104 resultados de la búsqueda de «Incomunicación y tortura»

Presentación del informe «Incomunicación y tortura: Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul» que, elaborado por médicos, psicólogos y psiquiatras, analiza 45 casos de tortura desde 1982 hasta la actualidad centrados en Euskadi y, partiendo de la aplicación del Protocolo de Estambul –una metología avalada por la ONU que mide, precisamente, la consistencia de los testimonios de torturas–, da veracidad a todos los relatos estudiados y establece la credibilidad de las víctimas escuchadas como una de sus conclusiones:

Incomunicación y tortura: [Resumen del informe]; [Texto completo].

Y, a continuación, «VOCES: Detención y Tortura en el País Vasco», documental que recoge testimonios, incluidos en el citado informe, de personas vascas que han manifestado haber sufrido torturas, entre los años 1982 y 2010, a manos de las diferentes fuerzas de seguridad del estado español, mientras estaban sometidas al período de incomunicación previsto por la “legislación antiterrorista”:

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En esta edición damos la noticia del fin de la huelga de hambre de Emilio Sánchez del Peso en la que denunciaba la práctica común de los abusos, maltratos y torturas en las prisiones del estado español, huelga que ha durado más de 55 días. Comentamos las noticias internacionales en las que queda reflejadas la misma praxis con las huelgas de hambre de cuatro presos anarquistas en México y de otro en Grecia para hacerle frente con coraje y dignidad. Varias intervenciones durante la rueda de prensa del informe «Incomunicación y Tortura» y las recientes condenas de Estrasburgo por hacer caso omiso de las denuncias de personas toruradas dejan más que claro que el estado español no está por la labor de terminar con estos métodos sino que más bien trata de ocultarlos y de hacer un lavado de cara institucional.

Cárcel=Tortura Radio: Tokata Y Fuga

El lunes pasado, 10 de febrero, publicaban en la página de La Directa el artículo cuya versión en castellano insertamos a continuación, firmado por Vicent Almela. En él se habla de un informe publicado ahora, pero elaborado por observadores del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en septiembre de 2018, un par de meses antes de que ciertos sindicatos carceleros denunciaran a Iñaki Rivera Beiras por decir en TV3 algo que queda confirmado de sobra por el contenido de este informe, que en las cárceles catalanas se tortura, y también en las comisarías, dicho sea de paso. En este momento, al parecer, son todos los sindicatos de carceleros que operan en Cataluña y unos 200 esbirros carcelarios a título personal los que sustentan una querella «por calumnias» –¡Espantoso y grotesco cinismo de los verdugos haciéndose pasar por víctimas!– contra el compañero Iñaki Rivera Beiras, a quien saludamos como digno e inveterado defensor de las personas oprimidas por el poder punitivo del Estado. Los boqueras corporativistas continúan con sus tácticas fascistoides, potenciadas por el apoyo incondicional de los falsimedios o mecanismos de manipulación e incomunicación de masas, repitiendo sus mentiras y tergiversaciones hasta el aburrimiento para convertirlas en verdad, dándole la vuelta a la evidencia de sus prácticas inhumanas y osando presentarse –hace ya mucho tiempo que vienen haciéndolo– como abnegados servidores públicos, objeto pasivo de las agresiones de los reclusos –a quienes pueden criminalizar fácilmente con sus típicas contradenuncias y expedientes manipulados– y de las calumnias provenientes, según ellos, de unos pervertidos agentes del mal que se presentan como defensores de los derechos humanos y a quienes también quisieran criminalizar, aunque eso resulte un poco más difícil. Estos carcelros fascistas actúan con ese descaro porque tienen motivos para esperar que la sociedad les acepte oficialmente como lo que realmente son: torturadores impunes, profesionales de la violencia, de la intimidación, de la degradación, de la humillación, disfrazados de ideología regeneracionista y de repugnantes eufemismos. Aspiran a que se les aplauda por ello e incluso a que se les suba el sueldo. Es necesario hacer frente a este fascismo social e institucional que impregna desde siempre los procedimientos de dominación y explotación en la dictadura «democrática» del Capital.

