423 resultados de la búsqueda para "la directa"

La Directa, “medio de comunicación en catalán para la transformación social”, ha venido siguiendo y apoyando desde la huelga de hambre colectiva del 1 de mayo de 2018 el intento del que formaba parte aquella de lograr al menos un mínimo de movilización social en defensa de la vida y la dignidad de las personas presas, intento que se articula a través de 14 reivindicaciones que analizan una serie de situaciones en que el ordinario funcionamiento de la máquina punitiva española atenta contra los derechos de la gente presa sometiéndola a menudo a situaciones de trato cruel, inhumano o degradante. Desde entonces, La Directa se ha hecho eco, desde su publicación quincenal en papel y desde su página web, de todas las experiencias y propuestas que han ido dando vida al mencionado proyecto de lucha colectiva, participando en él de esa manera e incluso con publicaciones específicas. En esta ocasión han publicado en su página web otro artículo de Vicent Almela explicando la propuesta de huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. A continuación, una traducción al castellano. El cartel de arriba lo han elaborado lxs compis del Grup de Suport a Presxs de Lleida para pegarlo por las calles durante el primer mes de huelga. Podéis pedirlo por mail en gran formato, a Lleida o a nosotrxs, si queréis imprimirlo. Ya está cerca el 1 de septiembre y el primer ayuno que se iniciará el día 1. Hasta ahora, se han comprometido a ayunar sus diez días diez compañeros presos de forma que la huelga de hambre durará al menos hasta el 10 de diciembre.

Una decena de presos inicia una huelga de hambre rotativa

Como continuación de las protestas que comenzaron hace tres años, el próximo 1 de septiembre, una decena de presos inicia una huelga de hambre rotatoria de diez días cada uno, a diferentes penales del Estado español. Desde dentro de los centros penitenciarios proponen un cambio de planteamiento en la lucha activa para denunciar la vulneración de derechos fundamentales.

“Hago esta propuesta de que, a partir de la primera quincena de septiembre, en cada cárcel donde nos tienen recluidxs, empecemos cada unx una huelga de hambre de 10 días, donde la gente de la calle nos coordinase para que no coincidiéramos dos en el ayuno y así que durase unos meses, organizándonos para que, cada vez que acabase unx, empezase otrx.” Esta era la propuesta que lanzaba, a finales de mayo, José Ángel Martins Mendoza (Peque) –en una misiva desde el módulo de aislamiento de la prisión de Picassent–, dirigiéndose a todas las personas presas en lucha activa en diferentes penales del Estado español. La nueva acción de protesta se enmarca dentro de la propuesta de lucha que comenzó hace tres años, cuando un grupo de personas encerradas en diferentes centros penitenciarios del Estado pusieron en marcha una propuesta de lucha activa –inspirada en la experiencia de otras luchas anticarceràries del pasado como la COPEL o el APRE– para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que aseguran sufrir por parte de organismos penitenciarios e instituciones públicas mientras se encuentran privadas de libertad.

Después de las diferentes experiencias vividas por parte de las personas presas en los últimos tres años de lucha desde dentro de los muros –en 2018 se hicieron tres huelgas de hambre colectivas y el pasado 1 de mayo, otra–, y los debates recientes con los diferentes grupos de apoyo de todo el Estado, se ha decidido cambiar el planteamiento de la acción de protesta. En este caso, y a diferencia de las anteriores huelgas de hambre colectivas –donde todas las presas comenzaban la acción el mismo día–, se plantean ayunos rotativos de 10 días. Es decir, cada diez días, una de las personas presas que participa en la propuesta pondrá en marcha una huelga de hambre en una prisión determinada. Y cuando esa persona termine la acción, otra comenzará en un penal diferente.

El objetivo de los ayunos sigue siendo visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles y especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los puntos de la tabla. Se trata de un derecho básico de la población penitenciaria reconocido en los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario y en el artículo 91 del Código Penal, que actualmente afecta a decenas de internas en España y en las prisiones catalanas. Según explica Peque en su carta, “Sabemos que existen numerosxs compañerxs con enfermedades graves e incurables y sé que por solidaridad, amor propio e indignación frente a la injusticia, han realizado huelgas de hambre por iniciativa propia sin ser consensuadas de forma colectiva, lo que me parecen luchas vacías. Muchas ganas y solidaridad, pero, si lo que deseamos es dar luz a lo que está pasando con muchxs de nuestrxs compañerxs, debe ser, según mi forma de ver, de una manera conjunta.” En estas líneas se refiere a las huelgas de hambre que llevó a cabo Carmen Badía desde la prisión de Zuera –de 54 días y un mes respectivamente los últimos meses–, con la intención de dar visibilidad a su caso y llamar la atención de los organismos internacionales de prevención de la tortura para conseguir su excarcelación por enfermedad grave e incurable. Hay que recordar que Badía continúa actualmente toma el módulo de enfermería de la prisión aragonesa diagnosticada con cáncer de mama y con fuertes dolores corporales.

En las últimas semanas, diferentes grupos de apoyo de todo el Estado se han encargado de hacer llegar el mensaje con la propuesta a las personas presas que participan en la lucha colectiva, y de momento, ya son ocho las internas que se han pronunciado y sumado a la acción. El último en hacerlo ha sido Francisco Aroca Lison (Piyayo) desde el centro penitenciario de Albolote (Granada): “Vamos a organizarnos como sabemos hacer. Gente desde fuera lleva el control y nos va informando en cada prisión donde estamos dispersadxs, para ver como va todo este proceso colectivo. La información es fundamental, así como el diálogo entre nosotrxs. Pienso que esta propuesta está bien pensada, llevémosla a cabo todxs a una.”

Mientras esperan más adhesiones desde dentro de los muros –con las huelguistas actuales la propuesta de lucha se extendería del domingo hasta finales de noviembre–, de momento ya se ha convocado una concentración para el sábado 21 de septiembre fuera de la prisión de Albocàsser (Castellón) “para exigir la excarcelación de las personas gravemente enfermas con padecimientos incurables y en solidaridad con las presas en lucha”. Desde el colectivo de apoyo a presas Tokat aconsideran que “se trata de seguir aprendiendo a dialogar, decidir y actuar colectivamente para que sea posible una verdadera lucha social anticarcelaria”.

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Más Información En Tokata Sobre la Huelga De Hambre Rotativa Por La excarcelación De Las Personas Presas Gravemente Enfermas

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 23-VIII-2019]

Huelga de Hambre Rotativa 2019

La Directa ha publicado en su página web un artículo sobre la convocatoria de huelga de hambre colectiva en las cárceles a iniciar el próximo 1 de octubre. Lo firma Vicent Almela y también se hace eco, como ha venido haciendo a partir de la convocatoria de huelga de hambre colectiva del último mayo, del contexto y antecedentes de esta propuesta de lucha y de los comunicados y opiniones de varios de sus participantes.

Cinco meses después de la huelga convocada en las cárceles por el primero de mayo, en la que participaron alrededor de 30 internos en diferentes centros penitenciarios del Estado español, algunos de los presos en lucha activa vuelven a convocar una huelga de hambre con el objetivo de continuar visibilizando la tabla reivindicativa de doce puntos y reclamar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. Mientras las estadísticas de muertes y suicidios en las cárceles no se detienen –según las respuestas dadas por el Ministerio del Interior a las preguntas parlamentarias del concejal de EH Bildu Jon Iñárritu, entre 2012 y 2016 se produjeron 768 muertes en las cárceles españolas, 126 de las cuales por suicidio–, esta tabla incluye “demandas básicas” para las personas presas, como la erradicación de las torturas y de los regímenes de aislamiento –donde los presos pasan al menos 20 horas encerrados en la celda y no tienen contacto con ningún otro interno–, el fin de la dispersión y el alejamiento de los presos de sus lugares de origen y sus familias, o simplemente que se respete la legislación vigente en relación a la atención sanitaria dentro de los centros, donde las competencias siguen dependiendo del Servicio General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) –con las excepciones de Cataluña y el País Vasco– y no de los departamentos de salud de las comunidades autónomas, como obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el Parlamento español en 2003.

“Está claro que la abolición de la cárcel no la conseguiremos de momento, pero si cada año nos vamos sumando más, estoy seguro de que conseguiremos que nos den nuestros derechos carcelarios. Y, si no lo disfrutamos nosotrxs, lo disfrutará la nueva generación que entre “. Con esta reflexión acababa José Ángel Martins Mendoza –alias Peque–, su carta de valoración sobre la huelga de hambre el pasado mes de mayo. En esta misma carta, proponía ya una nueva convocatoria de huelga de hambre por el primero de octubre y abría esta propuesta a debate, crítica y reflexión por parte del resto de presos y de la comunidad anticarcelaria.

