa –inspirada en la experiencia de otras luchas anticarceràries del pasado como la COPEL o el APRE– para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que aseguran sufrir por parte de organismos penitenciarios e instituciones públicas mientras se encuentran privadas de libertad.

Después de las diferentes experiencias vividas por parte de las personas presas en los últimos tres años de lucha desde dentro de los muros –en 2018 se hicieron tres huelgas de hambre colectivas y el pasado 1 de mayo, otra–, y los debates recientes con los diferentes grupos de apoyo de todo el Estado, se ha decidido cambiar el planteamiento de la acción de protesta. En este caso, y a diferencia de las anteriores huelgas de hambre colectivas –donde todas las presas comenzaban la acción el mismo día–, se plantean ayunos rotativos de 10 días. Es decir, cada diez días, una de las personas presas que participa en la propuesta pondrá en marcha una huelga de hambre en una prisión determinada. Y cuando esa persona termine la acción, otra comenzará en un penal diferente.

El objetivo de los ayunos sigue siendo visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles y especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los puntos de la tabla. Se trata de un derecho básico de la población penitenciaria reconocido en los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y en el artículo 91 del Código Penal, que actualmente afecta a decenas de internas en España y en las prisiones catalanas. Según explica Peque en su carta, “Sabemos que existen numerosxs compañerxs con enfermedades graves e incurables y sé que por solidaridad, amor propio e indignación frente a la injusticia, han realizado huelgas de hambre por iniciativa propia sin ser consensuadas de forma colectiva, lo que me parecen luchas vacías. Muchas ganas y solidaridad, pero, si lo que deseamos es dar luz a lo que está pasando con muchxs de nuestrxs compañerxs, debe ser, según mi forma de ver, de una manera conjunta.” En estas líneas se refiere a las huelgas de hambre que llevó a cabo Carmen Badía desde la prisión de Zuera –de 54 días y un mes respectivamente los últimos meses–, con la intención de dar visibilidad a su caso y llamar la atención de los organismos internacionales de prevención de la tortura para conseguir su excarcelación por enfermedad grave e incurable. Hay que recordar que Badía continúa actualmente toma el módulo de enfermería de la prisión aragonesa diagnosticada con cáncer de mama y con fuertes dolores corporales.

En las últimas semanas, diferentes grupos de apoyo de todo el Estado se han encargado de hacer llegar el mensaje con la propuesta a las personas presas que participan en la lucha colectiva, y de momento, ya son ocho las internas que se han pronunciado y sumado a la acción. El último en hacerlo ha sido Francisco Aroca Lison (Piyayo) desde el centro penitenciario de Albolote (Granada): “Vamos a organizarnos como sabemos hacer. Gente desde fuera lleva el control y nos va informando en cada prisión donde estamos dispersadxs, para ver como va todo este proceso colectivo. La información es fundamental, así como el diálogo entre nosotrxs. Pienso que esta propuesta está bien pensada, llevémosla a cabo todxs a una.”

Mientras esperan más adhesiones desde dentro de los muros –con las huelguistas actuales la propuesta de lucha se extendería del domingo hasta finales de noviembre–, de momento ya se ha convocado una concentración para el sábado 21 de septiembre fuera de la prisión de Albocàsser (Castellón) “para exigir la excarcelación de las personas gravemente enfermas con padecimientos incurables y en solidaridad con las presas en lucha”. Desde el colectivo de apoyo a presas Tokat aconsideran que “se trata de seguir aprendiendo a dialogar, decidir y actuar colectivamente para que sea posible una verdadera lucha social anticarcelaria”.

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-VIII-2019]

Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020

La Directa ha publicado en su página web un artículo sobre la convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles a iniciar el próximo 1 de octubre. Lo firma Vicent Almela y también se hace eco, como ha venido haciendo a partir de la convocatoria de huelga de hambre colectiva del último mayo, del contexto y antecedentes de esta propuesta de lucha y de los comunicados y opiniones de varios de sus participantes.

Cinco meses después de la huelga convocada en las cárceles por el primero de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa vuelven a convocar una huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de doce puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen –según las respuestas dadas por el Ministerio del Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de EH Bildu Jon Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales por suicidio–, esta tabla incluye “demandas básicas” para las personas presas, como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento –donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno–, el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de los centros, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) –con las excepciones de Cataluña y el País Vasco– y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Parlamento español en 2003.

“Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo disfrutará la nueva generación que entre “. Con esta reflexión acababa José Ángel Martins Mendoza –alias Peque–, su carta de valoración sobre la huelga de hambre el pasado mes de mayo. En esta misma carta, proponía ya una nueva convocatoria de huelga de hambre por el primero de octubre y abría esta propuesta a debate, crítica y reflexión por parte del resto de presos y de la comunidad anticarcelaria.

La propuesta ha sido comentada y debatida durante los meses de verano por diferentes tomados a través de correspondencia, a pesar de las dificultades comunicativas que sufren mucho de ellos. Por el simple hecho de reivindicar sus derechos y denunciar las vulneraciones que sufren, muchos de estos presos tienen todas las comunicaciones controladas –cartas, llamadas y locutorios– están afectados por la dispersión y el continuo cambio de prisiones, y la mayoría de ellos están pagando sus penas en régimen especial de castigo y módulos de aislamiento. A pesar de las dificultades que les pone la SGIP para coordinarse, varias voces se han podido sumar al debate y la convocatoria gracias a los grupos de apoyo, como Tokata, La Corda, o el Grup de Suport a Presxs de Lleida, y han podido opinar en relación a la propuesta. Una de estas voces es la de Toni Chavero, uno de los presos más activos de la lista, que proponía que los presos que no quisieron o pudieron hacer la huelga de hambre, iniciaran un ayuno los días 1, 5, 10 y 15 de octubre, acompañado de escritos de denuncia al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Ministros y a la SGIP, con el objetivo de intentar abrir el “abanico” de posibles formas de participación “para que más personas presas participen” y se sumen a la acción.

También otros presos y presas como Carmen Badia –enferma de cáncer en la prisión de Zuera–, Oscar Rodríguez González –desde Puerto I– o Francisco Aroca –desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)– han aportado al debate y se han adherido públicamente a la convocatoria de huelga. Este último hace una reflexión en relación al contexto actual: “Mucho se habla ahora de la situación de los presos políticos catalanes, pero ¿qué pasa con nosotros, los presos comunes? Nosotros hace años que estamos encerrados a grandes distancias de nuestras familias, que deben arriesgar la vida para poder vernos 40 minutos a través de un cristal. Y eso los que tienen recursos económicos para pagar el trayecto. Se nos aplica la dispersión como castigo o venganza de forma sistemática”.

En su última carta, publicada el otro día en el portal de Tokata, Chavero anima al diálogo entre todos los participantes en la huelga, y a desarrollar una estrategia de no violencia durante la duración de la misma, ya que considera que hoy en día y con el contexto actual en las cárceles “la violencia no es una herramienta que pueda ayudar a crear una comunidad de lucha y conseguir nuestros derechos”. “La cuestión es que cuanta más peña participe de la manera que pueda o quiera libremente, más ruido se hará fuera y más se podrá ver de lo que estamos haciendo, que es eso, luchar por mejorar las cosas”, concluye.