Observadores del Consejo de Europa ratifican la existencia de una sala donde se producen malos tratos físicos en la cárcel Brians I

Un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa recoge el testimonio de más de una veintena de personas presas en diferentes centros penitenciarios de Cataluña que denuncian malos tratos físicos, tratos degradantes y vejaciones por parte de los funcionarios, sobre todo en el centro penitenciario de Brians I, pero también durante su detención por parte de los Mossos

En noviembre de 2018, Iñaki Rivera, profesor de derecho penal y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona, ​​denunciaba públicamente al programa Todo se Mueve de TV3 que en las cárceles catalanas las torturas y las vejaciones hacia las personas presas «no eran casos aislados». Estas declaraciones le costaron a Rivera la apertura de un proceso judicial, que ahora mismo está a la espera de una fecha de juicio, en el que le piden hasta dos años de prisión por calumnias con agravante de publicidad. Los denunciantes de Rivera son los principales sindicatos de funcionarios de prisiones –CCOO, ACAIP y CSIF– y recientemente también se han sumado como acusación un grupo de 200 funcionarios del centro penitenciario Brians I.

Lo que denunciaba Rivera a TV3, basado en su conocimiento y experiencia con entrevistas semanales con personas presas  a través del Sistema de Registro y Comunicación de Violencia Institucional (SIRECOVI), ha sido ahora ratificado por un informe publicado por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo Europa, el máximo organismo europeo en la prevención y respeto de los derechos humanos. Una delegación de observadores europeos –en la que también participaron profesionales de la medicina– visitó los centros penitenciarios catalanes de Ponent, Mas d’Enric, Brians I y Wad-Ras entre el 6 y el 13 de septiembre de 2018 y se entrevistaron –de forma anónima– con más de una veintena de personas presas y algunas trabajadoras de los centros. Estos testigos fueron facilitados por parte de entidades en defensa de los derechos humanos que trabajan en Cataluña, como el mismo OSPDH y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia.

En este documento de 61 páginas, se recogen testimonios de numerosos casos de malos tratos en los que varias internas denuncian haber recibido bofetadas, agresiones y golpes en diversas partes del cuerpo mientras se encontraban privadas de libertad en comisarías o en los centros penitenciarios catalanes, sobre todo durante los traslados a los módulos de castigo donde se encuentra el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), en el que pueden pasar hasta 21 horas solas y aisladas en una celda de 10 m². Según el informe, los casos más flagrantes se detectaron en el centro penitenciario de Brians 1, donde según relatan los observadores –tras cruzar diferentes testimonios de interno– descubrieron la existencia de una sala concreta en el módulo de ingresos donde menudo se producirían maltratos físicos con un patrón específico.

En una traducción literal del informe, se afirma que: «Muchos de los presos con los que nos hemos entrevistado en Brians I alegan que han sido objeto de tratos físicos degradantes en una determinada habitación del módulo de ingresos. Según su testimonio, estos tratos degradantes seguían un patrón específico, que consistía en recibir bofetadas en la cara y puñetazos en diferentes lugares del cuerpo por parte de los funcionarios, que lo hacían utilizando guantes negros. Estas agresiones tenían lugar en la habitación donde los presos eran desnudados y registrados. La delegación del CPT pudo comprobar que esta habitación existía, y que era exactamente igual como lo habían descrito los diferentes presos. En ella había un póster donde se podía leer ‘Zona libre de Font’. Aparte de esto, los funcionarios del centro también habían cubierto todo el módulo de admisión del centro con grafitis ofensivos hacia el director del centro «.

El nombre al que haría referencia el póster de la sala y las pintadas era el de Josep Font, ex director de Brians, que dimitió en diciembre de 2018 –tres meses después de la visita de los observadores internacionales– por las presiones ejercidas por parte del funcionariado del centro, que incluso lo habían llegado a amenazar de muerte por querer instalar cámaras de video-vigilancia y monitorizar las actitudes y los protocolos de actuación de los funcionarios a la hora de relacionarse y tratar con los internos .