La propuesta ha sido comentada y debatida durante los meses de verano por diferentes tomados a través de correspondencia, a pesar de las dificultades comunicativas que sufren mucho de ellos. Por el simple hecho de reivindicar sus derechos y denunciar las vulneraciones que sufren, muchos de estos presos tienen todas las comunicaciones controladas –cartas, llamadas y locutorios– están afectados por la dispersión y el continuo cambio de prisiones, y la mayoría de ellos están pagando sus penas en régimen especial de castigo y módulos de aislamiento. A pesar de las dificultades que les pone la SGIP para coordinarse, varias voces se han podido sumar al debate y la convocatoria gracias a los grupos de apoyo, como Tokata, La Corda, o el Grup de Suport a Presxs de Lleida, y han podido opinar en relación a la propuesta. Una de estas voces es la de Toni Chavero, uno de los presos más activos de la lista, que proponía que los presos que no quisieron o pudieron hacer la huelga de hambre, iniciaran un ayuno los días 1, 5, 10 y 15 de octubre, acompañado de escritos de denuncia al Congreso, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Ministros y a la SGIP, con el objetivo de intentar abrir el “abanico” de posibles formas de participación “para que más personas presas participen” y se sumen a la acción.

También otros presos y presas como Carmen Badia –enferma de cáncer en la prisión de Zuera–, Oscar Rodríguez González –desde Puerto I– o Francisco Aroca –desde la prisión de Albocàsser (Castellón II)– han aportado al debate y se han adherido públicamente a la convocatoria de huelga. Este último hace una reflexión en relación al contexto actual: “Mucho se habla ahora de la situación de los presos políticos catalanes, pero ¿qué pasa con nosotros, los presos comunes? Nosotros hace años que estamos encerrados a grandes distancias de nuestras familias, que deben arriesgar la vida para poder vernos 40 minutos a través de un cristal. Y eso los que tienen recursos económicos para pagar el trayecto. Se nos aplica la dispersión como castigo o venganza de forma sistemática”.

En su última carta, publicada el otro día en el portal de Tokata, Chavero anima al diálogo entre todos los participantes en la huelga, y a desarrollar una estrategia de no violencia durante la duración de la misma, ya que considera que hoy en día y con el contexto actual en las cárceles “la violencia no es una herramienta que pueda ayudar a crear una comunidad de lucha y conseguir nuestros derechos”. “La cuestión es que cuanta más peña participe de la manera que pueda o quiera libremente, más ruido se hará fuera y más se podrá ver de lo que estamos haciendo, que es eso, luchar por mejorar las cosas”, concluye.

Desde Dentro: Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera

Más Información En Tokata Sobre Luchas Actuales Dentro De Las Cárceles Del Estado Español

Motivos, Condiciones Y Posibilidades Para Una Lucha Social Anticarcelaria

Noticias Sobre La Huelga De Hambre De Octubre

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2018]

Actividad en la calle Huelga de hambre octubre 2018 Presxs en lucha

La Directa, proyecto de “periodismo cooperativo para la transformación social” en Catalunya, ha publicado en su página web un artículo firmado por Vicent Almela donde se hace un somero balance de lo ocurrido, tanto dentro como fuera de las cárceles, durante la huelga de hambre colectiva realizada en mayo por algunxs presxs en lucha en defensa de las doce reivindicaciones de la propuesta de lucha que está siendo defendida por lxs mismxs desde hace unos dos años. Se hacen eco también de las opiniones al respecto de algunas de las personas presas participantes. Ahí va una traducción al castellano.

LA HUELGA DE HAMBRE EN LAS PRISIONES REACTIVA LA COMUNIDAD DE LUCHA ANTICARCELARIA

La propuesta de lucha iniciada en mayo pasado por un grupo de presos para visibilizar la constante vulneración de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha logrado reactivar la coordinación entre población reclusa, abogadas, grupos de apoyo, familiares y algunos movimientos sociales en una acción conjunta.

Hace casi dos años se hacía público desde la prisión de Estremera (Madrid VII) el primer borrador con una nueva propuesta de lucha activa dentro de los centros penitenciarios, con la publicación y difusión de un comunicado y una tabla reivindicativa de doce puntos para denunciar las situaciones que, según uno de los impulsores de la propuesta -el preso Toni Chavero-, “en mayor medida atentan contra nuestra dignidad y nuestra vida”. Esta primera propuesta, abierta a debate y sugerencias por parte de la comunidad anticarcelaria, se sustentaba con ayunos mensuales y la comunicación continua con los grupos de apoyo y la dirección de las cárceles, para denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que sufren diariamente las personas presas. A pesar de las dificultades de transmisión de información y comunicación entre presos, ya son más de cuarenta los internos que se han sumado a esta propuesta de lucha activa, que realizan ayunos simbólicos mensuales y denuncian judicialmente –y a través de los grupos de apoyo– cualquier abuso o discriminación que sufren o del que son testigos.

Enmarcada dentro de esta campaña, el preso José Ángel Martins Mendoza, Peque, desde la prisión de Albocàsser (Castellón II), lanzaba a principios de este año la propuesta de poner en marcha una huelga de hambre, con fecha de inicio el primero de mayo -que tuvies una duración de cinco a quince días- con el objetivo de iniciar una primera acción coordinada entre todos los paresos que participan en la propuesta y la calle y así visibilizar los doce puntos de la tabla reivindicativa tanto dentro como fuera de los muros. Finalmente, en esta huelga de hambre han participado más de una veintena de presos -de cuarenta que figuran actualmente en la lista- de diferentes centros penitenciarios en España, y también se han realizado numerosas acciones de solidaridad y agitación para visibilizar la huelga en las calles de diferentes ciudades. Antes de iniciarse, se organizaron jornadas anticarceràries y de envío de correspondencia en ciudades como Granada, Valladolid, Palencia, Santander o Lleida, y también concentraciones solidarias ante las prisiones, en Valladolid o Valencia, durante la huelga de hambre. En Barcelona, ​​aparte de los parlamentos que el colectivo Clivella realizó en un acto organizado por la CNT durante la celebración del Primero de Mayo, también se realizó una acción en la que una cuarentena de personas cortaron la avenida Meridiana durante unos minutos, y dos de ellas se colgaron del puente de Sarajevo, a fin de mostrar solidaridad y hacer visible la huelga de hambre que se estaba dando entonces dentro de los centros penitenciarios.

Para la elaboración del reportaje “Se reactiva la lucha dentro de los muros”, publicado en el número 451 de la Directa, el 4 de abril- contactamos por carta con la cuarentena de presos en lucha activa actualmente. Estos testimonios nos ayudaron a montar un relato que explicaba la propuesta de lucha, a la vez que se visibilizaban experiencias de vulneración de derechos fundamentales que sufre la población reclusa durante su día a día. Aunque se hizo el envío de esta edición a todos los presos entrevistados –actualmente privados de libertad en once centros penitenciarios ubicados en diferentes puntos de España– por el momento no tenemos constancia de que ningún preso haya recibido la publicación. Instituciones Penitenciarias tampoco ha devuelto ningún ejemplar ni ha explicado los motivos por los que no ha llegado la correspondencia a los presos, lo que choca frontalmente con el derecho a la libertad de prensa, que es un derecho constitucional para todos y que, por tanto, debería ser respetado también dentro de los centros penitenciarios.

Aunque esta primera acción coordinada entre los presos en lucha activa no ha sido masiva en cuanto a la participación, tanto los presos como los grupos de apoyo valoran la experiencia positivamente. Desde el colectivo de apoyo Tokata consideran “muy postitivo que se haya dado un primer paso en la creación de un espacio de lucha que llegue a todas las personas que estamos dispuestas a enfrentarnos al sistema penal, a modo de autodefensa, y después de mucho tiempo se haya iniciado un diálogo consciente, que se está llevando adelante en estos momentos, entre todas las partes ‘para proponer’ la apertura de ese espacio de lucha.”