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Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria

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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2018]

Actividad en la calle Huelga de hambre octubre 2018 Presxs en lucha

La Directa, proyecto de “periodismo cooperativo para la transformación social” en Catalunya, ha publicado en su página web un artículo firmado por Vicent Almela donde se hace un somero balance de lo ocurrido, tanto dentro como fuera de las cárceles, durante la huelga de hambre colectiva realizada en mayo por algunxs presxs en lucha en defensa de las doce reivindicaciones de la propuesta de lucha que está siendo defendida por lxs mismxs desde hace unos dos años. Se hacen eco también de las opiniones al respecto de algunas de las personas presas participantes. Ahí va una traducción al castellano.

LA HUELGA DE HAMBRE EN LAS PRISIONES REACTIVA LA COMUNIDAD DE LUCHA ANTICARCELARIA

La propuesta de lucha iniciada en mayo pasado por un grupo de presos para visibilizar la constante vulneración de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha logrado reactivar la coordinación entre población reclusa, abogadas, grupos de apoyo, familiares y algunos movimientos sociales en una acción conjunta.

Hace casi dos años se hacía público desde la prisión de Estremera (Madrid VII) el primer borrador con una nueva propuesta de lucha activa dentro de los centros penitenciarios, con la publicación y difusión de un comunicado y una tabla reivindicativa de doce puntos para denunciar las situaciones que, según uno de los impulsores de la propuesta -el preso Toni Chavero-, “en mayor medida atentan contra nuestra dignidad y nuestra vida”. Esta primera propuesta, abierta a debate y sugerencias por parte de la comunidad anticarcelaria, se sustentaba con ayunos mensuales y la comunicación continua con los grupos de apoyo y la dirección de las cárceles, para denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que sufren diariamente las personas presas. A pesar de las dificultades de transmisión de información y comunicación entre presos, ya son más de cuarenta los internos que se han sumado a esta propuesta de lucha activa, que realizan ayunos simbólicos mensuales y denuncian judicialmente –y a través de los grupos de apoyo– cualquier abuso o discriminación que sufren o del que son testigos.

Enmarcada dentro de esta campaña, el preso José Ángel Martins Mendoza, Peque, desde la prisión de Albocàsser (Castellón II), lanzaba a principios de este año la propuesta de poner en marcha una huelga de hambre, con fecha de inicio el primero de mayo -que tuvies una duración de cinco a quince días- con el objetivo de iniciar una primera acción coordinada entre todos los paresos que participan en la propuesta y la calle y así visibilizar los doce puntos de la tabla reivindicativa tanto dentro como fuera de los muros. Finalmente, en esta huelga de hambre han participado más de una veintena de presos -de cuarenta que figuran actualmente en la lista- de diferentes centros penitenciarios en España, y también se han realizado numerosas acciones de solidaridad y agitación para visibilizar la huelga en las calles de diferentes ciudades. Antes de iniciarse, se organizaron jornadas anticarceràries y de envío de correspondencia en ciudades como Granada, Valladolid, Palencia, Santander o Lleida, y también concentraciones solidarias ante las prisiones, en Valladolid o Valencia, durante la huelga de hambre. En Barcelona, ​​aparte de los parlamentos que el colectivo Clivella realizó en un acto organizado por la CNT durante la celebración del Primero de Mayo, también se realizó una acción en la que una cuarentena de personas cortaron la avenida Meridiana durante unos minutos, y dos de ellas se colgaron del puente de Sarajevo, a fin de mostrar solidaridad y hacer visible la huelga de hambre que se estaba dando entonces dentro de los centros penitenciarios.

Para la elaboración del reportaje “Se reactiva la lucha dentro de los muros”, publicado en el número 451 de la Directa, el 4 de abril- contactamos por carta con la cuarentena de presos en lucha activa actualmente. Estos testimonios nos ayudaron a montar un relato que explicaba la propuesta de lucha, a la vez que se visibilizaban experiencias de vulneración de derechos fundamentales que sufre la población reclusa durante su día a día. Aunque se hizo el envío de esta edición a todos los presos entrevistados –actualmente privados de libertad en once centros penitenciarios ubicados en diferentes puntos de España– por el momento no tenemos constancia de que ningún preso haya recibido la publicación. Instituciones Penitenciarias tampoco ha devuelto ningún ejemplar ni ha explicado los motivos por los que no ha llegado la correspondencia a los presos, lo que choca frontalmente con el derecho a la libertad de prensa, que es un derecho constitucional para todos y que, por tanto, debería ser respetado también dentro de los centros penitenciarios.

Aunque esta primera acción coordinada entre los presos en lucha activa no ha sido masiva en cuanto a la participación, tanto los presos como los grupos de apoyo valoran la experiencia positivamente. Desde el colectivo de apoyo Tokata consideran “muy postitivo que se haya dado un primer paso en la creación de un espacio de lucha que llegue a todas las personas que estamos dispuestas a enfrentarnos al sistema penal, a modo de autodefensa, y después de mucho tiempo se haya iniciado un diálogo consciente, que se está llevando adelante en estos momentos, entre todas las partes ‘para proponer’ la apertura de ese espacio de lucha.”

Desde dentro de la prisión de Villena, Toni Chavero –mediante correspondencia– también valora positivamente la acción y reconoce que “en los últimos tres años se ha incrementado la conciencia anticarcerària, la comprensión de la empresa-prisión e incluso el espíritu de lucha, tanto dentro como fuera de los muros”, y destaca que, para él, “el hecho de no sentirnos solos aquí dentro no tiene precio”. A pesar de la valoración positiva de la huelga, envía un mensaje claro al resto de internos adheridos a la lista de presos en lucha activa para que se pronuncian en el ámbito personal y se pongan en contacto con los grupos de apoyo explicando lo que van haciendo: “es necesario que todos nos definamos y pronunciemos personalmente para ver qué presos estamos en lucha activa y cuáles no, para así poder continuar con veracidad la propuesta coordinada”. José Ángel Martins, que ha sido trasladado recientemente a la cárcel de Puerto III en represalia por su participación en la propuesta de lucha, considera que “aunque hemos sido pocos para las expectativas que teníamos, debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos sido fieles a nuestros ideales libertarios y nuestra dignidad continúa en alza”, por lo que propone el inicio de otra huelga de hambre coordinada para el próximo 1 de octubre. Martins concluye la carta afirmando que “está claro que no conseguiremos la abolición de las cárceles, de momento, pero si cada año nos vamos sumando más presos, estoy seguro de que conseguiremos que se cumplan nuestros derechos dentro de las cárceles. Y si no lo disfrutamos nosotros, al menos que se respeten los derechos de las futuras generaciones que entran.”

Continúan sin respetarse los derechos de los enfermos crónicos

Aunque según el Reglamento Penitenciario (RP), mediante los artículos 104.4 y 196, se valora “la conveniencia de clasificar en tercer grado, por razones humanitarias y de dignidad, a las personas enfermas muy graves con enfermedades incurables que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad”, este derecho –que forma parte de las doce reivindicaciones de la tabla de los presos en lucha– se continúa incumpliendo sistemáticamente por parte de las Instituciones Penitenciarias. Un claro ejemplo es la situación que está sufriendo actualmente el preso Francisco Chamorro, enfermo de cáncer y VHC dentro de la prisión de Castellón I que, a pesar del reconocimiento médico de su enfermedad, no se le concede la excarcelación. Rosa Giménez, madre de Chamorro, denuncia que “dentro de la prisión no le dan su tratamiento y los tratan como animales. Esto no es un lugar donde curarse de un cáncer. Yo estoy sufriendo por la vida de mi hijo, y no voy a parar hasta conseguir la excarcelación.” Por este motivo, se ha convocado una manifestación frente al centro penitenciario Castellón I el sábado 23 de junio a las 11 de la mañana.