En relación con estas circunstancias, el informe del CPT especifica «durante nuestra visita a Brians I, nos dimos cuenta que había una campaña de intimidación dirigida hacia el director del centro por parte de algunos funcionarios. Esta campaña era visible por las pintadas que encontramos en las paredes del módulo de ingresos, que amenazaban de muerte al director del centro, y también otras pintadas que encontramos en los pasillos que conectaban con el resto de módulos. Estos funcionarios llevaban un lazo azul en sus uniformes como símbolo de protesta. Los intentos por parte de la dirección del centro de iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios por sus prácticas habían supuesto el inicio de estas disputas. En este contexto, la delegación del CPT lamenta que el director de Brians I tuviera que dimitir de su cargo en diciembre de 2018 «.

El informe del CPT considera este hecho «muy preocupante» y termina este apartado indicando algunas recomendaciones específicas dirigidas a la nueva dirección del centro y las autoridades catalanas: «El CPT agradecería una opinión al resecto por parte de las autoridades regionales catalanas. Además, también esperamos que la nueva dirección de Brians I continúe implementando este proceso de reforma en el centro penitenciario. Es necesario que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reflexione seriamente sobre cómo apoyar a ls direcciones de los centros que decidan implementar acciones concretas para acabar con comportamientos inaceptables por parte de los funcionarios de prisiones», remacha.

Aparte de estos «patrones específicos» de maltrato por parte de los funcionarios de Brians I, el informe también insta a las autoridades penitenciarias catalanas a poner fin a la práctica de las contenciones mecánicas dentro de los centros penitenciarios, que se sigue produciendo aunque las recomendaciones hechas por el mismo CPT en su última visita a las cárceles catalanas en 2011, y que, según el organismo europeo «sólo se deberían realizar en entornos médicos». En una entrevista a una persona que forma parte del personal médico de Brians I, esta reconoce que las contenciones mecánicas–en las que normalmente se inyectan calmantes sin el consentimiento de la persona presa– se siguen produciendo de forma habitual y que «aunque se encuentra incómoda realizándolas», después de un tiempo «se ha acabado acostumbrado «. Esta persona también explica de forma anónima que dentro del centro penitenciario «priman los criterios securitarios por encima de los médicos», especialmente en los DERT.

Iñaki Rivera explica la Directa que «nosotros hace muchos años que entramos a las cárceles a entrevistarnos con personas presas y hemos denunciado estas situaciones a través del SIRECOVI, pero nos cansamos de que desde Instituciones Penitenciarias no se investigaran a fondo los casos de los que informábamos y por eso decidimo ponernos en contacto con el organismo europeo». Según explica el director del OSPDH, en 2018 se acumularon muchos testimonios de maltrato y se produjeron algunas muertes en circunstancias extrañas, como el caso de Gina Katherine Gómez en Brians I. Esto terminó provocando la visita por sorpresa de la delegación de observadores del CPT del Consejo Europa a las cárceles catalanas y la elaboración de este informe.

«Desde un punto de vista jurídico las recomendaciones de un organismo internacional están para cumplirlas, no sólo desde el departamento de justicia, sino también por los responsables de la salud, los jueces y los fiscales, porque aquí parece que todo el mundo mira hacia otro lado cuando desde Europa nos dicen algo», explica Rivera, que está «un poco cansado» de que, a pesar de que desde las instituciones catalanas siempre se anuncia que se revisarán los protocolos de actuación, como en el caso de las contenciones mecánicas, «en la práctica se siguen produciendo y no se hace caso a las recomendaciones europeas».

«Cuando hablé en TV3 sobre este tema incluso fui demasiado moderado, porque yo ya sabía de la existencia de todos estos casos y testigos, pero tenía que guardar silencio por un tema de confidencialidad hasta que salieras publicado el informe», asegura. «Ahora, después de que el Consejo Europa ha ratificado lo que dije en un documento oficial, espero que se retiren las denuncias o que la juez archive el caso». «De momento mi abogada ya ha presentado este informe ante la juez. Veremos que pasa en los próximos días «, concluye.