Desde dentro de la prisión de Villena, Toni Chavero –mediante correspondencia– también valora positivamente la acción y reconoce que “en los últimos tres años se ha incrementado la conciencia anticarcerària, la comprensión de la empresa-prisión e incluso el espíritu de lucha, tanto dentro como fuera de los muros”, y destaca que, para él, “el hecho de no sentirnos solos aquí dentro no tiene precio”. A pesar de la valoración positiva de la huelga, envía un mensaje claro al resto de internos adheridos a la lista de presos en lucha activa para que se pronuncian en el ámbito personal y se pongan en contacto con los grupos de apoyo explicando lo que van haciendo: “es necesario que todos nos definamos y pronunciemos personalmente para ver qué presos estamos en lucha activa y cuáles no, para así poder continuar con veracidad la propuesta coordinada”. José Ángel Martins, que ha sido trasladado recientemente a la cárcel de Puerto III en represalia por su participación en la propuesta de lucha, considera que “aunque hemos sido pocos para las expectativas que teníamos, debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Hemos sido fieles a nuestros ideales libertarios y nuestra dignidad continúa en alza”, por lo que propone el inicio de otra huelga de hambre coordinada para el próximo 1 de octubre. Martins concluye la carta afirmando que “está claro que no conseguiremos la abolición de las cárceles, de momento, pero si cada año nos vamos sumando más presos, estoy seguro de que conseguiremos que se cumplan nuestros derechos dentro de las cárceles. Y si no lo disfrutamos nosotros, al menos que se respeten los derechos de las futuras generaciones que entran.”

Continúan sin respetarse los derechos de los enfermos crónicos

Aunque según el Reglamento Penitenciario (RP), mediante los artículos 104.4 y 196, se valora “la conveniencia de clasificar en tercer grado, por razones humanitarias y de dignidad, a las personas enfermas muy graves con enfermedades incurables que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad”, este derecho –que forma parte de las doce reivindicaciones de la tabla de los presos en lucha– se continúa incumpliendo sistemáticamente por parte de las Instituciones Penitenciarias. Un claro ejemplo es la situación que está sufriendo actualmente el preso Francisco Chamorro, enfermo de cáncer y VHC dentro de la prisión de Castellón I que, a pesar del reconocimiento médico de su enfermedad, no se le concede la excarcelación. Rosa Giménez, madre de Chamorro, denuncia que “dentro de la prisión no le dan su tratamiento y los tratan como animales. Esto no es un lugar donde curarse de un cáncer. Yo estoy sufriendo por la vida de mi hijo, y no voy a parar hasta conseguir la excarcelación.” Por este motivo, se ha convocado una manifestación frente al centro penitenciario Castellón I el sábado 23 de junio a las 11 de la mañana.

También Carmen Badía Lachos, enferma de cáncer y actualmente interna en la macrocárcel de Zuera (Zaragoza) –de momento es la única mujer que se ha sumado a la propuesta de lucha activamente– relata en una carta dirigida al grupo de apoyo a presxs de Lleida que han comenzado las represalias contra ella por el hecho de participar en la acción de la huelga de hambre. En esta misiva, Badía denuncia que no la han visitado los médicos desde su traslado a este centro penitenciario, hace tres meses, y le han reducido el apoyo sanitario de 24 horas que recibía, que ha pasado a ser sólo de 15. Mientras tanto, su estado de salud vuelve a empeorar y casi no puede dormir por los efectos secundarios de la quimioterapia.

Actividad en la calle Huelga de hambre 1 de mayo 2018

José Antúnez Becerra sostiene una huelga de hambre desde el 14 de enero en la prisión de Brians 2 para reivindicar sus derechos y denunciar su situación, fruto de su luchaa contra las instituciones punitivas.

Antúnez Becerra ha iniciado esta lucha para que se le revise la condena de diecinueve años de cárcel, dictada a raíz del motín del centro penitenciario de Quatre Camins del laño 2004, ya que el mismo considera esta sentencia como una venganza por su militancia contra la institución penitenciaria. Según expresa él mismo preso en un comunicado hecho público el 20 de enero: “ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de la transición y dentro de la prisión formé parte de una organización llamada COPEL (Cordinadora de Presos en Lucha). Destacaré que la base para condenarme a sido mi historial, aparte de ello también las presiones políticas instrumentadas con los sindicatos y los medios de comunicación”.

Con la huelga de hambre, Antúnez también reivindica algunos derechos que le corresponden como preso, por ejemplo, el de obtener permisos y proyectos de futuro, ya que cumple los requisitos para hacer talleres o cursos. Además, siempre ha tenido problemas en las diversas cárceles por donde ha pasado hasta el día de hoy, ya que asegura que le aplican registros y controles arbitrarios, le devuelven muy tarde sus pertenencias después de un traslado o, directamente, no se las devuelven, según han informado familiares y grupos de apoyo del preso.

José Antúnez

En la edición digital de La Directa se ha publicado hoy un artículo de Vicent Almela, cuya traducción reproducimos a continuación, sobre la VII marcha de antorchas contra la cárcel de Ponent, en Lleida, que este año se hace eco especialmente de las reivindicaciones de lxs presxs en lucha comprometidos desde el 1 de septiembre en la huelga rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas.

Este sábado, 25 de enero, se celebrará la séptima edición de la marcha de antorchas contra la cárcel de Ponent en Lleida, con el objetivo de visibilizar la situación que viven las personas privadas de libertad y cuestionar el papel que juegan las cárceles y los diferentes espacios de reclusión en nuestra sociedad.

A finales de este mes de enero se cumplirán cinco meses desde que una veintena de personas presas en diferentes penales del Estado español comenzó la huelga de hambre rotativa –de diez días cada una– para visibilizar una tabla reivindicativa con catorce puntos, que según ellas atentan contra la dignidad, la integridad y la salud de las personas presas y sus familias y amistades. Esta propuesta de movilización nació en 2016 con la intención de crear una comunidad de lucha en la que participen diferentes agentes sociales y que vuelva a poner el foco en la realidad que se vive dentro de las cárceles y a cuestionar cuál es la función de estos espacios de reclusión en nuestra sociedad. Está inspirada en otras experiencias anticarceraries que se remontan a los tiempos de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), un movimiento de lucha surgido en 1976 desde dentro de la cárcel de Carabanchel. Las demandas actuales, no muy diferentes de las que hacía la COPEL hace más de cuarenta años, se centran en denunciar la desatención sanitaria que sufren las personas presas, exigir la excarcelación las personas con enfermedades graves, tal como marcan los artículos 104.4 y 196 del Reglamento penitenciario, acabar con los departamentos de aislamiento –en los que las personas pueden llegar a pasar 22 horas solas sin contacto con nadie–, los regímenes FIES y la dispersión, medidas mediante las cuales las cárceles también acaban afectando gravemente la vida de los familiares y las amistades de las personas privadas de libertad.

Según datos publicados por parte del funcionariado de prisiones, en 2019 perdieron la vida 199 personas en los centros penitenciarios del Estado español –veinte de ellas en las cárceles catalanas–, la mayoría de ellas por sobredosis o suicidio. Este 2020, ya son 12 las personas muertas en estos centros. La última defunción se produjo en la cárcel de Jaén el pasado miércoles, donde los carceleros encontraron ahorcado en su celda a un hombre de 70 años.

Con el objetivo de dar luz sobre estas realidades, tan invisibilizadas en los medios de comunicación e incluso dentro de los movimientos sociales y la izquierda parlamentaria, este sábado se celebra la séptima edición de la marcha de antorchas contra la prisión de Ponent. Desde el Grupo de Apoyo a Presxs de Lleida, colectivo encargado de organizar las jornadas, aseguran que a pesar de que a lo largo de los años han pasado diferentes personas por el grupo, “siempre es un acto que tenemos muy presente y hay mucha gente diferente que implica en la organización”, ya sea preparando las antorchas, cocinando, acondicionando los espacios o acogiendo gente en casa. “Para nosotrxs, las cárceles son instrumentos hechos a medida para mantener el orden establecido, son la última consecuencia para las personas pobres, disidentes, marginadas o excluidas por este mismo sistema depredador. Son la parte física y visible de toda una red de violencia y terror estatal. No creemos ni queremos este sistema de dominación, no creemos en las prisiones ni las queremos”, afirman desde la organización, y por eso están organizando esta marcha desde hace siete años: “cada año que pasa tenemos más motivos para volver a salir a las calles, organizar la rabia y romper la normalidad. Para encender las antorchas y apagar el silencio. Para decir a las compañeras presas que no están solas y para resquebrajar un poco más los muros “, concluyen.