También Carmen Badía Lachos, enferma de cáncer y actualmente interna en la macrocárcel de Zuera (Zaragoza) –de momento es la única mujer que se ha sumado a la propuesta de lucha activamente– relata en una carta dirigida al grupo de apoyo a presxs de Lleida que han comenzado las represalias contra ella por el hecho de participar en la acción de la huelga de hambre. En esta misiva, Badía denuncia que no la han visitado los médicos desde su traslado a este centro penitenciario, hace tres meses, y le han reducido el apoyo sanitario de 24 horas que recibía, que ha pasado a ser sólo de 15. Mientras tanto, su estado de salud vuelve a empeorar y casi no puede dormir por los efectos secundarios de la quimioterapia.

Actividad en la calle Huelga de hambre 1 de mayo 2018

José Antúnez Becerra sostiene una huelga de hambre desde el 14 de enero en la prisión de Brians 2 para reivindicar sus derechos y denunciar su situación, fruto de su luchaa contra las instituciones punitivas.

Antúnez Becerra ha iniciado esta lucha para que se le revise la condena de diecinueve años de cárcel, dictada a raíz del motín del centro penitenciario de Quatre Camins del laño 2004, ya que el mismo considera esta sentencia como una venganza por su militancia contra la institución penitenciaria. Según expresa él mismo preso en un comunicado hecho público el 20 de enero: “ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de la transición y dentro de la prisión formé parte de una organización llamada COPEL (Cordinadora de Presos en Lucha). Destacaré que la base para condenarme a sido mi historial, aparte de ello también las presiones políticas instrumentadas con los sindicatos y los medios de comunicación”.

Con la huelga de hambre, Antúnez también reivindica algunos derechos que le corresponden como preso, por ejemplo, el de obtener permisos y proyectos de futuro, ya que cumple los requisitos para hacer talleres o cursos. Además, siempre ha tenido problemas en las diversas cárceles por donde ha pasado hasta el día de hoy, ya que asegura que le aplican registros y controles arbitrarios, le devuelven muy tarde sus pertenencias después de un traslado o, directamente, no se las devuelven, según han informado familiares y grupos de apoyo del preso.

José Antúnez

Compartimos esta publicación de lxs compis del grupo La Corda, de Tarragona. Hacen eco de la situación de Raul Tomás Cuenca, el cual comenta varios temas, especialmente que le han cortado los vis a vis y locutorios con la familia alegando que esta le introdujo hachís, a pesar de no haber ninguna prueba. Debajo de la publicación hay la dirección para escribirle.

El compañero sigue teniendo problemas con el correo, sobre todo en relación a las cartas que él manda. Algunas no llegan y otras llegan con muchísimo retraso.

Raul nos comenta que desde que empezó todo el rollo del COVID ha bajado mucho la calidad de la comida. “Será que como aquí en Catalunya todo lo lleva la mafia del CIRE, ahora que se cerraron talleres y disminuyeron sus beneficios, pues tienen que reducir la calidad”. Dice que está harto de comer lo mismo, y que ahora en pleno verano les dan sopas y platos calientes que son imposibles de tragar. “Si no tienes dinero para comprar cosas en el economato para ampliar tu dieta, estas jodido, siempre comiendo lo mismo.”

Comenta con nosotrxs el hecho de que hayan vuelto a cortar los vis a vis. Dice que vino el director a informarles de esto hace unas semanas y les metió el rollo que le sabia muy mal tener que aplicar esta medida, y que lo compensaría con videollamadas y bajando el precio de los productos del economato. Es insultante decir que se “recompensa” con estos parches que les supriman los vis a vis. Videollamadas que a veces ni te avisan de la hora que van a ser y con una pésima calidad. Sobre los precios del economato Raul dice que es totalmente falso que hayan bajado los precios, sino que cuando empezó el circo del COVID subieron algunos productos. Ahora si se reducen los precios, no es que hayan bajado, sino que han vuelto a la misma estafa anterior.

Raul denuncia también que hay cartas que le llegan abiertas y que lxs carcelerxs le han robado unas mascarillas que le entró su madre como paquete, sin que le pusieran ningún problema. Pero después a Raul no se las entregaron. A las quejas que él ha puesto, solo recibe la respuesta de que es por “seguridad”.

Pero lo mas grave de todo, es que le cogieron unos porros y sin justificación ni prueba alguna, lxs carcelerxs dicen que esto se lo entró su madre en un vis a vis. No hay prueba alguna de esto, ya que en ningún vis a vis han pillado el hachís, y además se lo encontraron ya días después del ultimo vis a vis que realizó con su madre y su tía. El compañero mantiene que lo ha comprado en el patio, pero a lxs carcelerxs no les interesa esta versión. Así que han decidido cortarle los vis a vis y las comunicaciones con su familia.

Comenta que se siente bastante solo y asilado. Tiene inquietudes que no comparten la mayoría de presos con los que tiene contacto. Agradece estar recibiendo La Directa, ya que así se informa de cosas que pasan en el mundo exterior y se siente conectado. Le gustan también los debates e informaciones que recibe de otras cárceles y otrxs compañerxs.

Raul Tomás Cuenca

Centro Penitenciario Mas d’Enric

Travessia Comella Moro, 15

43764 El Catllar (Tarragona)

 

 

Cárcel=Tortura covid19

La sexta reivindicación de la tabla de 14 puntos que están defendiendo lxs presxs en lucha desde hace cuatro años dice así: “Respecto a lxs enfermxs mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Nosotrxs, como presxs en lucha, nos comprometemos a velar por todxs ellxs. No permitiremos que se les torture ni que se haga negocio con ellxs.” Una reivindicación olvidada al principio por las organizaciones que demandan desde la “sociedad civil” excarcelación de presos enfermos y ancianos, preventivos, gente que está a punto de cumplir su condena, etc. Vicent Almela ha publicado en la web de La Directa el siguiente artículo, que traducimos al castellano, sobre la situación de las personas con enfermedad mental que están en la cárcel, con participación de algunos “expertos”, de gente solidaria que desde el principio está intentando señalar ese olvido, como Gonzalo Tejerina, y, sobre todo, de una persona directamente afectada, el compañero José Antonio López Cabrera, y de la hermana de otro compañero que está sufriendo ahora mismo el problema.

EL TRASTORNO MENTAL, UN MURO MÁS DENTRO DE LA CÁRCEL

Alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno mental, la mayoría derivados de haber vivido situaciones traumáticas durante la infancia, o en la misma prisión, o del uso abusivo o la adicción a sustancias, según expertas en el campo de la psiquiatría. Familiares, médicos, psiquiatras y los mismos presos solicitan ser tratados en entornos terapéuticos fuera de las cárceles, y que se acabe con la “sobremedicación”.