Patadas, puñetazos y golpes de porra en las comisarías de los Mossos

Los observadores del CPT también visitaron las comisarías de los Mossos en Lleida, Tarragona y Barcelona (les Corts y Ciudad de la Justicia), donde recogieron los testimonios de algunas personas que habían sido detenidas y encerradas temporalmente en estos espacios de reclusión por parte de la policía catalana. Aunque la delegación afirma que la mayoría de personas entrevistadas aseguraban haber sido tratadas «correctamente», algunos testigos coincidían en manifestar que habían recibido malos tratos físicos como patadas, puñetazos o porrazos durante su detención, a la vez que habían sido maltratados verbalmente por los agentes durante este proceso. De hecho, según pudieron comprobar los observadores, algunas de estas personas presentaban informes de lesiones que concordaban con la descripción de estos hechos durante su paso por comisaría.

Dos testigos, uno de enero y el otro de mayo de 2018, también coinciden en denunciar que fueron golpeados con porras mientras eran sujetados por parte de los agentes de los Mossos contra su voluntad, en el transcurso de su detención en la comisaría de Tarragona. Dentro de las instalaciones policiales, aseguran haber sido sujetados con tiras de velcro en las muñecas y los tobillos y con un casco de moto en la cabeza, metidos a la fuerza entre dos colchones azules de plástico sujetados por otras tiras de velcro y golpeados de forma repetida con las porras, en una técnica que los entrevistados llaman «el bocadillo». Según los testigos, esta agresión se produjo en la zona de duchas de la comisaría, donde a diferencia de las celdas no hay cámaras de video-vigilancia.

La delegación del CPT encontró dos de estos colchones de plástico azules con tiras de velcro en uno de los pasillos de la comisaría de Les Corts y preguntaron a los agentes que se encontraban allí de servicio, pero según explica el informe estos no supieron dar una explicación clara y razonable sobre su uso. Después de recoger estos testimonios y comprobar la existencia de estos colchones dentro de una comisaría, el CPT ha pedido explicaciones a las autoridades catalanas sobre este tema concreto y se encuentra a la espera de recibir una respuesta.

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Varios de los compañeros presos que están participando en la propuesta de lucha colectiva por la dignidad de las personas presas que lleva en marcha aproximadamente un año habían sido concentrados, no sabemos con qué criterio, en la cárcel de la Moraleja, en Palencia, aunque en departamentos diferentes. Allí les mantenían aislados en lo posible, de manera que uno de ellos denunciaba a finales de mayo el largo aislamiento ilegal (según sus propias leyes) al que sometían en ese talego a los presos de primer grado en régimen FIES, separados en dos plantas que salían al patio en diferentes turnos, unos a las 9:00 y otros a las 15:00, en días alternos. Teniendo cuatro horas de patio, un día salían de 15:00 a 19:00 y al siguiente de 9:00 a 13:00,  “es decir, un día tenemos 26 horas de chape ILEGAL y al siguiente 14 horas.» El compañero proponía:  “1) reivindicar que bajen las 2 plantas juntas o 2) reivindicar mis 21 horas  de chape, así que si hay personas dispuestas a que se articule algo, peña que esté en módulo FIES en esta situación, yo hago un comunicado y que se una la peña que esté así y no tenga tanto miedo.” Los presos de primer grado, no incluidos en FIES etaban en otro módulo. Y aún así, aunque los carceleros impedían que los compañeros participantes en la propuesta pudieran convivir y comunicarse entre sí, no pudieron aislarles absolutamente del resto de compañeros presos ni que la semilla de la lucha empezara a extenderse entre ellos. Entonces vino la dispersión, desencadenada cuando la abogada de José Adrián Poblete intentó entrevistarse con otros compañeros y la dirección del centro de exterminio de Dueñas se negó a respetar su derecho a la defensa, impidiéndoles comunicar con ella, y tuvo que empezar un forcejeo legal por obligar a los carceleros a reconocer un derecho tan elemental. La única manera de evitarlo que tuvo la dirección carcelera de Dueñas, agobiada, al parecer por una acumulación de problemas, fue trasladar a todo el mundo. En una noticia del 12 de junio dábamos cuenta aquí de la situación. El 21 de junio, un grupo de apoyo de Madrid relataba su desenlace de la siguiente forma:

LA DISPERSIÓN COMO FORMA DE PACIFICACIÓN (¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN LA MORALEJA?)