Como novedad, en esta edición las jornadas acabarán con una cena en el mercado del barrio de la Mariola, uno de los barrios más populares de la ciudad y donde las prisiones afectan –de forma directa o indirecta– a mucha gente. “Hemos intentado tener esto en muy en cuenta, y alguna gente que vive en el barrio también nos ha ayudado a preparar y acondicionar el espacio”, se espera a alrededor de 80 personas para cenar.

“Este año estamos un poco nerviosxs por ver que pasará con los Mossos, ya que el año pasado nos bloquearonel paso y no nos dejaron terminar la marcha a las puertas de la prisión tal como habíamos hecho en otras ocasiones”, explican desde del grupo de apoyo, y también aseguran que los persiguieron una vez terminada la marcha y hubo careras y algunas identificaciones: “esperamos que este año no hagan lo mismo”. En esta edición la marcha quiere enfocar especialmente la desatención sanitaria que sufren las personas presas, y por eso durante el recorrido se leerá un manifiesto y antes de la marcha se realizará una mesa redonda en la que participarán Gonzalo Tejerina, médico y miembro del colectivo Solidarios por la Sanidad, Noa Prieto –mujer transexual que ha pasado once años privada de libertad en diferentes talegos– y miembros del colectivo Fuig, grupo de apoyo a presos de Barcelona. La marcha comenzará este sábado a las 19 h desde la plaza Europa de Lleida, y una vez finalizada habrá un espectáculo de títeres, por parte de la compañía Títeres desde Abajo, cena y un concierto de Lxs Duendes del Parque.

Más Noticias Sobre Las Marchas De Antorchas contra La cárcel De Ponent

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 10-XII-2019]

Más información en:

https://suportpresxslleida.noblogs.org/

https://desdedentro.noblogs.org/

https://henas.noblogs.org/

https://lacorda.noblogs.org/

https://colectivopronoiamurcia.noblogs.org/

https://jaensinbarrotes.noblogs.org/

https://elcarropropresxs.blogspot.com/

 

 

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2019

L
Como una muestra más de las actitudes solidarias con la lucha de lxs presxs que parece están proliferando últimamente un poco más que de costumbre, ahí va el cartel dedicado por el grupo anticarceario santanderino HENAS (Hermanas Encarceladas No Andáis Solas) a los primeros diez días de la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas que están siendo realizados por Carmen Badía Lachos, una de esas personas. Insertamos también el video elaborado por la Asamblea Libertaria de Lorca en solidaridad con esa misma lucha. Como ellxs mismxs han empezado diciendo al publicarlo en el youtube el 31 de diciembre pasado: ” Queremos finalizar el año mostrando nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas privadas de libertad. En el día de hoy diferentes colectivos en todo el Estado realizan concentraciones y acciones con el mismo fin.” Y también copiaremos la despedida: “Que la solidaridad se extienda y traspase todos los muros. Porque mientras existan cárceles y Estados, toda libertad es condicional.” Después, va un artículo de Montse Santolino, publicado también el último día de 2019 en la web de La Directa, haciéndose eco de las marchas anticarcelarias a la cárcel de mujeres de Wad-Ras y a la cárcel racista de Zona Franca que se han celebrado en Barcelona en esa fecha y compartiendo su espíritu.
L
UN DESEO PARA 2020
L
¿Dónde están mis amigos? Encerrados sin motivo.
Extremoduro, Pepe Botika

La Navidad es una época de mierda para mucha gente. A psiquiatras y psicólogas les multiplica el trabajo con tanta happycondria. El abogado Andrés García-Berrio publicó un post en facebook y fue como si recibiera una orden: ““En navidad la crueldad que supone la privación de libertad se acentúa. Son días en los que está bien hacer presente la cárcel y a las personas presas y sus familiares. Pongamos los focos sobre la cárcel en estos días que la cárcel duele tanto“. Pongámoslos.

Como vivo en un barrio donde siempre enganchas conversaciones sobre gente que acaba de salir (cuando entran nunca se oye nada), había normalizado el hecho de que, durante décadas, de prisiones sólo hablaran los cristianos y los anarquistas, tan diferentes como ejemplarmente constantes en su apoyo a las personas presas. Será por eso que ahora alucino con que se hable cada día de presos pero no haya ningún debate social sobre las cárceles, sobre su funcionamiento y su necesidad. Al contrario, las noticias hablan de un villancico especial para los presos y presas políticas, o de los 800 lotes de navidad que el Barça ha enviado a Lledoners (vaya, resulta que los presos también tenían lote antes de los recortes), y lo que queda en el ambiente es la sensación de que las sentencias injustas del todo, pero las cárceles muy bien gracias.

Y no. Las prisiones de muy bien nada. En Cataluña el mismo Gobierno reconoció hace un par de años que la mitad de las personas presas tiene problemas de salud mental y en el Estado, después de un puente de diciembre trágico, Instituciones Penitenciarias ha hecho protocolos especiales para reforzar la vigilancia de las personas con “tendencias suicidas” porque la Navidad es “especialmente difícil”. Y tampoco hay nada bueno en que vayamos atrás en populismo punitivo, incluso en ámbitos supuestamente de izquierdas: el discurso de las alternativas a la prisión ha desaparecido del mapa y los sindicatos de funcionarios de prisiones denuncian a Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, en vez de premiarlo por su contribución a la mejora del sistema carcelario. Organizaciones internacionales de defensores de derechos humanos como Front Line Defenders se hacen cruces y aquí no nos escandalizamos suficiente.

Pequeño detalle para no ignorar: la gran mayoría de presos no ha matado ni violado ni hecho daño serio a nadie, y buena parte tienen problemas de drogas o de salud mental. Lo que necesitarían es un hospital y no una prisión, y lo que Iñaki Rivera ha hecho es recoger en un informe los abusos y maltratos a que están sometidos, muchos de ellos relacionados con el derecho a la salud, porque como dice el Comité Europeo para la prevención de la tortura: “un nivel inadecuado de asistencia sanitaria puede conducir rápidamente a situaciones que caigan dentro del ámbito de trato cruel inhumano y degradante”. A pesar de todas las recomendaciones internacionales y todos los protocolos, las quejas se acumulan: dificultad para tener citas o pruebas médicas; falta de seguimiento médico de enfermedades mentales, de enfermedades graves o crónicas; imposibilidad de denunciar malos tratos que los informes médicos no se faciliten o no los recojan; tratamientos médicos impuestos o excarcelación in extremis por motivos humanitarios.

Todas estas cosas y muchas más explican los presos que están haciendo huelgas de hambre desde hace tres años y los colectivos que les apoyan. No has oído hablar, ¿verdad? En Barcelona dieciséis colectivos anticarceralarios han montado diferentes actos durante todo el mes de diciembre. Pusieron una parada informativa en la puerta del Hospital Clínico para explicar que no es normal que tanta gente muera en prisión, que se suicide o caiga por sobredosis, y que tienen dudas muy razonables sobre la necesidad y la intención de medicar y sobremedicar tanto a tanta gente. La reacción mayoritaria era de desconcierto al ver una pancarta donde decía “Familias de presos de Cataluña”, en castellano y sin rastro de lazos amarillos. Muchas caras de y estos quienes son.

La pancarta la sacó de su bolso la Gracia Amo, una madre y abuela coraje que transmite fuerza y ​​decisión. La muerte de su hijo hace tres años la ha convertido en activista y ahora trabaja con otras madres, hermanas y esposas de presos. Aunque su hijo ya no está, continúa visitando a sus compañeros y su número de móvil corre por Brians como el de Helena Maleno entre los migrantes cuando cogen pateras. Ella habla de “insalubridad” sin pelos en la lengua. “Lo peor que me podían hacer, ya me lo han hecho”. Dice que los patios de las cárceles son cementerios vivientes de toxicómanos arrastrándose por el suelo. Como su hijo lo era, de entrada no se sorprendió de su muerte por sobredosis, pero cuando pidió una segunda autopsia resulta que no era de heroína sino de benzodiacepinas que ningún psiquiatra había prescrito. Vivimos en un país tan normal que ninguna familia a quien se le muera alguien en prisión confía en las autopsias oficiales.

Gracia compartió el post del Andrés y dice que sí, que la Navidad es dura cuando falta alguien en la mesa, pero también porque se mueve más droga de lo normal y eso siempre tiene consecuencias. “La droga entra. Lo que no Dejan entrar es nada que las haga bien “. Me cuenta que en Mas Enric han dado una paliza a un interno y que el resto han hecho un plante en el patio y han conseguido que venga la doctora a tiempo para ver y certificar los golpes y las heridas, pero que al que lo promovió le han metido en aislamiento. Un clásico. Y lo escribo y me da vergüenza haber oído tantas veces historias similares y no haber hablado nunca.