El pasado viernes 17 de abril un preso de 27 años con antecedentes psiquiátricos empezaba a crear disturbios en el patio del módulo 14 del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires. Según fuentes penitenciarias, el joven estaba muy nervioso, rompió parte del mobiliario y agredió a otros internos. Varios funcionarios del centro lo redujeron por la fuerza “con mucha violencia”, según han explicado a la Directa algunos presos que presenciaron la escena, y lo trasladaron al área de salud mental del centro penitenciario. Allí, por orden del médico de guardia, fue inmovilizado en una sala de contención mecánica –una práctica denunciada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), multitud de entidades en defensa por los derechos humanos y el propio Consejo de Europa–, sufrió un paro cardíaco y murió. Hacía dos días que esta persona había salido de la Unidad de Psiquiatría de Brians 1 y, previamente, ya había entrado en prisión y había sido considerado “inimputable” por un juez debido a sus problemas de salud mental. Ahora, otro magistrado ha abierto diligencias para investigar las causas de la muerte, y desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona han presentado una denuncia ante el Síndic de Greuges para que investigue  lo que pasó realmente.

Desde que se declaró la situación de emergencia por el Covid-19 el pasado 14 de marzo, en las cárceles catalanas han muerto siete personas, tres de ellas por suicidio. Según fuentes del Departamento de Justicia, se estima que actualmente la mitad de los presos tienen problemas de salud mental y un 25% presenta una patología dual (convergencia entre una adicción y un trastorno). Según afirman fuentes de este mismo departamento, el 33% de la población penitenciaria de Cataluña presenta problemas de drogodependencias en la cárcel.

Para tratar a las personas presas con trastornos mentales, en 2018, la Generalitat aumentó un 60% el presupuesto y se instauraron equipos de salud mental permanente, con psiquiatra, psicólogo clínico, enfermeros especializados y terapeutas ocupacionales, en todas las cárceles catalanas. Desde 2003, en el centro penitenciario de Brians I existe la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHPP) de Cataluña, a donde se traslada a todos los internos con trastornos mentales agudos. Esta unidad cuenta con una capacidad para 62 pacientes, para atender una población penitenciaria que ronda las 8.000 personas. Actualmente, hay 37 personas ingresadas con trastornos mentales graves.

En las cárceles españolas, según reconocía el año pasado el Ministerio del Interior español, en respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, “no existen salas específicas para albergar a las personas con enfermedades mentales”. Por lo tanto, estas personas o bien están ingresadas en los módulos ordinarios o en las unidades de enfermería de los centros. Según fuentes ministeriales, sólo el 4,2% de la población reclusa presenta algún tipo de Trastorno Mental Grave (TMG), unos datos que son cuestionados por expertos en el campo de la psiquiatría y la medicina, por familiares y por las mismas personas presas.

Pau Pérez Sales, psiquiatra del hospital La Paz (Madrid), técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y director de la red SIRA, Considera que el dato que da el Ministerio del Interior “no refleja en absoluto la realidad en las cárceles”, ya que, según explica, se estima que alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno. “Es cierto que desde 2011 existe el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), pero, como no está supervisado, cada cárcel lo aplica de una manera diferente, dependiendo de la dirección, y sólo se incluye en él a personas con algún tipo de trastorno psicótico”. Actualmente, Instituciones Penitenciarias sólo cuenta con seis psiquiatras para atender a una población penitenciaria de alrededor de  58.000 personas, una ratio que Pérez considera “completamente insuficiente”, y que provoca que algunas cárceles tengan que contratar psiquiatras privados para que visiten a los internos: “este psiquiatra va una vez al mes y sólo le puede dedicar diez minutos a cada paciente, así que lo único que hace es recetar psicofármacos para que los presos estén calmados, aturdidos, y que haya los mínimos problemas de orden posibles en el centro.”

Según Pérez, es importante definir qué consideramos como trastorno mental grave: “si sólo consideramos como trastornos mentales agudos la esquizofrenia y el trastorno bipolar, las cifras serían muy bajas, entre un 6 y un 7% en las cárceles, pero la realidad nos dice que hay muchos otros tipos de trastornos que pueden conducir a una persona a la autolesión o el suicidio”. El psiquiatra explica que, cuando esto ocurre, los profesionales de la salud mental en las prisiones lo atribuyen a trastornos de personalidad, y normalmente estos internos son sancionados y castigados mediante el aislamiento, la contención mecánica o la prohibición de tener permisos o comunicaciones, “en lugar de ser escuchados y tratados de una forma respetuosa y adecuada al momento que están pasando.”

“En las cárceles hay personas que se han criado en entornos muy complicados y con mucha violencia, y muchas veces estas personas presentan una gran fragilidad emocional, lo que hace que cualquier cambio en sus vidas les desborde emocionalmente y no sepan cómo gestionarlo”, explica el médico. Además, con el estado de alarma generado por el Covid-19 se han suprimido desde hace dos meses los vis a vis y las comunicaciones por locutorio entre las personas presas y sus familias. “Los efectos pueden ser muy graves, ya que harán que aumente aún la irritabilidad, el malestar y la inestabilidad emocional de las personas presas. Esto provocará conflictos y, por tanto, más sanciones y castigos hacia ellas”. Pérez concluye que el estado de la salud mental en las prisiones dependerá mucho de los recursos que se inviertan y la voluntad política para mejorarlo, que “de momento,  es nula, lo que hace que estas personas estén completamente abandonadas.”

Veinte pastillas al día

Para José Antonio López Cabrera, “hay una dejadez total y mucha mala praxis”. Habla desde la experiencia, en primera persona, después de haber pasado 30 años privado de libertad en diferentes cárceles catalanas. Ingresó por primera vez con diecisiete años en la Modelo, en 1984, por atracar bancos, y, en ese momento, sufría problemas de adicción a algunas sustancias. “Ya venía con muchos traumas de la infancia, y ahora, después de pagar 30 años, te puedes imaginar cuántos trastornos más he acumulado dentro de la prisión”, relata. Según López Cabrera, cuando se cerraron los “manicomios”, en 1986, las cárceles se llenaron de personas con enfermedades mentales. “Las personas con trastornos mentales deberían ser tratadas en un centro terapéutico, no en una prisión, y menos aún ser sometidos al castigo y a la violencia por parte de los funcionarios”, razona.

“Yo, por ejemplo, nunca había sido diagnosticado antes de entrar, pero en la Modelo me empezaron a medicar desde el primer día, así que me he hecho adicto a la medicación en la cárcel, porque antes no tomaba”, explica el preso. En su opinión, “lo que quieren es anularte como persona. En teoría, tienes que tomar la medicación que te corresponde ante el funcionario, pero muchos presos la esconden en la boca o en la mano y luego hacen mercadeo o la venden en el módulo. Como han guardado las pastillas en la boca, a menudo, así se transmiten también muchas enfermedades. Yo, ha habido días en que me he llegado a tomar más de veinte pastillas, iba completamente zombi y no me enteraba de nada”, explica.