Nadie ha vuelto a hablar sobre el cese del director de la cárcel de Dueñas, menos aún sobre las actuaciones del médico designado en aislamiento, salvo lo que conocemos por los que tienen la mala suerte de caer sus manos. Lo que sí sabemos es que desde hace más de 20 días la prisión palentina de la Moraleja está aplicando la política de la dispersión.

Ya se informaba en comunicados anteriores que a raíz del recibo de instancias para poder asistir jurídicamente a los presos de aislamineto, varios fueron conducidos a otras prisiones, concretamente tres: Juan Pedro, Jorge y Sergio, y otros dos trasladados de galería: Manuel y Adrián, el cuál, ante este atropello se pone en huelga de hambre desde el pasado 27 de Mayo. No era suficiente este castigo pues la dirección decide el sábado 17 de Junio su traslado a la prisión madrileña de Valdemoro. En apoyo a la firme decisión de Adrián de mantener la huelga hasta las últimas consecuencias, 2 compañeros más iniciaron desde ayer lunes día 19, una huelga de hambre indefinida. Exigen además el cese del médico por abuso de poder y el del director por exceso de rigor en la aplicación del régimen penitenciario. Denuncian por último la inexistencia de actividades culturales y deportivas en los módulos FIES, exactamente en el 9 y en el 15. Estos compañeros son Emilio José Rodríguez Pérez y Toni Chavero Mejías.

Hoy se confirma que este último ha recibido notificación para ser trasladado a Puerto de Santa María. Las razones que justifican esta medida son las ya expuestas.

Es sorprendente cómo la dirección del centro resuelve los problemas que ella misma crea. Ahora que empiezan a conocerse las causas que generan una tensión insoportable entre los presos, que les obliga a tomar medidas extremas como la quema de colchones, las autolesiones para ser trasladados al hospital, las denuncias de lo que ocurre en este infierno…

Ahora que hasta los medios de comunicación burgueses se escandalizan por las pésimas condiciones laborales de los sicarios de prisiones.

Ahora que algún que otro politicucho progre pregunta en el congreso de los diputados ¿Qué sucede en la Moraleja?

Ahora el director mata dos pájaros de un tiro. Con la dispersión logra quitarse de en medio a los presos más conscientes y combativos, los tildados de «peligrosos» por los carceleros que agradecerán con su silencio cómplice el gesto de su jefe. A la postre de lo que se trata es de tener la tranquilidad necesaria para desempeñar sin estorbos su función represora.

La paz ha vuelto al redil. Francisco Javier Díez Colado se frota las manos.

El compañero Toni Chavero, enviaba, poco antes de ser trasladado, el siguiente comunicado, donde se refiere a todo el asunto desde su perspectiva, totalmente aislado del resto de compañeros como se encontraba:

HASTA DÓNDE ALCANZA LA TORTURA

Salud, compañerxs presxs en lucha en 1º, 2º, 3º y 4º grado, la rue. Sin los grupos fuera no somos más que números. Agradecido.