Le pregunto por los presos políticos. Quiero saber (quiero creer) que el maldito hecho de que estén ahí servirá al menos para mejorar la situación de los presos comunes, y acaba rápidamente con el debate que tantas tertulias ha ocupado: “todos son presos políticos”. Con más recursos, con buenos abogados y buenos juicios mucha gente estaría fuera. Es el sistema lo que no funciona. “Urdangarin sale de permiso cuando le toca. Son los otros los que no salen cuando les toca “. También lo dijo Paula, detenida postsentencia, que eran presas políticas sus compañeras, cuando salió de Wad Ras: “La mayoría son migrantes y lo único que han hecho ha sido intentar sobrevivir”. Los y las presas políticas oficiales han hecho más visibles las cárceles pero su presencia no siempre ha beneficiado el conjunto: sus huelgas de hambre invisibilizar el resto. Con contundencia pero sin reproches, espeta la evidencia: “Ninguno de ellos morirá. No les negarán comprar en el economato, ni asistir a talleres “. Y llegado este punto, a mí, a saber por qué, me vienen a la cabeza los motines de los presos comunes tras las amnistías de la II República o de la transición, y la voz de Robe de Extremoduro: “Se abrió un claro entre las nubes, Hemos vuelto a ver el sol, como dos presos comunes, en el tejado de una prisión.”

La Gracia hace un año que está detrás de una segunda operación de muñeca para un interno al que le sobresalen los tornillos de la piel. Su deseo para el 2020 es que todos los presos vivan dignamente y pide más apoyo de abogados y médicos, y más comunicación con aquellas familias que tienen más recursos y atención. Ojalá se haga realidad y también, como pedía el Andrés, que en 2020 sea el año que las cárceles dejen de estar en los márgenes de la vida política.

P.D: Hoy 31 de diciembre, 23ª Marcha de Wad-Ras y luego, concentración en el CIE de Zona Franca. Nunca agradeceremos bastante esta conciencia militante y constante.

Montse Santolino

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2019

Aquí va la traducción del catalán al castellano del artículo aparecido esta mañana en la página de La Directa Anunciando Las concentraciones que se han realizado a lo largo del día de hoy frente a los colegios de médicos de diez ciudades diferentes por la excarcelación de lxs Presxs gravemente enfermos.

GRUPOS DE APOYO CONVOCAN CONCENTRACIONES EN DIEZ CIUDADES DEL ESTADO ESPAÑOL PARA PEDIR LA EXCARCELACIÓN DE LAS PERSONAS PRESAS CON ENFERMEDADES GRAVES

La acción, que ha sido coordinada por diferentes colectivos, se celebrará a las puertas del Colegio de Médicos de ciudades como Valencia, Lleida o Manresa. Estas concentraciones pretenden visibilizar algunas de las reivindicaciones de las presas en lucha activa, que continúan la huelga de hambre rotativa iniciada el pasado mes de septiembre en diferentes centros penitenciarios.

Cuando se cumplen casi tres meses desde que comenzó la propuesta de huelga de hambre rotativa a diferentes cárceles del Estado español -con el objetivo de visibilizar la tabla reivindicativa de 14 puntos- por parte de un grupo de presas en lucha activa desde el verano de 2016, varios grupos de apoyo han decidido coordinarse para realizar una acción que dé visibilidad a algunas de estas reivindicaciones en la calle. En este caso, se trata de reivindicar los derechos sanitarios de las personas privadas de libertad y hacer visible el incumplimiento de la legislación que regula la excarcelación de las personas presas con enfermedades graves, contemplado tanto en la Constitución española como las leyes penitenciarias. Según recoge el artículo 208.1 del Reglamento Penitenciario “les garantizará, a todos los internos sin excepción, una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población”, un derecho que, según las personas privadas de libertad, sus familiares , abogados penalistas, entidades defensoras de derechos humanos y grupos de apoyo a presas, se está vulnerando continuamente.

Desde 1986, la administración penitenciaria es la encargada de la atención primaria dentro de las cárceles -con un equipo médico fijo y unoa periódico-, y el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encarga de la atención especializada de los internos, según los convenios fijados con cada comunidad autónoma. Uno de los problemas del modelo es que la atención primaria queda en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), que depende del Ministerio del Interior español y, por tanto, los servicios sanitarios se ven limitados a criterios que dependen de convenios presupuestarios, de la seguridad del centro o del orden regimental, en lugar de basarse en criterios médicos. Esto se traduce en el hecho de que muchas veces un médico debe obedecer un superior jerárquico -que no es sanitario-, o que una plaza no se cubra de inmediato, lo que hace que una prisión se pueda quedar sin médico durante semanas. Por ahora, el 37% de las plazas de médico penitenciario están sin cubrir.

En 2003, en un clima de movilizaciones sociales para lograr un sistema de salud universal igualitario para todos, el Congreso español aprobaba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas en un plazo de dieciocho meses. Pasados ​​dieciséis años de la aprobación de la ley, y después de varias mociones presentadas por diferentes fuerzas políticas para su aplicación efectiva, hoy en día sólo Cataluña y el País Vasco han transferido las competencias a su sistema de salud autonómico.

Según afirman en una carta dirigida al Colegio de Médicos por parte del grupo de apoyo a personas presas Tokata, “el abandono por parte de las diferentes administraciones, la descoordinación entre ellas, los recortes presupuestarios y la resistencia por parte del administración penitenciaria a hacerse cargo de los gastos que le corresponden, ha derivado en que la atención médica y las prestaciones farmacéuticas y complementarias que reciben las personas presas sean mucho peores que las del resto de la población, llegando a ser, en muchos casos, una auténtica catástrofe para ellas “.

Otra vulneración de derechos es la que padecen las personas presas con enfermedades terminales que, a pesar de estar diagnosticadas con un estado avanzado e incurable, continúan cerradas dentro de los centros penitenciarios sin “el derecho a la libertad condicional”, como obligan el artículo 91 del Código Penal y el 196 del Reglamento penitenciario (RP) para este tipo de situaciones o, en su defecto, pasar al tercer grado de régimen penitenciario, como marca el artículo 104.4 del RP “por razones humanitarias y dignidad personal” .

En 2018 murieron 210 personas en las cárceles del Estado -con un promedio de cuatro muertes por semana-, la mayoría de ellas a causa de enfermedades graves. Unas personas que según el colectivo Tokata “deberían haber sido excarceladas por ser cuidadas y tratadas adecuadamente fuera de las cárceles, lo que podría haber prolongado su vida o al menos dignificado su despedida”. La segunda causa de muerte en las prisiones es la sobredosis por consumo de drogas legales -barbitúricos, neurolépticos, ansiolíticos o metadona- proporcionadas por la sanidad penitenciaria sin un diagnóstico o un control terapéutico adecuado. Y la tercera causa de muerte es el suicidio, muchas veces por parte de personas que sufren algún tipo de trastorno mental -que según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria representarían alrededor del 8% de la población reclusa- y llegan a las cárceles sin lugar de notificación para los equipos médicos. Este hecho provoca que muchas veces estas personas sean encerradas en primer grado o estén sometidas a castigos penitenciarios, como la anulación de visitas o sujeciones mecánicas, sin tener en cuenta su diagnóstico o estado mental. Según una sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el pasado mes de agosto de 2018, las personas absueltas por problemas de salud mental deben cumplir la medida de seguridad en un centro psiquiátrico y no en centros penitenciarios ordinarios, ya que estas “tienen un fin sancionador y no terapéutico “.

Para denunciar estas vulneraciones de derechos fundamentales hoy jueves a partir de las 12 del mediodía se realizarán concentraciones ante los Colegios de Médicos en diez ciudades diferentes del Estado, entre las que figuran Tarragona, Lleida, Barcelona, ​​Manresa y Valencia. Según expresan los grupos de apoyo a personas presas en la carta dirigida a los Colegios de Médicos, “ya que las instituciones encargadas legalmente de garantizar los derechos de las personas presas no parecen capacitadas para hacerlo, o sus titulares no están suficientemente interesados, pensamos que debemos exigir a vosotros [en referencia a los médicos] que os haga cargo de las responsabilidades que le corresponden como ciudadanos y como facultativos “.