De los 30 años que ha pasado preso, la mitad ha estado en departamentos de aislamiento, sin contacto con otros internos y sólo con dos horas de patio al día, un estado que “te destruye” y “te va dejando secuelas mentales”, que pueden acabar en brotes psicóticos u otros trastornos. “Yo me he mutilado partes del cuerpo y me he autolesionado para conseguir que me sacaran de aislamiento y poder hablar con alguien. Llegas hasta puntos que no te puedes ni imaginar”, relata el ex preso. “En las cárceles todo es miseria, y tampoco tienes ninguna clase de relación afectiva. Cuando me dieron el primer abrazo, al salir, me puse a temblar… Cuando una persona está mal psicológicamente, necesita afecto y en la cárcel eso no existe. Porque si muestras debilidad, se te comen.”

La ficha médica de López Cabrera, que hace llegar a la Directa con la voluntad de que se publique, muestra el historial de medicamentos que tenía recetados durante su paso por prisión. Además de los derivados de opiáceos, que normalmente se prescriben a personas con problemas de adicciones a este tipo de sustancias, también se le dispensaban tratamientos con antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos. Según explica Tere Borrás, experta en adicciones, psiquiatra y educadora social, “los tratamientos con benzodiazepinas, a largo plazo, pueden generar dependencia de la medicación”, y considera que “estas personas que presentan cuadros similares, en la cárcel deberían recibir, además de la atención sanitaria y psicofarmacológica adecuada, mucha más atención psicosocial”. Borrás considera que a pesar de que en las cárceles catalanas últimamente se están invirtiendo más recursos, pero siguen siendo insuficientes: “normalmente aquí también se acaban haciendo intervenciones muy simplificadoras de un problema muy complejo que, en muchos casos, no acaban teniendo ningún tipo de capacidad de rehabilitación para las personas presas.”

Ahora, después de cinco años en la calle, López Cabrera explica que sigue enganchado al Tranxilium y al Tramadol: “la mezcla de estos dos medicamentos hace que pueda hablar ahora contigo, si no, estaría con una depresión de caballo. A veces, he intentado dejarlo, pero no puedo… Yo ahora estoy fuera, pero en realidad sigo preso: pegado a la televisión todo el día, casi siempre deprimido, sin ganas de nada, tomando medicación a diario para poderme levantar de la cama… que me digan a mí, quién paga 30 años de condena en cualquier prisión y sale bien mentalmente”.

Se exigen medidas urgentes

El hermano de Bienve Peña, que forma parte de la asociación Familias de Presos en Cataluña, entró en la Modelo hace siete años, condenado por un atraco de un supermercado por problemas con las drogas. Pocos meses después de su ingreso, sufría una sobredosis dentro de la cárcel, entraba en parada cardíaca y en estado de coma. Desde ese momento, está diagnosticado con amnesia anterógrada, y no recuerda, a corto plazo, nada de lo que le pasa: “Le dices cualquier cosa y al momento ya lo ha olvidado”. Actualmente, el hermano de Bienve, del cual ella es la tutora legal, tiene una incapacidad total para trabajar reconocida por la administración, lo que le supone una pensión. “Tenemos el informe de neurología del hospital penitenciario de Terrassa que indica esta afectación mental, y sin embargo la responsable de medicina de Brians sigue pensando que él tiene que estar en un módulo ordinario”. Peña explica que su hermano se siente muy inseguro cada vez que hay cambios en su vida, por lo tanto, que el cambien de módulo frecuentemente no ayuda. “Tiene que apuntarse en la mano el número de celda, porque no recuerda dónde tiene que volver después de la comunicación y, cuando ha venido a casa de permiso, no sabe ni cuál es su habitación”.

Peña también se queja de que “algunos funcionarios se ríen de él y dicen que hace comedia, y otros presos aprovechan de que no recuerda las cosas para coaccionarle y pedirle dinero que, según ellos, les debía”. También comenta que es la trabajadora social la que debe gestionar y pedir los vis a vis y los permisos, “porque él no recuerda nada”. Con la situación de emergencia por el coronavirus dentro de los centros penitenciarios “está más nervioso, porque ve a la gente con mascarilla en el módulo y no entiende nada. Llama muy preocupado por nosotros, le explicamos y, al momento, vuelve a preguntar lo mismo”. Aparte, según explica Peña, su hermano es una persona en una situación muy vulnerable ante el virus, ya que desde que sufrió la parada respiratoria tiene afectados los pulmones y el hígado: “en la cárcel está empeorando cada vez más, tanto mentalmente como físicamente. Una persona como él debería ser tratada en un centro especializado, que con toda seguridad no es el módulo ordinario de una cárcel.”

Con todo, hace seis meses que Bienve Peña no puede ver a su hermano porque le sancionaron sin vis a vis y comunicaciones por motivos disciplinarios. A pesar de haber cumplido prácticamente el total de la pena –siete de ocho años– aún no disfruta del tercer grado. “¿Crees que es normal que una persona en su estado pague los ochos año íntegros por robar un supermercado?” Se pregunta. “Yo me siento impotente, hace muchos años que lucho, he hablado con mucha gente, pero no he conseguido nada. Lo único que sé seguro es que mi hermano entró en prisión como una persona dependiente de las drogas, y ahora saldrá como una persona completamente dependiente de otra persona.”

Precisamente, una de las catorce reivindicaciones del grupo de presos en lucha activa dentro de las cárceles del estado es pedir la excarcelación de las personas presas con enfermedades mentales, o al menos que no se les apliquen sanciones ni castigos como el aislamiento o el régimen cerrado. Por otra parte, desde colectivos como Oteando o Solidarios de la Sanidad, se está intentando seguir una triple estrategia para visibilizar la situación de las personas con problemas de salud mental en los centros penitenciarios. Según explica Gonzalo Tejerina, médico y miembro de estos dos colectivos: “Por un lado, hemos enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se tenga en cuenta a los enfermos mentales en las excarcelaciones que se están reclamando para reducir el impacto del coronavirus en los centros penitenciarios”. Por otra, “estamos presionando para que, desde el campo de la psiquiatría española, se pronuncien respecto a las cárceles, ya que siempre son los espacios más olvidados desde esta disciplina”. Y, por último, “nos queremos reunir con el Consejo General de la Abogacía Española para abordar la necesidad de tratar el tema de salud mental en las prisiones como un derecho sanitario, y no de seguridad, como hasta ahora, que depende del Ministerio del interior”. Según Tejerina, “queda mucho camino por recorrer si queremos atender estas realidades de una forma mínimamente respetuosa, y está claro que las cárceles no son el espacio adecuado para hacerlo”.

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

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¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 29-IV-2020]

Huelga de Hambre Mayo 2020 Salud mental

L
Como muestras de solidaridad con lxs prexs en lucha, publicamos el vídeo de arriba, recibido por mail, y la traducción de un artículo de Vicent Almela sobre la huelga de hambre colectiva por la excarcelación de las personas presas ancianas y gravemente enfermas. aparecido ayer en la página web de La Directa.

Una decena de personas presas inicia una huelga de hambre para exigir la excarcelación de la población mayor y con enfermedades graves

El pasado viernes empezó la protesta a diferentes centros penitenciarios del Estado español, que se extenderá durante los próximos quince días. La acción pretende visibilizar el endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles a raíz de la emergencia del Covid-19, la desatención sanitaria y la tabla reivindicativa de catorce puntos, que desde hace cuatro años defiende el colectivo de presos en lucha.