Cada día vemos aquí en Palencia cómo degeneran las presiones contra lxs presxs. No es suficiente el régimen especial de castigo, van mucho más allá. Por un lado, el médico al que llaman Miguel, que hace uso ilícito de la noble profesión de la medicina, usando las camisas de fuerza químicas como medio de tortura o retirando las medicinas pautadas por profesionales, en mi caso, traumatólogos de los hospitales de Alcorcón y Gregorio Marañón, sin haberme visto en los nueve meses que llevo aquí. Ya en enero denuncié a este “profesional”, poniéndome en huelga de hambre y en huelga de silencio (la de silencio, la mantengo con él desde entonces). Pero va más allá. No tiene escrúpulos y carece de espíritu humanitario. Retiró las pautas fijadas por el tribunal médico a AMCS y a otros que por temor no quieren pronunciarse, y no les culpo, claro. En mayo, en una huelga de hambre por la incomunicación que sufro, no me vio, no me pesó, no hizo nada. Desde el tercer día de huelga de hambre denuncié a diario, hasta el octavo día que lo dejé. Así funciona este señor: impunidad total, siendo el médico de aislamiento, módulo 9 (91.29 RP) y módulo 15 (91.3 RP). Conchabado con el “señor director” Francisco Javier Díez Colado, celebran la apertura de la famosa celda 61 del módulo 15, que parece obra del pato Donald Trump… Comprended que una celda sin agua, sin ducha, sin luz, con las ventanas selladas, con dos cámaras… ¿Dónde está el derecho a la intimidad? ¿Y los derechos humanos?

Exigimos la expulsión-dimisión de estos dos personajes, el director Francisco (de casta le viene al galgo) y el “médico” Miguel, por abuso de poder, exceso de rigor en régimen y torturas físicas y psíquicas. ¿Hasta dónde alcanza la tortura? ¿Violentar a las personas? ¿Controlar las 24 horas sus movimientos? La falta de humanidad queda patente de nuevo. No, no nos equivocamos. Son torturadores natos.

Por una sociedad sin jaulas.

Para saber dónde han sido trasladados algunos de los compañeros

Cárcel=Tortura Presxs en lucha

CPDT-Informe-2014_portada1-724x1024 [Picar en la imagen para ver informe completo]

Por undécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe sobre anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. En este nuevo informe se han mantenido los mismos criterios que en los informes anteriores con el objeto de facilitar una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. En este trabajo presentamos las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU:

«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento».

Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de la ONU el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987

En el informe de este año recogemos 194 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 961 personas.

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Cárcel=Tortura

Nota De Tokata: Al hilo de la noticia de la muerte de un chaval en la celda de aislamiento de la cárcel para menores donde se encontraba preso en Mallorca y el goteo de constantes denuncias sobre la existencia de celdas de aislamientos (Naciones Unidas prohibe está práctica para menores de edad), la excesiva medicación de los chavales que pasan a estar literalmente drogados por elevadas dosis de psicofármacos, los constantes malos tratos por las denominadas contenciones físicas de los guardias de seguridad y/o educadores o por agresiones directas, la incomunicación con el exterior, la extremada desatención y la falta de autonomía y la progresiva institucionalicación de los chavales… nos lleva a hacer una extrapolación del siguiente artículo-denuncia y afirmar que lo que en él se denuncia es lo que en estas cárceles para niños de este estado español viene sucediendo.

Es hora de que llamemos a las cosas por su nombre. Basta de eufemismos con eso de “Institutos”, que no nos de miedo llamarles por su nombre: empresas carcelarias de tortura y muerte. Nos referimos a los mal llamados institutos de menores correspondientes a la ciudad de Córdoba a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que a lo largo de estos años vienen demostrando su falta de intenciones y políticas para contener y ofrecer un escape real de la rueda carcelaria a los menores que se encuentran privados de su libertad.

Cárceles para niños Internacional

La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes existen en el Estado español. A pesar de que este ha firmado todos los Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y de que el Código Penal castiga con dureza los delitos de tortura y contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, estas situaciones no son una excepción.

La distancia entre la legalidad y la realidad es absolutamente abismal. La excepcionalidad es que, ante una denuncia de torturas o malos tratos, los distintos operadores jurídicos apliquen los mecanismos legales estatales e internacionales para que se lleven a cabo investigaciones efectivas. La excepcionalidad es que los responsables políticos y técnicos de los cuerpos policiales y de los funcionarios de prisiones lleven adelante investigaciones efectivas cuando tienen indicios de que se podría haber cometido un abuso. La excepcionalidad es que el funcionario que vulnera la ley, sea sancionado o condenado por ello. La normalidad es la impunidad. Estamos ante una de las muestras más evidentes del Derecho Penal del amigo. En este campo, lo más fácil es mirar hacia otro lado.