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Noticias Sobre La Huelga De Hambre Rotativa De 2019

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 21-XI-2019]

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2019

Con apoyo de un abogado enviado por la asociación Familias frente a la crueldad carcelaria, cuatro  presos han denunciado torturas y tratos vejatorios sufridos a manos de los boqueras en la cárcel de Albocàsser entre el 30 de agosto y el 16 de septiembre pasados. El compañero Vicent Almela se hace eco en la página de La Directa dando voz a las personas presas en oposición al relato falaz de los “hechos” difundido por medios serviles con lo que les dictan los sindicatos de carceleros defensores de la tortura  como única fuente y presentando, como suelen, a los agresores como víctimas. A continuación, el artículo de La Directa traducido al castellano.

PRESOS DENUNCIAN TORTURAS EN LA PRISIÓN DE ALBOCÀSSER: “VAS A SALIR DE AQUÍ MEANDO SANGRE”

El testimonio de cuatro reclusos coincide en que, después de un conflicto entre un interno y el jefe del módulo 3 del centro penitenciario el pasado mes de agosto, varios presos sufrieron represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen, vulnerando así diferentes artículos de la Convención contra la Tortura de la ONU. La asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria ha decidido denunciar estos hechos ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón, que ha abierto una investigación sobre el caso.

El pasado sábado 31 de agosto, varios medios de comunicación publicaban en sus cabeceras una noticia sobre los hechos ocurridos el día anterior en el centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), noticias en las que se relataba que un interno había agredido a un funcionario del centro con un palo de escoba y había intentado apuñalarlo con los restos punzantes de este objeto, al tiempo que hacía un llamamiento al resto de internos para rebelarse contra los trabajadores del centro. La única fuente consultada para la redacción de estas noticias era la nota de prensa publicada el mismo día de los hechos por parte del sindicato de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), donde afirmaban que se había generado “una situación de máxima gravedad que podría haber derivado en un motín”.

Según informaba esta misma nota de prensa, así como las diferentes noticias publicadas en los medios, fue necesaria la presencia de una veintena de funcionarios para controlar la situación dentro del módulo y el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración, extremo que pocos días después fue desmentido por fuentes penitenciarias: “el trabajador no requirió hospitalización y se encontraba en buen estado”. El informe de ACAIP apuntaba que esta agresión derivaba del hecho de que los internos del centro reciben la medicación de tres días de una sola vez, debido a la falta de personal sanitario, por el que “se colocan” y eso les provoca “una gran excitación y agresividad que se traduce en situaciones violentas contra los funcionarios”.

Quince días después de la publicación de estos hechos en prensa, la madre de uno de los presos que presenció el conflicto entre el funcionario y el interno se puso en contacto con la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria para hacerle llegar una versión muy diferente, que relataba las represalias que su hijo estaba sufriendo a raíz de esta situación y alertaba de las flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales a las que estaba siendo sometido por el solo hecho de haber presenciado el conflicto. Tras recibir esta información, la asociación de familias decidió contratar los servicios de un abogado para que fuera a visitar a los presos que habían participado o presenciado los hechos y aclarar la situación.

Una vez lograron hablar con algunos de ellos –un hecho difícil, ya que muchos fueron dispersados ​​a diferentes centros penitenciarios del Estado– rápidamente se pudo comprobar que la versión de los presos era muy diferente, a pesar de estar en diferentes centros y por tanto no poder pactar un relato común. Los cuatro presos entrevistados describen la situación de una forma bien distinta y aseguran que después de participar o presenciar esta situación sufrieron fuertes represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen penitenciario. Actos que, en caso de ser probados, vulnerarían los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y muchos de los artículos contemplados en el documento referente al Convenio de Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes de la ONU, aparte de constituir delitos graves tipificados en el Código Penal.

Aislamiento y dispersión para ocultar las denuncias

En estas denuncias, que han sido presentadas ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón y en las que ha tenido acceso la Directa, los cuatro presos coinciden en relatar que tras un rifirrafe entre un interno y el jefe de los funcionarios del módulo 3 del centro, una docena de funcionarios llegaron al patio y golpearon al interno “con puñetazos, patadas y en uso de las defensas reglamentarias hasta dejarlo inconsciente”, para luego llevarlo a una celda de aislamiento. La versión de este mismo preso –que participó en el conflicto– asegura que esa misma noche siete u ocho funcionarios entraron en su celda y continuaron golpeándolo, “amenazando con matarlo mientras le propinaban golpes de puño y de porra “.

El interno relata como horas después de la agresión alguien se acercó a la celda para preguntarle por las lesiones a través de la trampilla y, a pesar de detallarle las fuertes contusiones que tenía por todo el cuerpo, no se le hizo ni ningún reconocimiento médico ni se le entregó ningún informe de lesiones. El preso continúa detallando como dos funcionarios volvieron a golpearle repetidamente al día siguiente: mientras el jefe de módulo observaba como le agredían, le introdujeron los dedos en los agujeros de la nariz estirando fuertemente hacia arriba y le dijeron “que iba a salir de aquella habitación meando sangre “. Desde ese mismo momento hasta el día 16 de septiembre, este preso estuvo encerrado en una celda de aislamiento que –según relata en la denuncia– no mantenía las condiciones de salubridad mínimas, “con el agua cortada del inodoro, el lavabo y el inodoro”. El día 16 este preso fue trasladado a la cárcel de Picassent, donde se encuentra actualmente.

En las diligencias se explica que este no sería el único preso afectado por esta situación. Otro interno que presenció la situación y que le habría quitado el palo de escoba a su amigo “para evitar males mayores”, antes de acompañarle al patio para que se calmara, también denuncia fuertes represalias. Su testimonio describe cómo al día siguiente de estos hechos siete u ocho funcionarios le trasladaron a una celda de aislamiento –aplicándole el artículo 75 del Reglamento penitenciario– y una vez allí comenzaron a golpearlo y a amenazarle repetidamente. Explica que lo cogieron de la tráquea mientras le tapaban la boca y la nariz para que no pudiera respirar, le propinaron numerosos golpes y patadas por todo el cuerpo y amenazaron con matarle.

Tras insistir repetidamente en recibir atención médica, el día 2 lo llevaron a enfermería, donde le hicieron radiografías de la pierna, pero afirma que hasta ahora no ha recibido ningún informe médico. Según su versión, el día 6 de septiembre dos funcionarios volvieron a su celda para golpearle de nuevo debido a su insistencia en comunicarse con el jefe de servicio y explicarle la situación. Tampoco se ha tramitado ninguna de las instancias que interpuso. El miércoles 11 de septiembre se le retiró toda la medicación psiquiátrica que tenía prescrita y sufrió un ataque epiléptico dentro de la celda. Finalmente, fue trasladado al centro penitenciario de Murcia II, donde actualmente continúa privado de libertad.

Los otros dos testigos que figuran en la denuncia también corresponden a internos que presenciaron la pelea y que habrían sufrido represalias en forma de cambio de régimen, amenazas, vejaciones y agresiones físicas por parte de algunos funcionarios del centro los días siguientes a los hechos. Todos ellos relatan que aunque visitaron la enfermería en algún momento, por ahora nadie ha recibido ningún tipo de informe médico sobre las lesiones que acumulaban. A los pocos días de los hechos, todos fueron trasladados a otros centros penitenciarios de todo el Estado, lo que imposibilita la comunicación entre ellos y la denuncia colectiva de estos hechos.

Por todo ello, en las denuncia interpuestas por parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria –que se presentará como acusación popular– contra el centro penitenciario de Albocàsser, se pide que se investiguen estos hechos, que constituirían delitos de torturas y contra la integridad física y moral de, al menos, cuatro presos. Por ello se solicitan las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del patio y los pasillos de acceso a los módulos de aislamiento, así como la identificación de todos los funcionarios que trabajaron entonces en el módulo 3 del centro y los informes médicos de cada uno de los presos que pasaron por la enfermería los días después a los hechos.

Lisandro Giordani, abogado de los presos denunciantes, explica que “si se prueban estos testimonios, estamos ante un delito de torturas por parte de los funcionarios del centro, que el artículo 174.2 del Código Penal penaliza con hasta 6 años de prisión, además de otros delitos por lesiones y amenazas”. Según Giordiani, esta no es la primera vez que se denuncian torturas por parte de los funcionarios de la prisión de Albocàsser y recuerda como en noviembre del año pasado, algunos presos ya denunciaron agresiones por parte de los trabajadores del centro a pesar de que finalmente el caso quedó archivado. “Para los presos resulta muy difícil denunciar cualquier situación, ya que es muy complicado presentar pruebas de los hechos porque en las cárceles hay muy pocas cámaras y al cabo de un mes se borran todas las imágenes”, asegura el abogado, pese a la existencia de un informe del Defensor del Pueblo que solicita que se preserven las grabaciones para poder certificar las denuncias.