Desde que comenzó el estado de alarma por el coronavirus el pasado 13 de marzo, han muerto dieciocho personas en las cárceles del Estado, más otras seis en las prisiones catalanas. aunque, según fuentes oficiales, dos de ellas por Covid-19 –una mujer de 78 años y un hombre de 61 con una enfermedad grave previa–, las principales causas de muerte en prisión siguen siendo la sobredosis y el suicidio. El recorte de comunicaciones con los familiares, vis a vis y por locutorios, no ha hecho más que tensar la situación que se vive en los centros de reclusión las últimas semanas, con varios intentos de motín en algunos módulos y las consecuentes represalias para las personas internas que han intentado iniciar cualquier clase de protesta o crítica a los centros: aislamiento o traslado de prisión, según denuncia la misma población reclusa, las familias y organizaciones de defensa de los derechos humanos.

A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de buscar alternativas a la privación de libertad a sus Estados miembros durante el estado de emergencia, la única medida que de momento ha aplicado el Ministerio del Interior español ha sido facilitar que 2.100 presos –de una población penitenciaria de 58.000–, que ya estaban en régimen de semilibertad antes del estado de alarma, pudieran cumplir las condenas en casa. Por el momento, aparte de las dos muertes por coronavirus, ya son más de 500 las personas presas en cuarentena en las cárceles del Estado, aisladas y sin salir a hacer actividad fuera del módulo, por presentar síntomas o haber estado en contacto con alguien contagiado. Para intentar visibilizar la desatención sanitaria en las cárceles –que tan sólo cuentan con 240 médicos y seis psiquiatras– y pedir que se excarcerle inmediatamente a las personas presas con edad avanzada y con enfermedades graves, el pasado viernes 1 de mayo, una decena de internos comenzó una huelga de hambre quincenal en diferentes penales del Estado. Los participantes en la acción de protesta son las mismas personas presas en lucha activa, que desde hace cuatro años están realizando diferentes acciones de protesta dentro de los muros para visibilizar una tabla reivindicativa con catorce puntos que, según ellos, atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Aunque la última acción de protesta, una huelga de hambre rotativa que se extendió durante cerca de seis meses y en el que participaron –en turnos de diez días de ayuno– diecinueve internos en diferentes penales, terminó a mediados de marzo, uno de los participantes enviaba por carta hace unas semanas una nueva propuesta de acción para este primero de mayo.

Según Toni Chavero –privado de libertad en el departamento de aislamiento de la prisión de Estremera y uno de los impulsores de la propuesta de lucha–, esta vez la acción de huelga de hambre tiene como objetivo visibilizar la vulneración de los artículos 208 del Reglamento penitenciario (RP) y 4, 36 y 39 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que hacen referencia a los derechos sanitarios de las personas presas: “a ser tratados como cualquier otro ciudadano en libertad, en lugar de estar aisladas a una celda o un módulo que no cuenta con los recursos sanitarios o de dignidad mínimos “, así como visibilizar y denunciar que  todos los presos que están mostrando desacuerdo por la desatención sanitaria que estamos sufriendo en las cárceles “estamos siendo castigados, reprimidos y aislados .”

José Ángel Martins Mendoza, privado de libertad en el módulo de aislamiento de la prisión de Villena, también se sumaba a la propuesta de huelga de hambre y añadía una reflexión: “¿Es necesario que después de pagar veinte o treinta años, las personas presas hayamos de morirnos por una mala praxis y su falta de escrúpulos? Con la huelga de hambre queremos exigir que sueltan a nuestros compañeros enfermos o con patologías previas, así como exigir que se cumplan los catorce puntos nuestra tabla reivindicativa”.

Actualmente, hay una veintena de presos repartidos por todo el Estado que se declaran en lucha activa y participan en la propuesta, muchos clasificados en primer grado y desde departamentos de aislamiento. El retraso del correo postal –que está tardando entre dos y tres semanas en llegar dentro de los centros– está dificultando la coordinación entre las personas presas y los grupos de apoyo para el desarrollo de la protesta. Algunas de las personas de la lista no se han podido pronunciar sobre su participación y, por tanto, ahora mismo resulta difícil saber cuántas personas están haciendo huelga exactamente, aparte de los ocho internos que han confirmado por carta su participación.

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Actividad en la calle Huelga de Hambre Mayo 2020

El aislamiento y el hermetismo al que están sometidos los presos, la falta de medidas para prevenir contagios y la falta de información de lo que está sucediendo tanto dentro como fuera hace que se viva una calma tensa en todas las prisiones. En algunas de ellas se están instalando hospitales de campaña lo cual agrava la tensión mientras crece el alarmismo. El siguiente artículo de Vicent Almela que recogemos de La Directa da cuenta de lo que esta´sucediendo en Quatre Camins

Los departamentos de Justicia y Salud de la Generalitat han decidido instalar un hospital de campaña para hacer frente a los 22 nuevos casos de internos positivos por coronavirus en el módulo 4 del centro, que ha quedado completamente confinado. Según fuentes oficiales, desde que comenzó la situación de emergencia sanitaria, 48 internos y 43 trabajadoras han dado positivo por Covid-19 en las prisiones catalanas. La Directa ha accedido a una grabación desde dentro de Quatre Camins

Gritos de desesperación y demandas de libertad, golpes contra los barrotes y quema de sábanas y otros objetos desde las ventanas de las celdas. Estas son las imágenes grabadas el pasado domingo por la noche desde dentro del centro penitenciario de Quatre Camins –ubicado en la Roca del Vallès– por parte de un interno, que a través de su familia ha hecho llegar el vídeo a La Directa. Las imágenes son un termómetro de la situación de emergencia y desesperación que se está viviendo en esta prisión desde que el Departamento de Justicia confirmara, el pasado sábado, 22 nuevos casos de Covid-19 entre los internos del módulo 4, y decidiera poner en marcha un hospital de campaña en el mismo establecimiento para atender los casos. Según fuentes oficiales del Departamento, después de diagnosticar cinco casos del mismo módulo en sólo siete días, el equipo de profesionales sanitarios hizo pruebas rápidas –PCR– a los 145 presos que lo ocupan y fue entonces cuando se diagnosticaron los nuevos 32 casos –22 internos y 10 funcionarios del módulo, todos asintomáticos, según las fuentes oficiales. El resultado del resto de pruebas para saber si hay más positivos en el centro todavía no ha llegado.

A pesar de la situación de emergencia y desesperación de las personas presas y sus familias, los departamentos de Justicia y de Salud descartan, de momento, el traslado masivo de personas presas al hospital penitenciario de Terrassa (UHPT) –que es el establecimiento sanitario destinado a las personas presas de toda Cataluña–, ni a la nueva unidad para presos con síntomas leves de Covid-19, habilitada desde el pasado jueves en la segunda planta de la enfermería de Brians 2. Por lo tanto, según informó el Departamento en un comunicado oficial, las personas privadas de libertad con prueba negativa se quedarán en el módulo 1 del mismo centro de Quatre Camins para aislarlos del foco del brote. En cambio, los internos positivos y con síntomas leves se quedarán en el mismo módulo 4, que actuará como una extensión del hospital penitenciario de Terrassa con 145 camas. En este módulo, los profesionales sanitarios atenderán a los pacientes con síntomas leves, que no requieren soporte respiratorio, y por tanto todos los internos y trabajadores de este módulo deberán ir obligatoriamente con mascarilla. Según cuentan las familias, las mascarillas se entregaron ayer, lunes, a todos los internos del establecimiento penitenciario.