Cárcel=Tortura Debate sobre objetivos y medios de lucha

Inconscientemente cuando hablamos de tortura sexual, de vejaciones, de tocamientos, o de violación… pensamos en una mujer; y casi siempre nos vienen a la mente imágenes terribles de abusos y violencia física, pero la realidad nos demuestra que ni se practica sólo con mujeres ni muchas veces utiliza la violencia física para lograr sus objetivos. En un reciente estudio presentado en septiembre en Madrid sobre ‘Incomunicación y tortura‘, se describen los métodos utilizados catalogados dentro de la violencia sexual o ataques a la identidad sexual y de género, que van desde la violación consumada, ha humillaciones o burlas.

Tenemos que ser conscientes y reconocer la dinámica del poder y la cultura patriarcal de control del cuerpo de la mujer para entender el daño que la tortura sexual puede llegar a provocar en una mujer, pero no podemos olvidar que es esa misma cultura patriarcal y esa misma dinámica del poder, con las mismas técnicas de tortura sexual, se utiliza en hombres. Lo cual nos lleva a pensar más en la intencionalidad de la utilización de estas prácticas que en la receptora o el receptor de las mismas.

Cárcel=Tortura Mujeres presas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido una nueva condena al Estado español por no investigar denuncias de torturas. Se trata de los casos de Beatriz Etxebarria, detenida en marzo de 2011 por la Guardia Civil en Bilbo, y de Oihan Ataun, arrestado en noviembre de 2008 por la Policía española en Zizur Nagusia.

La máxima instancia europea en materia de derechos humanos, en sendas sentencias, ordena indemnizar con un total de 29.000 euros a Etxebarria, de los cuales 25.000 son por daños morales y 4.000 en concepto de tasas y derivados por el procedimiento tanto estatal como europeo, y con 24.000 euros al joven navarro, de ellos 20.000 por daños morales y los otros 4.000 por costas.

El TEDH ha estimado la demanda interpuesta por la defensa de Etxebarria y Ataun, que invocó al tercer artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos y acudió a Estrasburgo ante la ausencia de una investigación efectiva por pare de las autoridades españolas de las torturas y malos tratos denunciados durante el periodo de incomunicación. El caso de Etxebarria fue especialmente sonado por su denuncia de violación con un palo.

Los jueces señalan que en ambos casos «las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar» y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico-legal y mantener una vigilancia apropiada «para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos».

Cárcel=Tortura

Asumir lo sucedido con la tortura cambiaría el escenario

Excepto en momentos críticos, como las torturas con resultado de muerte, las realizadas a personas reconocidas o las que han dejado evidencias como hospitalizaciones y documentos gráficos, durante las décadas que ha durado el conflicto armado abierto rara vez la tortura ha sido un tema central en nuestra sociedad. Ha sido así a pesar de que no existe en Occidente un caso donde esa violación concreta de los derechos humanos haya sido tan sistemática, tan enfocada a un grupo social –a un grupo étnico, cabría decir–, tan silenciada y tan impune como en España contra los vascos.

Esta semana un cúmulo de circunstancias ha llevado el tema de la tortura al centro de la escena sociopolítica. Primero se conoció un informe de expertos que, basándose en estándares internacionales, certificaba la veracidad de 45 casos analizados. El estudio es independiente, porque tal y como ha sentenciado una y otra vez en los últimos tiempos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado español no investiga debidamente las denuncias de malos tratos. La radiotelevisión pública vasca, cumpliendo con su misión informativa, recogió algunos de estos testimonios en diferentes programas, lo que ha dado una dimensión pública al tema que pocas veces ha tenido antes. Los testimonios son aterradores e incontestables, y una gran parte de la sociedad vasca jamás se había enfrentado a ellos tan abiertamente.

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