Giordani también considera un factor importante el hecho de que muchos presos tienen miedo de denunciar por las posibles represalias, por lo que está siendo complicado añadir más denunciantes a la causa. “Después de presenciar esta situación, muchos presos fueron trasladados a otros centros penitenciarios para dificultar la comunicación entre ellos y que les resultara difícil denunciar, pero nosotros estamos yendo a verlos a todos y de momento ya hemos presentado cuatro denuncias que se unirán en una única causa”, remacha. El abogado también considera que a diferencia de otras situaciones similares, en las que el caso se archiva rápidamente, esta vez una juez ya ha fijado unas fechas para que los denunciantes acudan al juzgado a declarar y ha solicitado las imágenes de las cámaras y la identificación de los funcionarios que prestaron servicio ese día: “todo parece indicar que esta vez la causa tirará adelante”, concluye.

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Presxs en lucha

El compañero Vicent Almela continúa apoyando a lxs presxs en lucha desde La Directa. Ahí teneís una traducción al castellano de su último artículo, publicado en https://directa.cat/ el miércoles, 2 de octubre, donde se hace eco de la situación ene ses momento de la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas.

Después del primer mes de huelga ya son una quincena las personas presas las que han decidido sumarse a la propuesta de lucha activa desde diferentes cárceles del Estado español y Cataluña. De momento la iniciativa, que pretende visibilizar la tabla reivindicativa y especialmente la excarcelación de personas con enfermedades graves, se extenderá hasta el mes de febrero.

Hace ya un mes desde que Toni Chavero, privado de libertad en el módulo de aislamiento en el centro penitenciario de Estremera (Madrid VII), comenzaba la acción de huelga de hambre rotativa de diez días para visibilizar las catorce reivindicaciones de la propuesta de lucha colectiva dentro de las cárceles. Esta vez la propuesta pretende, especialmente, reclamar la excarcelación de las personas presas con enfermedades crónicas e incurables, uno de los catorce puntos de la tabla reivindicativa.

La última persona que ha participado en la acción de protesta ha sido Francisco Aroca Lisón (Alias ​​Piyayo), desde el centro penitenciario granadino de Albolote. En una misiva escrita un día antes de comenzar el ayuno, Aroca se dirigía a sus compañeros de lucha y los grupos de apoyo de la calle: “hay inundarles los despachos de denuncias. Si en la calle están dejando morir a las personas dependientes con enfermedades graves –porque no llegan las ayudas a las comunidades y 80 personas al día mueren en el Estado español–, ya se puede hacer una idea de cómo ignoran lo que sucede en las cárceles . Imagínese las atrocidades que se están produciendo cada día aquí dentro en el ámbito sanitario, y con las personas con enfermedades graves, sobre todo, es puro genocidio, con toda impunidad. Y todo, en definitiva, por motivos económicos “. Ayer, martes 1 de octubre, comenzó su turno de huelga Pedro Doblado Pozo, desde la prisión de Campos del Río (Murcia).

Durante las últimas semanas, cinco presos han decidido sumarse a la propuesta, por el que ya son quince las personas adheridas a la huelga de hambre rotatoria que se extenderá, de momento, hasta el mes de febrero de 2020. Dos de estos internos, Jaime Arias y Sebastian Quiñones, se encuentran privados de libertad en el centro penitenciario de Lledoners. Quiñones, compañero de Gina Katherine –que murió en la celda de aislamiento de Brians I por motivos aún desconocidos–, afirma en su carta de adhesión a la propuesta que ese hecho cambió su vida: “Le ponen miles de cadenas en mi vida, para mí esta noticia fue un disparo certero al corazón. Me quedé impotente ante la situación. Ahora sigo con la lucha, porque esto no le pueda pasar a otra persona interna en una prisión “.

En lo que va de año, ya son 121 las personas que han muerto en los centros penitenciarios de España –a las que hay que sumar las cinco muertes en prisión de Zaballa y catorce más en las cárceles catalanas–, la mayoría de ellas por enfermedad terminal, suicidio y sobredosis.

La solidaridad se extiende a las calles

El pasado sábado 21 de septiembre un grupo de unas cuarenta personas se acercó a la prisión de Albocàsser (Castellón II) para dar apoyo a las personas internas en este centro e informarles, desde fuera y con un megáfono, sobre la propuesta de lucha activa que estaban llevando a cabo otras personas privadas de libertad. En este acto intervinieron familiares y personas que participan en grupos de apoyo a personas presas, que fueron identificadas por la Guardia Civil nada más bajar de sus vehículos.

Aparte de la concentración de Albocàsser, también se están llevando a cabo diferentes actividades de solidaridad en diferentes ciudades del Estado para informar sobre la propuesta. Muestra de ello es que este sábado se celebrarán unas jornadas anticarceraries en la Biblioteca Anarquista Maria Rius de Lleida donde, entre otras actividades, se actualizará la situación de las presas en huelga de hambre. Y el jueves 10 de octubre, en el taller de títeres Pepe Otal del barrio del Raval de Barcelona, ​​tendrá lugar una “Velada anticarceraria” que incluirá el espectáculo de títeres Ni Pio –de la compañía Títeres desde Abajo–, una sesión informativa sobre la huelga de hambre y un espacio de carteo a personas privadas de libertad.

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Noticias Sobre La Huelga De Hambre Rotativa De 2019

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 27-IX-2019]

Huelga de Hambre Rotativa 2019 Presxs en lucha

Consideramos a Iñaki Rivera Beiras nuestro compañero. Los contadores de años han perdido la cuenta de los que lleva él ayudando a organizar la autodefensa de las personas presas y sus familiares frente a la tortura y otros aspectos de la violencia institucional, prácticamente impune, casi legalizada en realidad, en las cárceles y comisarias del Estado español, e incluso en las calles de las ciudades que domina. Iñaki ha trabajado incansable proporcionando herramientas teóricas y prácticas y argumentos sólidos para ese esfuerzo, denunciando públicamente todo aquello que lo motiva, formando a mucha gente para participar en él. ¡Qué asquerosos resultan los defensores de la tortura y de la impunidad de los torturadores cuando intentan volver contra él el castigo! ¡Cómo se ponen en evidencia! ¡Cómo si no supiera por amarga experiencia toda la gente de abajo que en las cárceles catalanas y españolas se tortura! Ahora parece que los sindicatos corporativistas de carceleros, que buscan ser aplaudidos y cada vez mejor pagados como profesionales de la violencia y, por supuesto, de la tortura –ellos la encubren con eufemismos como “protocolos de esto o aquello” o “uso de medios coercitivos”– reculan ante el desafío, que se han atrevido a forzar con su cinismo, de discutir públicamente y ante un tribunal si torturan o no. ¿Estará tan envilecida la sociedad catalana y española como para castigar a un valiente e irreprochable defensor de la dignidad humana como Iñaki para que queden en buen lugar, contra toda evidencia, esos impresentables carceleros? ¿Ha llegado, entonces, el momento de abrir un verdadero debate público sobre la tortura y su uso continuo y rutinario por los agentes del Estado español? Igual va y la incluyen en su “Constitución”. O igual se debilitan un poco la hipocresía, el descaro y la impunidad con que desde hace tantos años se ha estado practicando y consintiendo. Tal vez, ahora lo veamos. A continuación, la traducción al castellano de un artículo publicado ayer en la página web de La Directa sobre esta repugnante denuncia, sus antecedentes y sus primeras vicisitudes.

LA DIRECTA: CCOO DENUNCIA A IÑAKI RIVERA POR DECIR EN TV3 QUE LOS MALOS TRATOS EN LAS PRISIONES CATALANAS “NO SON CASOS AISLADOS”

El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona y del Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional (SIRECOVI) ha declarado este miércoles ante el juez que lo investiga por un presunto delito de calumnias con publicidad, a raíz de su intervención en una entrevista televisiva en TV3 en el que denunció la existencia de malos tratos en los módulos de aislamiento de las cárceles catalanas por parte de los funcionarios. El profesor universitario se ha ratificado en sus palabras ante el juez. La Agrupación de Personal Penitenciario del sindicato CCOO, autora inicial de la denuncia contra Rivera, no ha enviado ningún representante legal al juzgado, ya que ha decidido no personarse como acusación en la causa.