Una de las demandas de más de sesenta entidades en defensa de los derechos humanos, familias y grupos de apoyo a personas presas al Departamento de Justicia –del que dependen las cárceles catalanas– y al Ministerio del Interior español, requiere que cuando una persona presa presente síntomas de Covidien-19 o haya estado en contacto con una persona con el virus, es necesario que sea tratada en un entorno médico, “preferiblemente en un centro médico externo a la prisión”. Según alerta Rachele Stroppa, miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, ​​”también será necesario que estas personas reciban un contacto humano diario y apreciable para minimizar las afectaciones psíquicas añadidas a la situación de aislamiento.”

En un escrito presentado el jueves pasado por parte la asociación de Familias de Presos en Cataluña a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya se solicitaba que se repartieron con urgencia equipos de protección (mascarillas, guantes y gel) a todos los internos y trabajadores de los centros penitenciarios para evitar más contagios. Asimismo, también pedían la apertura de un canal público de información desde el que se informe diariamente toda la sociedad –y, por tanto, también a las personas presas– sobre las medidas que se están tomando y la evolución de la emergencia sanitaria dentro de las cárceles, qué dotación de elementos preventivos y de seguridad se está dando dentro de cada centro, el número de presos contagiados o de personas con síntomas –así como de funcionarios–, información actualizada sobre terceros grados y excarcelaciones y datos sobre las personas muertas durante este confinamiento, para así “poder contactar con los familiares y acompañarlos en su duelo”. Según contaban las familias en el comunicado, “la información es un derecho y en estos momentos es más importante que nunca”.

covid19

Abajo va una traducción al castellano de un artículo de Vicent Almela publicado ayer en la página web de La Directa en el que hay una síntesis de lo sucedido últimamente en algunas de las cárceles del Estado español, sometidas todas ellas a una situación de excepción, basada en el aislamiento del exterior y el despotismo de los carceleros, que no contribuye en nada a remediar la catástrofe médico-sanitaria que reina en ellas, sino que podría agravarla notablemente, dada la insalubridad del medio carcelario, la vulnerabilidad de las personas presas ante las infecciones y el hecho de que los boqueras entran y salen libremente sin que se controle lo más mínimo la propagación que ellos mismos pueden hacer del virus supuesto causante del “estado de alarma” impuesto, dentro y fuera, por la autoridad. La información del artículo se centra, sobre todo, en las cárceles catalanas y, especialmente, en la de mujeres de Wad-ras, donde, que sepamos, todavía continúan la lucha y las medidas represivas contra quienes participan en ella. Como se relata en varios mensajes que está circulando en redes sociales:

17-III-2020

Hemos comenzado una huelga de hambre porque los funcionarios viene sin mascarillas, ni guantes. Ha venido la Subdirectora y le hemos dicho que una de nuestras compañeras ha cogido el virus, nosotras hemos estado conviviendo con ella en la misma celda. Le hemos pedido que se nos haga la prueba ya que tenemos síntomas. No se nos ha hecho caso. Con este acto de negarnos a comer al menos hemos conseguido que los funcionarios se pongan guantes y mascarillas y su trato hacia nosotras ahora es más correcto. Hay internas que están aisladas, tanto por tener síntomas del virus, como por ser ingresos. Están en aislamiento y no sabemos nada de ellas. Nos han quitado todas las comunicaciones sin facilitarnos ninguna información, ni siquiera para poder recibir dinero del exterior. Al final nos han facilitado un número de cuenta para poder hacer ingresos. Se han aplazado las juntas de tratamiento, con lo cual no podemos acceder a permisos ni progresiones de grado. El equipo y régimen dicen que todo depende de la dirección general e instituciones penitenciarias. Los juicios se aplazan sin tener en cuenta de que de ello depende nuestra libertad. Hemos expresado que nos hacen sentir como ratas, que solo somos un número para ellos, a lo que han hecho caso omiso. Pero con nuestra actitud de hoy, hemos conseguido que sepan que no tenemos miedo.

18-III-2020

Seguimos en huelga de hambre por las siguientes reclamaciones:

1.- Que continúen trabajando profesionales del centro para no retrasar las fechas de revisiones de grados y de permisos ya que es un derecho necesario.

2.- Solicitamos videoconferencia ya que nos han denegado otro medio de comunicación, con una duración de 15 a 20 minutos con compromiso nuestro de aportar para poder gestionar las videollamadas.

3.- Desde el departamento de madres, que se tenga en cuenta sus revisiones de grado y permisos para que puedan estar con sus hijxs.

4.- Las que están a espera de juicio, que se les busquen medidas alternativas fuera de prisión para protegerlas de no ser contagiadas.

5.- Que se les ofrezca a las internas extranjeras la opción de poder regresar a sus países.

6.- Las internas de segundo grado que están con permisos aprobados que tengan la posibilidad de volver a sus domicilios con medidas telemáticas y también se les proponga a las internas que estén a la espera de sentencias o recursos.

7.- Necesitamos más alternativas para poder pasar el tiempo más livianamente por todas las limitaciones del coronavirus dentro del centro: clases por escuelas online, poder utilizar el gimnasio, más tiempo de patio y que igual que se nos facilitaron más llamadas que también se nos facilite dinero para poder hacerlas.

8.- Solicitamos indultos, medidas telemátcias y condicionales para las internas que tienen más de la mitad de la condena cumplida o que tienen patologías graves.

9.- Que se nos trate con dignidad y no como un número de expediente.

Asimismo, jsutificamos a todas las compañeras que no pueden participar en la huelga por motivos de salud. Sentimos el terror, estamos apenadas, preocupadas y tristes, porque deseamos poder pasar la epidemia con nuestros familiares, ya que no sabemos cuánto durará.

19-III-2020

Ayer día 18 de marzo por la noche las presas continuaban reivindicando sus demandas cuando llegó el jefe el módulo que, al ver la situación, llamó a los otros carceleros. Se llevaron a tres de las presas a aislamiento. A una de ellas, la sacaron a rastras por el pasillo unos dos metros y ahora continúa aislada y atada. Las otras dos fueron trasladadas anoche en conducción fantasma (un traslado no autorizado) hasta Brians, donde se encuentran en este momento. Desde allí siguen exigiendo lo mismo: tanto medidas sanitarias, ya que continúa habiendo contagios, como medidas alternativas para sus condenas, ya sean indultos, telemáticas o arrestos domiciliarios. Nos piden todo nuestro apoyo aunque sea individualmente. Sea como sea, rebelémonos contra el confinamiento, hagámosles sentir que no están solas.

 LAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS DESENCADENAN HUELGAS DE HAMBRE Y PROTESTAS ENTRE LA POBLACIÓN RECLUSA

El lunes pasado algunas mujeres presas del centro penitenciario barcelonés de Wad-ras decidieron empezar una huelga de hambre para denunciar la falta de medidas preventivas por parte del funcionariado del centro y pedir una serie de medidas concretas en las instituciones penitenciarias. En otras prisiones del Estado está habiendo plantes, sentadas colectivas y otras acciones de protesta espontáneas que las personas presas utilizan como estrategia para denunciar las restricciones en las comunicaciones o la falta de prevención e información que están recibiendo dentro de los centros.

Hace casi una semana comenzaba en el módulo 1 del centro penitenciario de Brians I un intento de huelga de hambre por parte de un grupo de presos, para protestar por la cancelación de las comunicaciones vis a vis y la falta de medidas preventivas para parte del funcionariado de la cárcel para no contagiar la Covidien-19 a las personas presas. Durante la acción del domingo, donde algunos presos se negaron a comer, los carceleros del módulo 1 decidieron sancionar a cuatro de ellos, haciendo uso del artículo 72 del Reglamento Penitenciario, y encerrarlos en una celda de aislamiento “por atentar contra la seguridad del establecimiento penitenciario”. Según el grupo de apoyo a Amadeu Casellas, que se encuentra preso desde hace casi dos años, en espera de juicio, en este mismo módulo de Brians y que también participó en la protesta colectiva, esos cuatro presos aún continúan en aislamiento hoy. Después de las represalias, el resto de presos desistieron y  no continuaron con la huelga por miedo a posibles represalias.

Precisamente en el centro penitenciario contiguo, en Brians 2, y concretamente en el módulo 13, hubo el primer caso de coronavirus detectado en un interno de una cárcel catalana, que, según informaba el Departamento de Justicia, cuando se enteraron, fue inmediatamente trasladado al hospital de Terrassa. El resto de reclusos del módulo –105 personas– siguen confinadas y no tienen permitida la salida del recinto para realizar ninguna clase de actividad más allá de salir de sus celdas.

En la cárcel de mujeres de Wad-ras, en el barrio de Poble Nou Barcelona, ​​el pasado fin de semana también se detectó el primer caso de coronavirus en una interna a la que le quedaban pocos días para salir en libertad. En este caso, la dirección del centro la dejó salir finalmente, pero el resto de mujeres con las que tenía trato diario aún están a la espera de pruebas más de una semana después. Otro caso positivo por coronavirus de una interna de Wad-ras que se ha hecho público esta misma mañana por parte de las instituciones penitenciarias catalanas ha sido el de Rosa Perala, cusada por el crimen de la Guardia Urbana. Este hecho ha propiciado que el departamento de justicia haya decidido confinar a partir de hoy a todas las mujeres presas en régimen ordinario del centro, ya que Peral comparte espacio con ellas desde hace tres años en situación de prisión preventiva. También se han suspendido todos los ingresos y, de ahora en adelante, todas las mujeres que ingresen en esa prisión serán derivadas a Brians I.

La situación en Wad-ras se complica aún más si se tiene en cuenta el hecho de que algunas internas decidieron plantarse y empezar una huelga de hambre el pasado lunes como protesta ante la cancelación de los vis a vis y las comunicaciones por locutorio con las familias y amistades, la falta de tests médicos a las mujeres presas que habían sido con la persona infectada y la falta de medidas preventivas por parte de los funcionarios del centro. Según el comunicado escrito por el grupo de internas en huelga de hambre, y difundido por el grupo de apoyo Solidaritat Rebel, mediante esta acción de protesta quieren visibilizar una tabla con nueve reivindicaciones concretas dirigidas a las instituciones penitenciarias. Estas reivindicaciones incluyen medidas prácticas durante este periodo de emergencia por la Covidien-19.

Algunas de estas reivindicaciones coinciden con las medidas solicitadas al Ministerio del Interior español –que bajo el estado de alarma también controla las cárceles catalanas– por más de cincuenta organizaciones en defensa de los derechos humanos, familias de personas presas y grupos de apoyo el pasado lunes. De momento, ayer miércoles el ministerio dirigido por Grande-Marlaska dictaba una orden por la que instaba a las juntas de tratamiento facilitar que las personas que se encuentran en régimen de semilibertad –en tercer grado o que ya disfrutan de la aplicación de la artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para trabajar fuera de los centros penitenciarios– puedan quedarse en sus casas sin necesidad de volver a las cárceles para dormir, mediante el uso de brazaletes telemáticos o el control telefónico. En caso de materializarse, esta medida podría afectar a unas 8.000 personas de las cerca de 60.000 que hay privadas de libertad en la actualidad.

Aunque desde las entidades en defensa de los derechos humanos, las familias y los grupos de apoyo a personas presas ven “positiva” esta medida, todas coinciden en que “es insuficiente”, y que al menos se debería habilitar un espacio para videoconferencias en todos los módulos –como ya se empezó a hacer esta semana en las cárceles italianas–, ofrecer llamadas de teléfono gratuitas a todos los reclusos, incluso aquellos que no disponen de recursos económicos, dotar de material preventivo a todas las personas presas y al personal penitenciario, hospitalizar a las personas contagiadas en un entorno médico adecuado y excarcelar de forma inmediata a todas las personas con enfermedades graves y con más de 70 años.

Las Protestas se extienden a las cárceles de todo el Estado español

A pesar de la falta de información sobre lo que ocurre en los centros penitenciarios estos días –en que los vis a vis y las comunicaciones por locutorio han sido canceladas de forma progresiva desde que estalló la emergencia vírica–, varios abogados, familiares y grupos de apoyo que aún mantienen contacto telefónico con las personas privadas de libertad han estado informando sobre las diferentes acciones de protesta que se están sucediendo en los diferentes centros para denunciar las restricciones en las comunicaciones o la falta de prevención e información que están recibiendo las personas presas. Según relatan desde la asociación de Familias de Presos en Cataluña, que mantiene contacto diario con los presos por vía telefónica, “la situación dentro está muy tensa”.

Según fuentes de los carceleros del centro penitenciario de Picassent (Valencia), el pasado martes hubo un intento de motín, cuando los presos del módulo 2 iniciaron una protesta para denunciar que no disponen de la asistencia médica adecuada dentro del centro ni del material preventivo para evitar el contagio de la Covidien-19, afirmando también que “se sienten completamente abandonados por las autoridades penitenciarias”. La protesta fue reprimida por los boqueras que aplicaron aislamiento preventivo a seis de los internos que participaron en la acción protesta. Situaciones similares se están sucediendo en otros centros penitenciarios como Quatre Camins (Barcelona), Mas de Enric (Tarragona), Fontcalent (Alicante), Sangonera (Murcia), o Zuera (Zaragoza). Según alertan desde la asociación de familias, “a muchos de los presos aún no se les ha comunicado que les han cortado todas las comunicaciones –también por locutorio–, cuando se enteren ya veremos qué pasa. Es necesario que las instituciones tomen medidas urgentes para mejorar la comunicación con las que estamos fuera, y que sepamos tanto ellos como nosotros lo que está pasando.”

Aunque todavía no hay datos oficiales sobre más casos positivos de Covidien-19 en las cárceles –aparte de los casos detectados la semana pasada en la prisión de Zaballa y Brians 2, y hoy en la prisión de mujeres de Wad-ras–, según los últimos datos publicados por un sindicato de carceleros, en las cárceles del Estado español se han contabilizado hasta el momento 164 internos y medio centenar de funcionarios aislados, a la espera de conocer si son casos positivos de contagio. En Cataluña hasta el momento hay 117 personas presas aisladas de forma preventiva, y también quedan confinados todos los presos del módulo 13 de Brians 2, y desde esta mañana todas las mujeres presas en el centro penitenciario de mujeres de Barcelona.

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