El pasado mes de noviembre, Iñaki Rivera y Elizabeth Hernández visitaban el plató del programa “Todo se Mueve” de TV3 para hablar sobre las muertes de personas privadas de libertad en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT), donde las presas pasan 21 horas aisladas en sus celdas de los centros penitenciarios catalanes. Esta entrevista se producía poco después de que el SIRECOVI publicara su informe sobre la Violencia Institucional en Cataluña, que ponía especialmente el foco en el centro penitenciario de Brians I, donde en los últimos cuatro años un mínimo de tres internas se habían suicidado o habían muerto en extrañas circunstancias mientras estaban recluidas en este régimen. Una de las víctimas fue Gina Katherine Gómez –de veinte años y hermana de Elizabeth–, que en agosto de 2018 fue encontrada muerta en su celda de aislamiento. La interna estaba medicada, tenía antecedentes psiquiátricos y había amenazado con suicidarse en varias ocasiones. Aun así, llegó a pasar 75 días seguidos en régimen cerrado, aunque la normativa internacional y el Relator de Naciones Unidas recomiendan que la situación de aislamiento nunca supere los 15 días para no afectar a la salud mental de las internas. De hecho, según datos del Consejo de Europa, las muertes por suicidio en este régimen son doce veces superiores a las que se producen en régimen ordinario. Hoy día, la familia de Gina continúa luchando para esclarecer las causas de su muerte, aunque no han conseguido una segunda autopsia y la juez ha decidido archivar el caso.

En su intervención en el programa, Rivera señalaba que las muertes en extrañas circunstancias, las torturas, los malos tratos y las vejaciones en los DERT de las cárceles catalanas –y también a los regímenes de aislamiento de las prisiones del Estado español– “no son casos aislados “, como denuncian desde hace años el SIRECOVI y el OSPDH gracias a sus visitas semanales a los centros penitenciarios catalanes y el contacto con personas presas y sus familias. De hecho, según anunciaba el mismo Rivera en el programa televisivo, estas denuncias constantes incluso habían provocado una visita extraordinaria del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para analizar lo que pasaba en los DERT de las cárceles catalanas. Según los datos publicados esta misma semana en el informe anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, en 2018 se abrieron 59 procedimientos administrativos y judiciales por malos tratos en las prisiones catalanas –15 de ellos en Brians I–, la mayoría por denuncias de agresiones y vejaciones por parte de los funcionarios.

Estas afirmaciones de Rivera en el programa no parecen haber gustado a la Agrupación de Personal Penitenciario del Sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que presentó inmediatamente una denuncia contra él por calumnias con agravante de publicidad, por la cual le piden dos años de cárcel. Según han hecho público desde el sindicato en la red social Twitter, “lamentamos no haber llegado a un acuerdo con Iñaki Rivera, para que, matizando sus declaraciones, clarificara que su denuncia no buscaba generalizar la acusación a todos los funcionarios. Esto nos hubiera permitido tratar la denuncia de otra manera”. A la denuncia de CCOO también se ha sumado la sectorial de prisiones de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que en un comunicado publicado el pasado 12 de septiembre afirman “no toleraremos que ningún iluminado venga a sembrar sobre nosotros la duda de la mala praxis o el maltrato hacia quien está bajo nuestra custodia “.

Aunque Rivera fue la persona que hizo publicas estas afirmaciones en el programa, las denuncias están recogidas y documentadas en informes de diversos organismos nacionales e internacionales. De hecho, organismos referentes en la materia como la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede en Ginebra, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos, con sede en París, han divulgado un comunicado de apoyo a Rivera –reconocido defensor de los derechos humanos– en el que interpelan el gobierno catalán y estatal para que impidan este acto de represalia. Asimismo, varias entidades de derechos humanos de todo el Estado están prestando un apoyo unánime a la labor que desarrolla el OSPDH y el SIRECOVI.

Desde estas dos entidades han hecho público un comunicado ante esta situación en el que expresan que “esta denuncia, no puede más que interpretarse como un intento de disuadir a Iñaki Rivera, al equipo del OSPDH y SIRECOVI y demás entidades de derechos Humanos que trabajan en las prisiones, de su acción de denuncia de la violencia institucional y de la vulneración de derechos y constituye un ataque injustificable al derecho a la libertad de expresión “.

15 años de persecución por denunciar malos tratos en las cárceles

No es la primera vez que Rivera se enfrenta a denuncias y vejaciones por parte de un sector del funcionariado de prisiones. De hecho, esta persecución mediática se remonta a unos hechos ocurridos en 2004, a raíz del motín que se produjo en el centro penitenciario de Quatre Camins –ubicado en la Roca del Vallès– y las represalias físicas y psicológicas del funcionariado hacia los presos que participaron. Las conversaciones que las investigadoras del Observatorio mantuvieron con los presos las semanas posteriores al motín se hicieron públicas en los medios de comunicación, y sirvieron para elaborar un dossier que ayudó a denunciar los malos tratos y las torturas en varios procesos judiciales y ante los organismos internacionales. La sentencia –ratificada por el Tribunal Supremo– condenaba a seis funcionarios a penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión por maltrato. “Fue la primera vez que se conseguía que una sentencia condenase a los funcionarios por malos tratos, y uno de ellos era el subdirector médico del centro”, explica Rivera, “esto no les gustó nada, a partir de ahí un grupo de funcionarios comenzó una campaña de descalificaciones y amenazas contra mi persona a través de internet, que aún continúa hoy en día “.

 La Dirección General de Servicios Penitenciarios tampoco facilitaron la tarea del OSPDH, que a raíz de esta sentencia y durante la dirección de Pere Soler les prohibieron la entrada a las cárceles catalanas, en una restricción que se prolongó hasta el cambio de dirección en 2016. “Cuando pudimos volver a entrar, decidimos crear SIRECOVI como una herramienta para poder atender todos los casos de torturas, malos tratos, vejaciones y suicidios que recibíamos por parte de las personas presas y las familias, sobre todo de Brians I “, recuerda Rivera. A raíz de estas denuncias se logró llevar a juicio al entonces director del centro, Juan Carlos Navarro, para responder sobre el suicidio de la interna Raquel E.F. mientras se encontraba en régimen de aislamiento en abril de 2015. Además de este sistema de registro de violencias dentro de los centros penitenciarios, desde el OSPDH también se presionó para que se abriera un grupo de trabajo sobre los DERT al Parlamento de Cataluña, y se han impulsado diferentes campañas de visibilización y denuncia sobre las muertes en extrañas circunstancias y los suicidios que se producen en este régimen cerrado.

La denuncia constante de las vulneraciones de derechos fundamentales dentro de los centros penitenciarios ha provocado la irritación de un sector del funcionariado de prisiones, que ha decidido denunciar a Rivera por la vía penal y ha conseguido que se siente a declarar ante el juez. “La verdad que en lo personal me siento un poco cansado y estoy bastante afectado por este tema, que ya se alarga desde hace mucho tiempo. Pero por otro lado situaciones como ésta son las que me hacen estar todavía más determinado a continuar denunciando estas vulneraciones en un lugar tan invisible para la sociedad como son las cárceles, y muy contento de ver toda la red de solidaridad y apoyo que tengo en mi alrededor “, concluye.

CCOO no se persona en la causa

Riverase  ha personado esta mañana del miércoles, 18 de septiembre, en la Ciudad de la Justicia, acompañado de una cincuentena de personas que le han apoyado, donde había sido citado por el Juzgado de Instrucción número 3, que ha asumido el caso. Al salir, explicó que se ha ratificado ante el juzgado en todo lo que dijo en TV3 y ha apuntado que la denuncia responde a un intento de “intimidar” la tarea que hacen el Sirecovi y el OSPDH. Con todo, ha precisado que “no he tenido ningún ánimo de menospreciar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y me consta que muchas veces trabajan en condiciones de extrema dificultad y peligrosidad”. El sindicato CCOO no ha enviado ningún representante legal a la declaración ya que, según fuentes judiciales, finalmente no está personado en la causa como acusación, a pesar de haber sido quien presentó la denuncia contra el profesor universitario. Este hecho insólito no implica, sin embargo, que la causa se deba archivar de forma automática, aunque desde el equipo de letrados que asiste el director del Obervatorio –formado por las abogadas Laia Serra y Àlex Solà– apunta que tienen previsto pedir el archivo de la causa en los próximos días, atendiendo a la circunstancia de que la parte acusatoria no se ha personado.

Actividad en la calle Cárcel=Tortura Sociedad-cárcel

¿No puede encontrar lo que busca? Trate de refinar su búsqueda: